La secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, confirmó este jueves que 23 familias se beneficiarán de la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Jenniffer González para permitir la reconstrucción de viviendas en los predios de El Yunque, e insistió en que el decreto no permite el desarrollo de nueva construcción en el lugar.

En momentos en que se ha cuestionado la intención y ejecución de la nueva normativa, Pérez Peña enfatizó que no construirán vivienda nueva o desarrollos adicionales en los terrenos colindantes con El Yunque, al amparo de la orden ejecutiva de González (OE-2025-042), que enmendó un decreto de Pedro Pierluisi de hace tres años (OE-2022-004) para proteger el bosque y los ecosistemas circundantes.

“No vamos a hacer ningún tipo de nuevo desarrollo. Nosotros vamos a ayudar a estas 23 familias porque son unos terrenos que no son inundables. Nosotros tenemos un gran reto. Yo tengo muchas familias en Puerto Rico que tienen un vale porque su casa no hay manera que se pueda volver a reconstruir en donde ellos tenían su hogar, porque los mapas los catalogan como un área inundable”, dijo la funcionaria a El Nuevo Día, al señalar que las familias beneficiarias sufrieron daños con los huracanes Irma y María, en 2017.

“En este caso, yo tengo 23 familias que sus terrenos no son inundables; sus casas ya existían ahí... O sea, aquí nosotros vamos a construir sobre una huella ya existente. No es que yo voy a buscar un terreno virgen. No. Esto es en donde mismo las familias tenían sus casas”, abundó, al afirmar que “es mejor” reparar las estructuras que mantener a los damnificados con un vale que no han podido usar para ser reubicados.

La orden ejecutiva emitida por la gobernadora –con fecha del 17 de julio– exime de las restricciones ambientales establecidas por el decreto de Pierluisi a aquellas obras de reparación, reconstrucción o rehabilitación de viviendas financiadas con fondos de los programas federales CDBG-DR (de recuperación de desastres) y/o CDBG-MIT (de mitigación).

El decreto de la gobernadora fue cuestionado por expertos en materia ambiental que entienden que se abre la puerta a nuevos desarrollos en El Yunque, que no era necesario enmendar la orden para arreglar viviendas existentes en el lugar y que hay que ver cómo se aplica y qué estudios se usan para justificar cualquier obra o construcción.

“Aquí no hay ningún proyecto que sea, en adición a esto (las 23 familias), en esa área. Nosotros sí tenemos que cumplir con evaluaciones y estudios ambientales. A nivel federal, yo no puedo invertir un dólar, en Puerto Rico, federal sin que yo cumpla con las normas federales”, puntualizó la secretaria de la Vivienda.

Mencionó también que la reconstrucción que se haga puede incluir el arreglo o llevar a cumplimiento el sistema de recogido de aguas residuales porque, puntualizó, fueron originalmente construidas fuera de reglamento.

“Solamente se estaría interviniendo con aquellas donde el sistema esté mal ubicado, que ‘mal ubicado’ viene siendo (que esté) debajo de la propiedad o que esté percolando. Si está bien, si está en funcionamiento, no tenemos por qué tener que intervenir con el sistema”, explicó Pérez Peña.

Mencionó que no todas las 23 familias optaron por recibir un vale de Vivienda, ya que otras, cuya cantidad no precisó, optaron por moverse a casas de familiares.

Contrario a lo que informó el domingo, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que habló de la nueva orden ejecutiva, la secretaria de la Vivienda precisó que las 23 familias no viven en su totalidad en Río Grande. Solo nueve residen en ese municipio; tres en Naguabo, seis en Juncos, dos en Luquillo, una en Canóvanas, una en Fajardo y otra en Carolina. Este último municipio, sin embargo, no forma parte de los ocho pueblos con terrenos en El Yunque.

“Estamos hablando de un perímetro desde la falda de El Yunque hasta una milla de extensión”, detalló.

Pérez Peña defendió la firma de la orden ejecutiva para ayudar a estas familias, al argumentar que las restricciones impuestas por la orden de Pierluisi eran más severas que los requerimientos federales y dilataban los procesos de reconstrucción tras los desastres.

Pero, al igual que hizo el miércoles, el exdirector del Instituto Internacional de Dasonomía Tropical, Ariel Lugo, insistió en que no había necesidad de excluir las reparaciones de estas viviendas.

“El gobierno de Puerto Rico nunca se ha ido por encima de regulaciones federales. Aquí los federales son los que llevan la voz cantante con las regulaciones”, recalcó Lugo por separado.