A principios de año, varias organizaciones que agrupan retirados y trabajadores del sector público, expresaron su apoyo al proyecto de la Cámara que Pierluisi convirtió en ley este miércoles.
A principios de año, varias organizaciones que agrupan retirados y trabajadores del sector público, expresaron su apoyo al proyecto de la Cámara que Pierluisi convirtió en ley este miércoles. (TERESA CANINO RIVERA)

En la fecha límite para actuar, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió este miércoles en ley el proyecto de la Cámara que evita recortes a las pensiones en el gobierno y provee un “retiro digno y seguro” a todos los servidores públicos de Puerto Rico.

“Los pensionados públicos dedicaron años de su vida al servicio de nuestro pueblo y fueron el motor del desarrollo de nuestra sociedad moderna. Sin embargo, debido a irresponsabilidad administrativa y gerencial que se extendió por décadas, los sistemas de retiro fueron afectándose. El gobierno de Puerto Rico reformó totalmente su principal sistema de pensiones en el 2013 afectando significativamente los beneficios de nuestros pensionados. No existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dado que ya los pensionados, como acreedores del gobierno, recibieron ese ajuste”, sostuvo el gobernador en un comunicado de prensa.

“Por otro lado, el recorte es injusto porque afecta las finanzas de miles de exservidores públicos que sufrirían otro golpe a sus pensiones, todo por un capricho legal de la Junta. El Proyecto de la Cámara 120 persigue el fin de enviar un mensaje a la Junta de que el Gobierno de Puerto Rico luchará por no dar paso a un recorte a las pensiones, con lo que estoy de acuerdo, y por eso hoy he estampado mi firma y convertido en Ley esta medida”, abundó el primer ejecutivo.

Choque con la Junta de Supervisión Fiscal

Pierlusi reconoció que la firma de esta ley puede tener repercusiones legales puesto que no es consistente con el plan fiscal certificado “y viola la Ley Promesa” que dio vida a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que supervisa las finanzas de la isla. Sin embargo, se expresó confiado en que haya un cambio de postura de la JSF respecto a este tema.

“En cumplimiento con mi juramento como gobernador de Puerto Rico de mantener y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, y a tenor con la Sección 204(a) de PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico le notificará a la JSF que el P. de la C.120 es significativamente inconsistente con el Plan Fiscal certificado. No obstante, como he dicho, mi compromiso es honrar todas las pensiones del gobierno de Puerto Rico y buscar todas las maneras de lograrlo. Por consiguiente, firmo el P. de la C. 120 en ánimo de que la Junta recapacite en su insistencia en recortes a las pensiones, los cuales son innecesarios, tanto legal como fiscalmente”, expresó el primer ejecutivo.

De inmediato, la representante Lourdes Ramos, autora de la pieza legislativa, se expresó satisfecha con la acción del gobernador.

“Estoy bien agradecida del gobernador. Hoy el gobernador cumplió su promesa de la protección a los pensionados y servidores públicos ni un descuento de un solo centavo a los que hicieron el Puerto Rico del que nosotros hoy disfrutamos”, dijo la representante al concluir la Conferencia Legislativa de la delagación del Partido Nuevo Progresista que hoy se reunió con el gobernador en La Fortaleza.

De otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al Proyecto del Senado 450 (PS 450) por entender que presenta un menoscabo de obligaciones contractuales y al derecho de los trabajadores, afecta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, viola normas federales y es inconsistente significativamente con los planes fiscales certificados en violación a la Ley PROMESA.

El proyecto del Senado que enmienda la Ley de Relaciones del Trabajo (Ley 130 del 8 de mayo de 1945) para añadir un nuevo inciso que establece que cualquier empresa que haya comprado, alquilado u operado activos que eran manejados por empleados gubernamentales unionados estará obligada a respetar los convenios colectivos vigentes y a respetar la unidad apropiada, es decir, el sindicato. La medida es de aplicación retroactiva desde el 1 de enero de 2017.

“Específicamente, el P. del S. 450 es inconstitucional, pues interfiere, añade obligaciones y menoscaba directamente las obligaciones contractuales entre LUMA, la AEE, la APP y sus empleados, sin justificación racional o necesidad alguna. A su vez, el P. del S. 450 padece de vicios constitucionales al interferir con los derechos constitucionales de libertad de asociación y de organizarse y negociar colectivamente de los trabajadores que aceptaron una oferta de empleo de LUMA. Además, dicha medida tiene el efecto de afectar a unos empleados de un patrono privado al sindicalizarlos bajo una unión en particular sin tener el derecho democrático de escoger su representante sindical particular. De otro lado, la medida representa un ejercicio inválido bajo el alcance de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que está reñida irremediablemente con legislación federal que regula y ocupa el campo de las relaciones obrero-patronales en el sector privado”, estableció el gobernador.

El portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que ningún legislador penepé prestará su voto para ir por encima del veto del gobernador.

“Nuestra delegación no va a ir sobre el veto del proyecto del Senado 450 ni en la Cámara ni en el Senado. Lo discutimos a saciedad y deficiencias constitucionales que tiene, que están contenidas en la carta que envió la Fortaleza y que nosotros advertimos, son evidentes y definitivamente no va a contar con nuestro apoyo”, dijo Rivera Schatz.

El gobernador estampó también su firma en el Proyecto de la Cámara 524 y en la Resolución Conjunta de la Cámara 71. El primero es para prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal. Mientras que la resolución, es para reasignar al municipio de Hormigueros $431,829.93 para obras y mejoras permanentes.

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