El gobernador Pedro Pierluisi durante su mensaje. (Teresa Canino Rivera)

El manejo de la pandemia de coronavirus, los usos que se darán a las asignaciones de fondos federales para infraestructura y educación y la defensa a una nueva consulta de status dominaron el primer mensaje de situación de estado del gobernador Pedro Pierluisi, en el cual pintó un cuadro esperanzador para el futuro de la isla si se les da paso a sus propuestas de política pública.

“No existe obstáculo que nos divida, desastre que nos tumbe, ni virus que nos detenga”, manifestó el primer ejecutivo. “No he traído varas mágicas ni promesas grandiosas. Lo que sí les estoy trayendo es seriedad, madurez y un compromiso firme a la cabeza del gobierno. Un enfoque en acción y resultados para el pueblo y para el futuro de Puerto Rico”, añadió en su alocución, que se trató, principalmente, de un repaso de las acciones tomadas por su administración en los pasdos tres meses.

Ante el aumento en los contagios de COVID-19 reportados en los últimos días, Pierluisi anunció que reestablecerá el toque de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. y las restricciones a la celebración de actividades que conlleven la aglomeración de personas a partir de este viernes.

“Estaré adelantando la vigencia de la nueva orden ejecutiva que hubiera comenzado el próximo lunes para este viernes, 9 de abril. En la misma, el horario del toque de queda será de 10:00 p.m. a 5:00 a.m., y los establecimientos comerciales cerrarán a las 9:00 p.m.”, expresó Pierluisi.

“Se prohíben todas las actividades o eventos que conllevan aglomeración de personas salvo que medie una dispensa, se mantiene la exigencia de la prueba molecular de PCR a todo viajero que entre a Puerto Rico, y se aumentarán los recursos de fiscalización del Departamento de Salud para corroborar el cumplimiento de cuarentena de viajeros”, añadió el mandatario.

Asimismo, Pierluisi anunció que a partir de lunes, 12 de abril, todos los residentes de la isla mayores de 16 años serán elegibles para recibir las vacunas contra el COVID-19.

“Hemos sido sumamente diligentes en el proceso de vacunación. Somos afortunados de que el gobierno de Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico con igualdad a la hora de enviarnos las vacunas contra el COVID. Nosotros no hemos escatimado en utilizar todos los recursos a nuestro haber para que, según han ido llegando, estas sean administradas con celeridad a nuestra gente por todo Puerto Rico”, expresó Pierluisi, quien reconoció la presencia en el hemiciclo de dos enfermeros que participan en los esfuerzos de vacunación y de Mildred Castro, viuda del emergenciólogo Benjamín Rodríguez, quien murió causa del coronavirus.

El martes, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que todos los mayores de 18 años deberían ser elegibles para recibir las vacunas contra el COVID-19 para el 19 de abril. Previamente, Biden había establecido el 1 de mayo como la fecha para ampliar las fases de vacunación a todos los adultos.

Hasta hoy, en Puerto Rico se había 99,847 casos confirmados de COVID-19, tras reportarse 67 nuevos contagios. En las últimas semanas se han reportado alzas constantes en la cantidad de personas hospitalizadas a causa del coronavirus. El Departamento de Salud reportó ayer que había 325 personas hospitalizadas por complicaciones con COVID-19, lo que se traduce en 21 personas más que el día anterior, la cifra más alta de hospitalizados en la isla desde finales de enero.

Pierluisi destacó que como parte de los fondos federales que asignados a Puerto Rico para el manejo de la pandemia, se destinarán $20 millones para el programa de vigilancia genómica en el Departamento de Salud que permita identificar las variantes del coronavirus presentes en la isla, así como $1.5 millones para crear un pasaporte digital de vacunación para los residentes de la isla.

El primer ejecutivo asimismo anunció que se destinarán $250 millones para otorgar un nuevo pago especial para primeros respondedores, enfermeros, tecnólogos médicos y otros proveedores de salud que han laborado durante la pandemia.

Otros sectores también recibirían fondos para paliar el impacto de los cierres o los cambios en las operaciones causados por el coronavirus, como serían $50 millones para la industria de restaurantes y barras, $50 millones para que se puedan retomar las clases presenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR), $15 millones para organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a la ciudadanía y $162 millones para mejorar la capacidad digital del gobierno.

En cuanto a los individuos, Pierluisi no dio una fecha exacta para el desembolso del incentivo de $1,400 autorizado a través de paquete de rescate económico del presidente Biden.

“Pueden estar seguros de que en cuanto el Tesoro federal nos dé el visto bueno, el Departamento de Hacienda está listo para desembolsar el dinero y que le llegue directo al bolsillo de nuestra gente”, manifestó.

El mandatario recordó que presentó un presupuesto de $10,712 millones provenientes del Fondo General ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), y un presupuesto consolidado de $26,344 millones.

“Aunque es de esperar que estas cifras sufran cambios a base de los ajustes macroeconómicos al plan fiscal, nos aseguraremos de que el presupuesto cuente con los recursos necesarios para que el gobierno continúe brindando los servicios esenciales que requiere el pueblo. Este presupuesto propuesto es público y estamos trabajando activamente para que, por primera vez en cuatro años, tengamos un presupuesto que sea el que nosotros hemos propuesto y aprobado, y no el de la Junta”, sentenció.

La Fortaleza había anunciado que durante el mensaje se tomarían las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio con COVID-19. Aunque se observó que los presentes –entre los que estaban los jueces del Tribunal Supremo, la exgobernadora Sila M. Calderón, y expresidentes legislativos- utilizaron mascarillas durante el evento, no hubo el distanciamiento físico requerido de seis pies entre individuos en el hemiciclo.

Apuesta a la infraestructura

En un mensaje de poco más de poco más de una hora, Pierluisi pasó revista de las medidas que ha implementado, principalmente mediante diversas órdenes ejecutivas, para atender la violencia de género, la corrupción y para agilizar los procesos burocráticos que permitirían el desembolso de fondos para reconstruir estructuras afectadas por los huracanes de 2017 y los terremotos del año pasado.

“Este va a ser el cuatrienio de la obra. Todo nuestro pueblo la va a ver y la va a sentir, porque juntos la vamos a construir”, manifestó, al destacar la creación del Concilio de Reconstrucción y mejorar el salario para los proyectos en los que se utilicen fondos federales.

Como parte de esos esfuerzos por adelantar la reconstrucción del país, el mandatario recalcó que se trabaja para eliminar restricciones para el acceso a más de $6,000 millones en fondos de programa de desarrollo comunitario para la recuperación tras desastres (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). Del mismo modo, destacó la creación del Fondo Estatal Rotativo con $750 millones, que permitirá acceso a capital para comenzar proyecto estatales y municipales mientras se espera por los reembolsos de FEMA.

Como parte de la construcción de infraestructura, Pierluisi anunció que entre sus prioridades hay proyectos que por años se han estado anunciado, entre ellos un nuevo hospital de trauma, la construcción de proyectos en el caño Martín Peña, en San Juan, terminar la PR-10 entre Utuado y Adjuntas, convertir en expreso la PR-2 entre Hatillo y Aguadilla y construir un nuevo hospital para Vieques.

Además, se comprometió a resolver los históricos problemas en el servicio de transportación marítima hacia las islas municipio de Vieques y Culebra, una situación que en las pasadas tres semanas ha provocado que viequenses y culebrenses realicen múltiples manifestaciones para plasmar sus visicitudes.

“Se acabó la espera, ahora viene la acción”, manifestó.

Mientras el mandatario hablaba en el interior del hemiciclo de la Cámara de Representantes, a las afueras del Capitolio se manifestaban varias organizaciones sindicales, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Industria de Riego y Eléctrico (Utier), que reclaman la cancelación del contrato con LUMA Energy para operar la red eléctrica a partir de junio.

Pierluisi defendió dicho contrato y ceder la administración de la transmisión y distribución eléctrica es parte de la transformación necesaria para que los ciudadanos no vuelvan a quedar a oscuras por períodos extendidos, como sucedió tras el huracán María.

“Un contrato otorgado y avalado por todas las instrumentalidades concernidas de nuestro gobierno empeña la palabra y el buen nombre del pueblo de Puerto Rico. Este contrato conlleva una continuidad gerencial y una estabilidad en la planificación a largo plazo de nuestro sistema eléctrico, dejando atrás los cambios continuos que ocurren administración tras administración y que no le han rendido frutos a nuestro pueblo. Aunque siempre he estado en la mejor disposición de enmendarlo, de ser necesario, jamás he estado en la disposición de cancelarlo”, expresó.

Asimismo, defendió la necesidad de atender el status del país, horas después que la Cámara de Representantes derrotara una resolución para asignar fondos a la consulta para elegir una delegación congresional para defender la estadidad.

“Es obvio el fin público de hacer valer la voluntad de nuestra gente. Por eso, el trabajo de nuestro gobierno tiene que ir dirigido a buscar esa igualdad que nuestra gente pidió, incluyendo mediante la elección de seis delegados que aboguen por esa causa en el Congreso. El que ignora a su pueblo, no merece su respeto”, expuso.

Promete escuelas para la zona sur

El mandatario reconoció los problemas que enfrenta el sistema público de enseñanza, cuya labor ha sido interrumpida por los terremotos y la pandemia. Pierluisi celebró el reinicio, a principios de mes pasado, de la enseñanza en modalidad híbrida con la reapertura de unas 100 escuelas por primera vez desde que se decretó el cierre de centros educativos en marzo del 2020.

“Aún nos queda mucho por hacer para renovar y reconstruir nuestras escuelas luego de los huracanes y terremotos. Lamentablemente, se ha perdido mucho tiempo y no se hizo el trabajo que se tenía que hacer para repararlas o reconstruirlas. Pero agua pasada no mueve molino. Yo me voy a ocupar de hacerlo ahora”, sostuvo el gobernador.

Luego que el lunes, la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos, dejara interrogantes sin responder en una vista pública en el Senado sobre cómo atenderían los rezagos académicos en los estudiantes, Pierluisi sostuvo que su gobierno asignará los fondos necesarios para ofrecer clases remediales. Mas no explicó cómo se identificarán esos rezagos.

El primer ejecutivo atribuyó a sus esfuerzos la liberación de $912 millones en fondos federales a los cuales el Departamento de Educación no tenía acceso desde 2019, los cuales indicó que se utilizarían para acondicionar escuelas, comprar materiales y equipo de protección personal. Consciente de que el Departamento de Educación federal aún mantiene restricciones sobre el acceso de la agencia local a asignaciones adicionales, Pierluisi indicó que trabajará con Aponte Santos para que estos se liberen. Del mismo modo, recordó que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) asignó $2,300 millones para la reparación de escuelas, pero no dio detalles sobre cómo se utilizaría el dinero.

“Tenemos sobre 650 escuelas con defectos estructurales o en ruinas. Ya estamos revisando las evaluaciones de las escuelas que están aptas pero tienen columnas cortas o necesidades adicionales de planta física y en las próximas semanas se efectuarán los trabajos de renovación en cientos de escuelas. Además, se está culminando el proceso para proveer espacios temporeros en áreas del sur en que las escuelas sufrieron daños catastróficos. Basta ya, sí. Estos no son promesas. Que no le quepa duda a nadie: nuestros estudiantes del sur de Puerto Rico van a tener sus escuelas”, sostuvo.

“Tenemos que aprovechar cada peso que tenemos disponible para cumplir con educar a nuestros niños y niñas”, señaló.

Además de educación, Pierluisi manifestó su compromiso con la seguridad, al anunciar que propuso asignar de $50 millones para la compra de equipo y tecnología para la Policía.

Como parte de la creación de una sociedad más justa e inclusiva, señaló que se asignarán $6 millones para erradicar la violencia de género y $650,000 adicionales para la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

“Cada uno de nosotros tiene que convertirse en un portavoz contra la violencia y el discrimen, incluyendo por identidad de género y por orientación sexual”, indicó

En cuanto al desarrollo económico, el gobernador reiteró su apuesta a la manufactura y lograr que Puerto Rico se convierta en una opción para el establecimiento de una industria de manufactura biomédica a tono con las políticas del gobierno federal de promover la producción en suelo estadounidense.

“De igual forma, estamos trabajando para proteger los recursos que obtenemos del arbitrio de la Ley 154, solicitando un tiempo razonable de transición de parte del Tesoro federal para crear una estructura tributaria alterna que sea aceptable para todas las partes”, expuso.

Fortalecer el turismo y las industrias emergentes –como robótica, inteligencia artificial y las apuestas electrónicas-, así como ofrecer más apoyo a las pequeñas y medianas empresas también forman parte de la lista de prioridades enumeradas por Pierluisi, las cuales fueron recibidas con aplausos de la delegación legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP). Miembros de las demás delegaciones en los cuerpos legislativos se unieron tímidamente a los aplausos en algunas ocasiones.

Al igual que lo ha hecho en ocasiones anteriores, Pierluisi manifestó que no avalará recortes a las pensiones de los jubilados del gobierno como parte de los esfuerzos para corregir la crisis de deuda pública del gobierno. Destacó que la liquidez de gobierno ha mejorado y celebró que se han podido implementar iniciativas para mejorar la transparencia en las finanzas gubernamentales.

“Ese desarrollo económico requiere que nuestro gobierno salga del proceso de quiebra en el que estamos sumidos, y que salga de la Junta de Supervisión lo antes posible. A esos fines estamos haciendo el trabajo que hay que hacer para enderezar nuestras finanzas, publicar nuestros estados financieros, potenciar nuestros ingresos y priorizar nuestros gastos en beneficio de nuestro pueblo”, sostuvo.

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