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Más de mes y medio después, ASSMCA trabaja en cartas para recobrar dinero pagado indebidamente

La administradora Catherine Oliver Franco indicó que enviarían hasta tres avisos, antes de recurrir a una acción formal de cobro de los casi $48,000 que la Oficina del Contralor instruyó recuperar

2 de junio de 2025 - 1:36 PM

Oliver Franco, titular de la Assmca, planteó que el proceso de recobro se realiza según dispone la reglamentación vigente. (Pablo Martínez Rodríguez)

Transcurrido más de un mes y medio desde que la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió un informe que requirió el recobro de $47,976 en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), la entidad gubernamental apenas ha iniciado la redacción de cartas que anticipan un largo proceso burocrático previo a una acción real de cobro.

Con relación al caso de recobro recientemente señalado, informamos que ya se están trabajando las cartas y facturas correspondientes para requerir la devolución del dinero. Esta acción responde a una determinación incluida en informes emitidos por la Oficina del Contralor y la Oficina de la Inspectora General”, indicó la administradora de Assmca, Catherine Oliver Franco, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.

Oliver Franco dijo que la carta inicial de cobro ya fue redactada y se enviará “en los próximos días” a las partes involucradas, en referencia a dos compañías y un contratista, cuyos nombres no mencionó. “Este proceso se está llevando a cabo conforme al Reglamento 44, que establece claramente los pasos a seguir en estos casos”, añadió.

La administradora precisó que la normativa dispone una secuencia de notificaciones que comienza con una carta explicativa solicitando el pago en recobro. “Si no hay respuesta, se procede con un segundo aviso, y posteriormente con un tercero. En caso de que no se reciba el pago o no haya respuesta tras estas gestiones, Assmca estará remitiendo el caso a nuestra División Legal para iniciar una acción formal de cobro”, explicó Oliver Franco al describir el proceso.

La Assmca pagó $47,976 en exceso por servicios relacionados con la salud, servicios profesionales y servicios no profesionales, reveló un informe de auditoría de la OCPR publicado el 11 de abril y que, como consecuencia, instruyó el recobro total del dinero.

Las irregularidades encontradas por la OCPR pueden representar solo una parte del problema, ya que la auditoría examinó 187 facturas, por $3,488,060, pagadas del 20 de agosto de 2019 al 5 de octubre de 2023, pero, en ese período, la Assmca otorgó 11,951 contratos y enmiendas por $413,916,502.

En expresiones previas, Oliver Franco había expresado que examinaba “a profundidad” los señalamientos para encaminar “acciones correctivas”. También, planteó que tiene como objetivo “mejorar los procesos y garantizar un manejo adecuado de los recursos en el futuro”.

Durante el período auditado, la Assmca tuvo dos administradores. La primera fue Suzanne Roig Fuertes –actual secretaria de la Familia– entre el 1 de julio de 2019 y el 8 de enero de 2021.

“Los señalamientos serios que hay como esos”, dijo Roig Fuertes en referencia a los pagos indebidos, “no corresponden a mi período, no son eventos que se dan mientras yo fui administradora”.

En una breve entrevista con este medio, como parte de una publicación previa sobre este asunto, defendió su gestión en la Assmca, y sostuvo que, en el pasado, la agencia “gozó de sana administración”. “Ahora mismo, (la) Assmca ha retomado esos principios, y yo estoy convencida de que se van a tomar las medidas pertinentes y que se van a gestionar los recobros”, afirmó.

El informe de la OCPR precisa que los pagos indebidos se realizaron entre el 21 de septiembre de 2021 y el 3 de marzo de 2023, período durante el cual el exsenador Carlos Rodríguez Mateo, del Partido Nuevo Progresista, era el administrador. El Nuevo Día intentó, en varias ocasiones, obtener una entrevista o reacción de Rodríguez Mateo, pero no estuvo disponible.

Sobre recobros pendientes, este medio reveló recientemente que el gobierno ha fallado en recuperar más de $42.1 millones que, según los informes de la OCPR, deben ser devueltos a las arcas públicas debido a irregularidades detectadas en contrataciones los pasados cinco años.

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