Frente a la preocupación de madres y padres inmigrantes de separarse de sus hijos en medio del aumento en las redadas del gobierno federal, la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, enfatizó este martes que no buscarán quitar la custodia de un menor si alguno de sus progenitores carece de estatus regularizado en Puerto Rico.

“Nosotros no vamos a quitar una custodia por el simple hecho de un estatus migratorio no definido. Si se encuentran en la dificultad, al ser arrestados o de tener ellos mismos que voluntariamente repatriarse, entonces, el asunto de los niños será atendido por el Departamento de la Familia”, dijo, a preguntas de El Nuevo Día, en una conferencia de prensa interagencial desde el Palacio Rojo en La Fortaleza.

También este martes, un grupo de organizaciones emplazó al gobierno para “garantizar transparencia y protección de menores migrantes en Puerto Rico”, y exigió al Estado aclarar qué sucede con los menores que son separados de sus progenitores al ser deportados.

“No hemos tenido que enfrentar ninguna situación de estas (menores separados de padres inmigrantes detenidos). Hemos estado y continuaremos estando muy atentos, no solamente con los niños, sino con los adultos mayores, tal vez ubicados en hogares de cuido prolongado, para asegurarnos que no quedan en el abandono involuntario”, indicó Roig Fuertes sobre las denuncias comunitarias.

En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González y varios jefes de agencia, el Frente Amplio de Acción Social recabó “la adopción de medidas urgentes de política pública con transparencia, que garanticen el adecuado monitoreo y protección de infancias, niñeces y juventudes migrantes impactados por operativos migratorios y procesos de detención en Puerto Rico”.

En lo que va de año –hasta el 28 de mayo–, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha detenido a 485 personas en Puerto Rico, 49 féminas y 436 hombres, como parte de la política antiinmigrantes del gobierno federal. En su gran mayoría, los detenidos han sido de nacionalidad dominicana (359). Entre los detenidos, 407 fueron arrestos administrativos –por violar leyes migratorias– y 78 criminales.

Sobre las preocupaciones de madres migrantes que han compartido sus historias a El Nuevo Día, Roig Fuertes recalcó que siempre buscarán el “bienestar del menor”, por lo que “la primera alternativa” para asumir la custodia de un menor será una persona cercana.

“Si el menor es ciudadano, pues, se va a trabajar con la familia o los recursos que tenga esa familia para que el menor quede ubicado con un recurso familiar, o con un recurso de afinidad del menor. Si no hay recurso familiar o recursos de afinidad, entonces nosotros asumimos esa custodia de ese menor. Si es retornándolo junto con sus padres a su país de origen, pues, procederemos a hacerlo en ese momento”, agregó.

En caso de que un menor sea removido por no contar con recursos familiares, la agencia realiza una “investigación preliminar rápida” y se emite una recomendación al tribunal para la custodia permanente.

Respecto al temor de perder algún beneficio, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la secretaria aclaró que los menores “tienen derecho” a esta subvención, que en muchas instancias es el único sustento de las familias tras la pérdida de empleo.

A diferencia del Departamento de Educación, ni Familia ni el Departamento de Salud han presentado un protocolo para atender este tipo de casos migratorios.

A propósito del tema, el secretario de Salud, Víctor Ramos, indicó que siguen “recibiendo los protocolos de cada institución de salud”. “Todavía estamos en comunicación con (el Departamento de) Justicia sobre ese tema (migratorio)”, dijo, en referencia a que aguardan por un análisis legal. A principios de febrero, el titular había dicho que dicho análisis estaba en curso.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, comentó, en tanto, que el protocolo en los planteles se activó en febrero y, hasta el momento, “ha estado todo tranquilo”.

“Los protocolos nos dan un poco más de tranquilidad porque sabemos qué hacer. Las situaciones que ha habido (sobre pérdida de padres entre los alumnos) se han ido atendiendo y hay familiares que se han hecho cargo de estos estudiantes y siguieron asistiendo a la escuela”, dijo en un aparte con este medio.

Agregó que el ausentismo –que llegó a un pico de 60% en algunas escuelas sanjuaneras a principios del semestre en enero– fue mermando en los pasados meses.

“Hubo actividades que no se dieron este año, como aquellas de la Semana de la Comunidad Dominicana. No se dieron este año por el temor (de las familias), pero, en términos generales, el protocolo fluyó. Incluso, ayudó a las familias a recibir ayuda de dónde orientarse a través de los trabajadores sociales”, compartió Ramos Parés.