Al tiempo en que dijo que los puntos prioritarios señalados por el presidente cameral, Rafael “Tatito” Herenández, respecto al presupuesto del próximo año fiscal coinciden con los suyos, el gobernador Pedro Pierluisi indicó ayer, martes, que si ocurriesen recortes de fondos federales asignados a la isla que aún han sido obligados y fueron destinados para atender la pandemia del COVID-19, el impacto no sería significativo.

“Estamos monitoreando el asunto. Como todo proceso legislativo, ahí se está dando una negociación y lo que quieren los republicanos no es lo que necesariamente se va a aprobar. También le aplica a lo que quizás quieren los demócratas. Ahí llegarán a algún tipo de punto medio. Lo que yo he dicho -y lo repito- es que si lo que están pensando cortar o eliminar son fondos no obligados relacionados a la pandemia, la inmensa mayoría de los fondos que tenemos para atender el impacto de la pandemia han sido obligados. O sea que la cantidad -en el caso de Puerto Rico- en este tema no debe ser tan significativa. Espero que no haya corte, pero si lo hay y se limita a eso, lo que hemos hecho es que hemos estado acelerando el uso y la obligación de todos esos fondos”, dijo Pierluisi respondiendo a preguntas de la prensa tras participar del Congreso de la Vivienda, celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar.

Como parte de los movimientos que ha hecho el Congreso para intentar elevar el techo de la deuda pública federal, la Cámara de Representantes aprobó recortes al presupuesto, que incluyen rescindir fondos asignados para atender el COVID-19 y que haya nuevos requisitos de trabajo para dos programas de bienestar social.

Ahora, ha comenzado una cuenta regresiva para un impago en las obligaciones financieras del gobierno federal y el presidente Joe Biden y el “speaker” cameral Kevin McCarthy buscan avanzar en negociaciones sobre las condiciones que impulsan los republicanos para elevar el techo de la deuda. Mientras, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dio un nuevo ultimátum de que tan pronto como el 1 de junio –es decir, el jueves de la semana próxima-, puede quedarse sin maniobras para evitar incumplir con todos los pagos de las obligaciones del gobierno.

Pierluisi no precisó cuánto le resta por obligar a Puerto Rico del dinero asignado por el gobierno federal para atender la pandemia.

Respecto al presupuesto 2023-24, el primer ejecutivo dijo que le corresponde a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentar la petición presupuestaria en las “próximas semanas”.

“Nosotros hemos estado trabajando con la Junta porque es la Junta la que va a someter la petición presupuestaria a la Asamblea Legislativa y lo debe estar haciendo en algún momento en las próximas semanas”, indicó.

“Nosotros estamos trabajando con la Junta. Estamos de acuerdo con el monto del presupuesto. Donde pueden haber algunas diferencias es en asignaciones particulares. Tengo que decir que las áreas que el presidente de la Cámara mencionó como áreas prioritarias coinciden con planteamientos que yo he hecho ante la Junta. Es decir, asistir a la Universidad de Puerto Rico (UPR), los municipios, entre otros así que yo veo una convergencia”, puntualizó el gobernador.

Hernández anticipó el domingo que incluirá en su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2023-2024 asignaciones adicionales para garantizar el desarrollo de la UPR, asegurar el funcionamiento de la Red Sísmica de Puerto Rico, ampliar el impacto del programa del Plan de Clasificación y Retribución del gobierno y fortalecer los programas dirigidos al cuidado de los adultos mayores.

Explicó que la propuesta de la Cámara para el uso de un poco más del 50% del fondo de $300 millones, incluye: $50 millones para la UPR, partida que estaría dirigida para el pago de las acreditaciones, el sueldo de los médicos residentes y ajustar la paga de los empleados que mantienen un salario por debajo del mínimo federal; $80 millones para el financiamiento de los servicios esenciales de los municipios, $20 millones para honrar los aumentos salariales concedidos a los empleados gubernamentales y ampliar el alcalde del Plan Clasificación y Retribución; y $11 millones para el pago de una demanda adjudicada en contra del Departamento de la Familia.

A preguntas de El Nuevo Día, Pierluisi dijo que los miembros de la JSF “han estado abiertos a la discusión” sobre asignar fondos a los municipios ante la inminente desaparición del Fondo de Equiparación, un pote de dinero que se destina para los ayuntamientos.

“Lo que pasa es que no quieren dar un cheque en blanco. Quieren que hayan requisitos para el uso de los fondos. También en el monto (destinados a los municipios), yo prefiero que sea más de $100 millones, que sea alrededor de $100, 120 millones. Vi que el presidente habló de $80 millones para los municipios, así que está (sobre la mesa) el monto y está la cuestión de cómo se asignarían los fondos, a base de qué criterio, y en eso es que estamos trabajando con la Junta”, explicó Pierluisi.