Una carga desmedida de trabajo carente de beneficios marginales que retribuyan el esfuerzo pudo haber impulsado la “desaparición” de 645 policías estatales.

Las fuertes condiciones de trabajo después del huracán María parecen también haber acelerado una fuga de policías en busca de mejores oportunidades de trabajo en el exterior.

Al menos, ambas razones forman parte del análisis que hicieron ayer líderes de gremios policiacos que intentaron explicar por qué 645 agentes no han regresado a sus puestos de trabajo sin ofrecer explicación alguna.

“Lo que ocurrió, creo, que es harto conocido, no solo por la Policía, sino por todo el país. Ante la realidad que vivían, sin tener (la certeza de) un futuro retiro, tras cumplir con su vida (laboral), aparecen otras oportunidades (de trabajo)”, denunció Ismael Rivera Román, presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueños.

Sin embargo, para Arnaldo Claudio, ex monitor federal de la Policía de Puerto Rico, esta situación no es “anormal”, sino que se conoce como “salida de escape”. Claudio explicó que los uniformados firman para cinco años de retención laboral. Más allá de este tiempo, dijo, no hay garras legales que los obliguen a permanecer en sus puestos.

El miércoles, el comisionado del Negociado de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, reveló a este diario la falta de recursos humanos suficientes en la Uniformada.

Según el funcionario, actualmente hay 1,657 policías inactivos. Según cifras que ofreció a la prensa, esta cantidad incluye a los 645 policías “desaparecidos” y otros 595 desarmados. Se desconoce qué ocurre con otros 417 de esos 1,657 que tampoco están activos.

“Esto es una cuestión grave de recursos humanos”, denunció Diego Figueroa, presidente del Frente Unido de Policías Organizados (Fupo).

Figueroa dijo tener conocimiento de que una gran cantidad de policías buscaron trabajo en Estados Unidos luego del huracán María. Un nutrido grupo de ellos, sostuvo, se encuentra allá laborando como camioneros.

“Muchos cogieron licencia por enfermedad y están en Estados Unidos. Es un problema de recursos humanos y nómina. Tiene que saberse cuándo fue la última vez que cobraron por el nombre y la placa (del uniformado). Esto no es un rapto”, dijo.

Agregó que otra posibilidad es que algunos de estos policías hayan sido reasignados en destaque a otra agencia de gobierno y aún no se haya tramitado el documento del traslado.

“Esto no se puede coger a la ligera. Exponerlo públicamente fue grave porque estás autocriticándote y autodestruyéndote a ti mismo. Estos son policías. ¿Y cuántos casos de asesinato y violencia doméstica quedaron (al aire)? Si no sabes dónde está un recurso humano, ¿qué de un documento o un caso?”, cuestionó.

Rivera Román, por su parte, advirtió que la inseguridad de gozar de un retiro digno provocó que muchos policías se hayan montado en un avión para buscar en Estados Unidos mejores beneficios ofrecidos por trabajos relacionados con el área de seguridad. Algunos, dijo, se unieron a cuerpos policiacos de diferentes estados, mientras otros trabajan para compañías privadas de seguridad.

El líder obrero señaló que la salida de los policías “desaparecidos” no es un evento reciente, sino que lleva ocurriendo desde hace ocho o nueve años. Coincide, sostuvo, con la creación de la Ley 3 del 2013, la cual enmendó la Ley del Sistema de Retiro, afectando los beneficios de los empleados públicos, particularmente de los policías.

“Muchos (policías) se retiraron sin el beneficio del Seguro Social, cuando otros empleados públicos tenían oportunidad de cotizar al Seguro Social”, dijo, aunque reconoció los beneficios han mejorado.

Rivera Román advirtió que, cuando un policía sale del cuerpo policiaco, debe pasar por un proceso lento y tedioso, aún más complicado que cuando ingresa. Este proceso, indicó, conlleva la devolución de equipo que usó durante sus labores.

“Se supone que lo devuelvan en los cuarteles, pero algunos no lo hicieron porque las oportunidades (de trabajo) surgieron y se fueron (rápido). No podían darse el lujo de cumplir con estos procesos porque se les iba la guagua”, dijo.

Aunque comentó que la mayoría gestionó la devolución, otros dejaron sus equipos en casas de familiares. El equipo reglamentario de un policía incluye su arma, chaleco antibalas y casco, entre otros artículos de protección y seguridad.

Jaime Morales, presidente ejecutivo de la Corporación de Policías Organizados y Seguridad (Cops), tildó, por su parte, de “increíble” la negligencia que denota el que la Policía de Puerto Rico no le haya dado seguimiento a uniformados que no se estaban reportando a trabajar.

“Por eso, estamos como estamos. Por eso, muchos están desilusionados con la Policía”, dijo, al cuestionar qué ha pasado con los equipos que los policías deben entregar cuando salen de la uniformada.

Claudio explicó, por su parte, que hay protocolos que viabilizan el que, si un policía no se reporta a trabajar por un tiempo, se le da de baja de la organización.

“No te persiguen ni llevan a corte”, dijo.

Lo más importante de esta situación, advirtió, es atender el déficit de policías con premura, más aún cuando el atractivo de ser parte de la Uniformada ha disminuido.

Para dar una idea de la falta de suficientes uniformados, Claudio comentó que bajo la administración del exgobernador Pedro Rosselló había unos 21,000 policías en el país. Para el 2015, la cifra bajó a unos 15,500, mientras que actualmente hay unos 10,000. Agregó que mientras antes se graduaban unos 400 y 500 cadetes, hoy día egresan unos 100.

El escenario se complica, reiteró, ante un cuerpo policiaco “maduro”, en el que 62% o más está cerca de la edad del retiro.

“La Policía tiene que hacer un esfuerzo por lograr un balance entre la entrada y salida (de uniformados)”, sostuvo.

Sobre los policías “desaparecidos”, Claudio coincidió en que muchos buscan mejores salarios y calidad de vida en otros trabajos. Advirtió que estados como Baltimore, Maryland, Florida, Pennsylvania y Nueva York buscan policías bilingües, mejor aún si ya están entrenados, como los policías de Puerto Rico.

Concurrió, además, en que la Ley 3 del 2013 afectó particularmente tanto a policías como a maestros.

No obstante, el ex monitor federal comentó que el asunto fue atendido, en parte, por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que viabilizó $366 millones en pagos atrasados a la Policía, además de permitir que los uniformados pudieran comenzar a cotizar para el Seguro Social.

“El asunto de los 650 policías menos es que baja la efectividad de la organización de poder llevar a cabo los procesos diarios de seguridad y policía comunitaria que se necesitan”, concluyó.

No fue posible conseguir ayer reacción del comisionado de la Policía sobre las denuncias de los líderes obreros.