El alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, fue referido este lunes a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor (OCPR) por supuestamente utilizar fondos públicos para desarrollar y distribuir un opúsculo o “brochure” que señala a dos senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) por investigar denuncias de presuntas violaciones ambientales en el vertedero de ese municipio.

El folleto –repartido a vecinos de Carolina, supuestamente, por empleados municipales– señala que los senadores por el distrito de Carolina, Marissa Jiménez Santoni y Héctor Joaquín Sánchez, mediante la Resolución del Senado 2 –que dio paso a la pesquisa legislativa–, “atentan contra la renovación del permiso de operación del Sistema de Relleno Sanitario de Carolina (SRS)” y el servicio de recogido y disposición de basura, “poniendo en riesgo la salud, el bienestar y la calidad de vida” de los residentes.

“Una de las razones principales de ese referido es la desinformación que se hizo, enviando un ‘brochure’ con información totalmente equivocada, donde dice que tanto el senador como yo lo que queremos y pretendemos es afectar el servicio de recogido de desperdicios sólidos”, indicó a El Nuevo Día Jiménez Santoni, presidenta de la Comisión senatorial de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales.

Subrayó que el objetivo de la investigación es indagar sobre denuncias ambientales y asuntos relacionados con la zona de amortiguamiento.

“No tenemos ninguna intención ni interés en que se cierre el sistema de relleno sanitario; simplemente estamos atendiendo unas inquietudes e investigaciones que se supone que realizara el Departamento de Recursos Naturales y otras entidades”, añadió, por su parte, Sánchez.

Este medio solicitó una entrevista con el alcalde de Carolina, a través de su portavoz, Lourdes Vázquez, pero no hubo respuesta.

La resolución legislativa –que también cuenta con el senador novoprogresista Ángel Toledo y el independiente Eliezer Molina como coautores– ordena a la comisión que preside Jiménez Santoni investigar la expansión y operación del vertedero y el proceso de concesión de permisos para la ampliación.

Además, ordena investigar los posibles efectos ambientales en acuíferos, en recursos naturales y arqueológicos.

A juicio de los senadores del PNP, la acción del alcalde popular representa un ataque político, por ir solo contra ellos dos, que representan al Distrito de Carolina, y excluir a Toledo y Molina.

Según la medida, por los pasados años, el vertedero de Carolina ha sido objeto de críticas por parte de residentes, así como de arqueólogos y organizaciones ambientales debido a la supuesta expansión ilegal de su perímetro y a la contaminación del ambiente como resultado de un mal manejo.

En abril del año pasado, un análisis de documentos realizado por El Nuevo Día reveló que el Municipio de Carolina expandió el espacio que utiliza como vertedero, enterrando toneladas de basura en cuerdas de terreno que expropió para utilizarlas como zona de amortiguamiento.

Aunque no hubo respuesta a la petición de entrevista con este medio, Aponte Dalmau defendió en un comunicado de prensa, la semana pasada, la legalidad y el cumplimiento normativo del vertedero.

“Contrario a lo que la senadora Marissa Jiménez y el senador Héctor Joaquín Sánchez insisten en señalar, el DRNA no levantó un solo señalamiento acerca de que operemos nuestro Sistema de Relleno Sanitario en incumplimiento con la permisología requerida”, expresó el ejecutivo municipal.

Respecto a la expansión de las instalaciones del SRS, el alcalde reconoció que, en 2002, el gobierno municipal inició un proceso ante la Junta de Planificación para adquirir 35 cuerdas de terreno colindantes al vertedero. Tras la aprobación de la Junta y de la Legislatura Municipal, el ayuntamiento expropió el terreno, en 2004, mediante una resolución judicial.

Durante una vista pública el 25 de abril, como parte de la investigación legislativa, el Municipio de Carolina reconoció que, cuando adquirió las 35 cuerdas de terreno, lo hizo “para el desarrollo de una zona de amortiguamiento”. “Al cabo de los años de la expropiación forzosa, surgió la necesidad de construir un área para extender la vida útil del SRS”, alegó el alcalde.

“Con esta necesidad pública urgente en mente, se diseñó una nueva Celda C, que comprende un área de 10 cuerdas de terreno, de las cuales solo cinco están en (l)a zona expropiada”, sostuvo.

El alcalde afirmó que la construcción y operación de la Celda C fue autorizada por la Junta de Calidad Ambiental (ahora parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales –DRNA–) entre 2012 y 2018, “cumpliendo con las regulaciones estatales y federales”.

Tanto Jiménez Santoni como Sánchez indicaron que, en la vista pública, salió a relucir que dicha celda no aparece en los mapas de la Junta de Planificación y que el Municipio no actualiza su plan de ordenamiento territorial desde 2015.

Jiménez Santoni también recordó al alcalde que miembros de su Partido Popular Democrático (PPD), como la senadora Ada Álvarez, han impulsado medidas legislativas para investigar la administración de los vertederos a nivel isla, incluyendo el de Carolina.

En una vista pública a finales de abril, el DRNA fue parco en su ponencia, al plantear que el SRS de Carolina “consecuentemente ha mostrado un nivel de operación satisfactorio”.

No obstante, en la misma ponencia, la agencia reconoció que, en dos visitas en abril y junio de 2024, encontraron irregularidades. En la primera, la agencia solicitó correcciones al Plan de Operación y Plan de Emergencia como parte del proceso de renovación del permiso y, en la segunda, tras recibir una querella ciudadana por manejo inadecuado de lixiviados, solicitó acciones remediativas.

La comisión senatorial intentó recientemente calendarizar una vista ocular en el área para analizar la zona de amortiguamiento. Pero, en una carta del 5 de mayo, el alcalde Aponte Dalmau negó acceso, al señalar que, “toda vez que no existe exigencia de ley o reglamento alguno que requiera mantener zonas de amortiguamiento en el SRS, el Municipio no está en posición de mostrarle a la comisión nada más”. Los senadores argumentaron que, por reglamento, sí se exige una zona de amortiguamiento, según les indicó la Junta de Planificación.

“Vamos amistosamente a responder esa carta, diciéndole que eso es parte del proceso. De no ser así, tenemos la facultad de llevarlo a los tribunales porque no pueden oponerse a una investigación que hace el Senado”, sentenció Jiménez Santoni.