Desde hace unas semanas portavoces de las organizaciones sin fines de lucro integrantes del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE)  le solicitaron al gobernador que extendiera la vigencia de la orden ejecutiva porque, entre otras cosas, persiste un estado de emergencia.
Desde hace unas semanas portavoces de las organizaciones sin fines de lucro integrantes del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) le solicitaron al gobernador que extendiera la vigencia de la orden ejecutiva porque, entre otras cosas, persiste un estado de emergencia. (Agencia EFE)

Justo ayer, cuando Puerto Rico amaneció con el asesinato de una mujer y su hijo menor de edad, el gobernador Pedro Pierluisi anunció la extensión, hasta el 30 de junio de 2023, del estado de emergencia por violencia de género en el país.

“Aún es palpable el hecho de que la violencia de género sigue causando demasiado daño y no puede encontrar espacio ni tolerancia en un Puerto Rico moderno. Por ello, es necesario continuar trabajando para lograr una sociedad libre de conductas que causan daño físico, sexual o psicológico motivado por los estereotipos de género”, indicó por escrito el gobernador.

Hace semanas, portavoces de las organizaciones sin fines de lucro integrantes del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) –creado por virtud de la orden ejecutiva emitida el 25 de enero de 2021– le solicitaron al gobernador que extendiera la vigencia de la orden ejecutiva porque, entre otras cosas, persiste un estado de emergencia.

Según cifras de la Policía, 24 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año, una de ellas menor de edad. De estas, ocho –incluyendo el caso registrado la noche del miércoles en Caguas– murieron a manos de sus parejas o exparejas en medio de incidentes de violencia de género.

Igualmente, las organizaciones sin fines de lucro se encuentran fiscalizando el plan de trabajo de PARE, el cual ayudaron a diseñar. Por el pasado año, los comités y subcomités que integran el Comité han estado analizando y reformulando los protocolos existentes para atender la violencia machista.

Mientras, falta por poner en marcha algunas políticas incluidas en el decreto, entre estas la incorporación de un currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación.

“Ya se han establecido unos pasos importantes. Ahora, hay que seguir elaborando los procesos y darles ese espacio a las organizaciones gubernamentales para que complementen estas labores y, a su vez, señalen los asuntos que debemos estar atendiendo. Es seguir con la prevención y la educación”, expresó Ileana Espada, oficial de cumplimiento del Comité PARE.

Para Irma Lugo, directora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, la directriz del gobernador es un reconocimiento al trabajo que han realizado las organizaciones, las agencias y la academia, así como al aspecto educativo tanto a nivel comunitario como gubernamental. “Este es un trabajo de salud pública donde tiene que haber un componente importante de prevención y educación”, afirmó.

Destacó el establecimiento del “Protocolo para la investigación de muertes violentas de mujeres y personas trans, por razones de género” y del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (Copop), un proyecto que recopila, documenta y ofrece detalles actualizados a los uniformados para seguirles el rastro a las órdenes de protección.

Más ajustes

Durante esta nueva fase, según la orden ejecutiva, procede continuar con la ejecución e implementación de las iniciativas y proyectos identificados y que el Comité PARE concluya sus labores con la presentación de un informe que contenga el estatus de lo trabajado durante el pasado año. El grupo tiene 60 días para presentar el documento.

Espada dijo que lo que se busca es que las agencias empiecen a empoderarse manteniendo el modelo colaborativo que han creado con las organizaciones sin fines de lucro que integran PARE y los canales de comunicación. “Hay áreas de ejecución donde recae la mayor responsabilidad de las agencias, como la de las órdenes de protección, pero las organizaciones han sido claves para que las cosas que estén en papel se ejecuten y para señalar donde están las brechas y sesgos”, dijo Espada.

Sostuvo que hay cambios que no van a surgir de la noche a la mañana, pero aseguró que atender la problemática con la importancia que ha permitido el decreto hará que los cambios estructurales rindan frutos. “Que no se trate de algo de una administración, sino que sea parte de nuestro sistema de estructura social”, puntualizó.

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, coincidió en que estos próximos meses hay que enfocarse en la ejecución de los protocolos fijados. “Tenemos que velar que se ejecuté lo revisado y analizado y que no se quede solamente en una firma”, dijo.

“Tenemos que seguir trabajando con la prevención, con educar a nuestros niños y niñas y hablar abiertamente sobre los roles que nos enseñan”, agregó.

Ayer, el gobernador, junto a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, presentó el nuevo Protocolo Intergubernamental para Coordinar la Respuesta, Orientación e Intercambio de Información para la atención de sobrevivientes de violencia de género.

El protocolo estaba vigente desde el 2013, pero no se había actualizado en vías de procurar que el sistema judicial y las entidades gubernamentales atiendan con prontitud, sensibilidad y de forma coordinada a las víctimas de violencia doméstica.

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