El portavoz de la delegación senatorial del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, calificó este viernes de “ilegal e inconstitucional” la comunicación emitida por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) en la que anunció que Arthur Garffer, actual director del DSP, asumirá sus nuevas funciones en el Departamento de Estado tras la designación de la gobernadora Jenniffer González sin pasar antes por el proceso de confirmación.

“Esa instrucción que dio Recursos Humanos del DSP se debe rectificar, aclarar e indicar que el nominado no entra en funciones (como secretario de Estado). Él va a seguir siendo el secretario de DSP hasta que Cámara y Senado vean su nombramiento”, señaló Hernández Ortiz en entrevista con El Nuevo Día.

El senador hizo referencia a un comunicado emitido por el DSP este viernes en el que el área de Recursos Humanos y Relaciones Informales indicó que el general Garffer continuará liderando el DSP y “asumirá funciones en ambos cargos (Departamento de Estado) de forma simultánea, asegurando así la continuidad operativa,la estabilidad institucional y la coordinación” en ambas agencias.

“Parecería que en (La) Fortaleza, la persona que maneja nombramientos no está orientando a los nominados porque debió haberle advertido a Garffer que el Senado de Puerto Rico no está en receso. Ese nombramiento es un nombramiento (realizado) durante las funciones del Senado, lo que significa que él no entra a tener funciones inherentes al cargo para el que fue nominado hasta tanto y en cuanto Cámara y Senado no lo confirmen”, señaló el también exalcalde de Villalba.

“Es algo lógico. Se cae de la mata. Es una intromisión. No solamente es inconstitucional. Es un acto ilegal y burla el proceso legislativo”, denunció el legislador.

Hernández Ortiz advirtió que “no pueden haber dos varas” al recordar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaró, en agosto de 2019, nula la juramentación de Pedro Pierluisi al cargo de gobernador tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares. El alto foro determinó que su designación como secretario de Estado ocurrió dentro de un marco inconstitucional, pues no fue confirmado por el Senado.

“Sigo insistendo en que el nominado, aunque es un gran militar y yo le di el voto para secretario de Seguridad Pública, lamentablemente no cumple con el requisito de residencia en cinco años que determina la Constitución de Puerto Rico”, agregó Hernández Ortiz.

“Que verifique bien el requisito de residencia y si no cumple, pues que él mismo levante las manos y y se lo diga la gobernadora para evitar que la gobernadora siga teniendo un traspié tras otro”, reiteró.

Garffer, actual secretario del DSP, fue designado como secretario de Estado poco después de que la gobernadora Jenniffer González retirara nombramiento de Janet Parra como secretaria de Justicia.

La secretaría de Estado quedó sin un nominado luego de que Verónica Ferraiuoli desistiera de su designación como secretaria de Estado tras el Senado insistir en que no contaba con los votos ara ser confirmada.

El Nuevo Día solicitó una reacción a La Fortaleza, pero al momento de esta publicación no la obtuvo.