La Ley 53 de 2022 es resultado de un proyecto de administración presentado por el gobernador Pedro Pierluisi (arriba) en febrero de 2021.
La Ley 53 de 2022 es resultado de un proyecto de administración presentado por el gobernador Pedro Pierluisi (arriba) en febrero de 2021. (Xavier Araújo)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió al gobierno de Pedro Pierluisi que la ley que viabilizó el regreso de jubilados a trabajar en el gobierno (Ley 53-2022) no es cónsona con el plan fiscal y, al igual que con otros estatutos, anticipó que pudiesen “tomar las acciones que consideren necesarias” para evitar su implementación.

“La Junta de Supervisión se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias, de conformidad con las secciones 104(k), 108(a) y 204 de (la ley) Promesa, incluida la búsqueda de remedios para evitar más implementación de la Ley 53. Esperamos que tales acciones sean innecesarias”, advirtió el ente fiscal en una carta de tres páginas con fecha del 18 de noviembre.

La Ley 53 de 2022, aprobada el 11 de junio, permitió que los pensionados del gobierno pudiesen regresar a trabajar a tiempo parcial, al igual que exempleados públicos que se acogieron a un programa de transición voluntaria (PTV). Esos exfuncionarios no reciben una pensión, pues se fueron del gobierno mediante un incentivo sin contar con la edad y los años de servicio para jubilarse.

Además, los empleados que se habían jubilado recibirían, en su regreso, otros beneficios y compensaciones, como el reembolso por concepto de millaje, y podrían aportar a un plan de retiro de contribución definida (PayGo) mientras reciben los beneficios de su retiro original.

En declaraciones escritas, Pierluisi justificó ayer la Ley 53 porque entiende que permite “apoyar las gestiones gubernamentales” con retirados. El estatuto es resultado de un proyecto de administración que el mandatario presentó en febrero de 2021.

Según la JSF, el gobierno de Pierluisi ha presentado argumentos disímiles. Planteó que, con la aprobación de la Ley 53, afirmó que no habría impacto fiscal alguno y, por ende, no era inconsistente con el plan fiscal certificado. De igual forma, señaló que la actual administración dijo que el estatuto se promovió como uno que “respalda los principios y objetivos sobre la restauración del crecimiento en la isla, como se describe en la Parte III del Plan Fiscal 2022″ y que es consistente con el objetivo general de transformar el gobierno para servir mejor a los residentes en Puerto Rico, como se establece en la Parte V del plan fiscal certificado”.

“La Junta de Supervisión observa que estas declaraciones malinterpretan ampliamente el plan fiscal certificado. Por ejemplo, el plan fiscal dedica un capítulo completo a la reforma del capital humano y el bienestar, que en gran parte es dedicada al desarrollo de la fuerza laboral y la capacitación de nuevos empleados”, indica la carta.

Menciona, para sustentar su punto, que la Parte V del plan fiscal que aborda la transformación del gobierno alude a “eficiencias operativas para permitir una mejor prestación de servicios de manera rentable y reduciendo la dotación de personal en los organismos gubernamentales, no aumentándola”.

Acto seguido, la JSF indica que tiene “preocupaciones” con el estatuto porque permite que exempleados del gobierno que se fueron mediante incentivos regresen y puedan añadir más gastos al llamado PayGo. Igualmente, le preocupa la implementación de la Ley 53 respecto a la Ley 80 de 2020, que creó el programa de retiro incentivado, pues podría beneficiar doblemente a los trabajadores.

“Para atender preocupaciones levantadas por la Junta, hemos aclarado a ese organismo que el gobierno no estará reempleando servidores públicos que se retiren bajo la Ley 80 para regresar al gobierno bajo Ley 53″, dijo Pierluisi.

La Ley 80 de 2020 proveía para un retiro temprano a ciertos empleados públicos. La JSF se opuso a la misma y finalmente llegó a un acuerdo con el gobierno para viabilizar su implantación de forma parcial. El acuerdo entre ambas partes, sometido ante el Tribunal Federal, establece que las agencias e instrumentalidades gubernamentales pertinentes certificaron que eliminar de manera permanente los puestos propuestos de los empleados elegibles para el retiro temprano no tendría un impacto adverso en la capacidad del gobierno de brindar servicios esenciales.

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