El secretario de Hacienda, Franciso Parés, y el secretario del Trabajo, Carlos Rivera. ([email protected])

La gobernadora Wanda Vázquez firmó ayer una nueva orden ejecutiva que permitirá al Departamento de Hacienda compartir con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) información contenida en las planillas de los contribuyentes, para agilizar el lento proceso para el desembolso de la asistencia por desempleo, que miles de ciudadanos no han recibido.

“Resulta imperativo que el DTRH tenga acceso a la información de las planillas en posesión del Departamento de Hacienda dentro de los parámetros de seguridad y restricciones apropiadas y aplicables a este tipo de información”, lee la nueva orden.

La información que será compartida entre las agencias se utilizará para realizar las determinaciones de elegibilidad a los beneficios del programa de Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, en inglés) y demás programas locales y federales de desempleo, “de una manera rápida y eficiente”.

“La obtención de esta información por parte del DTRH resulta fundamental y clave para agilizar la evaluación de las solicitudes de desempleo, de manera que los ciudadanos reciban cuanto antes las ayudas a las que tienen derecho”, sostiene el documento.

Ambas agencias deberán suscribir un Memorando de Entendimiento que detalle qué información específica compartirán y los procedimientos que seguirán para un manejo y uso adecuado de la información compartida.

Esta orden se firma en momentos en que miles de ciudadanos continúan esperando su primer cheque de asistencia por desempleo, en medio de la emergencia por la pandemia de coronavirus (COVID-19) en Puerto Rico.

Discute planes con la Junta de Supervisión Fiscal

Precisamente hoy, el secretario del Trabajo Carlos Rivera se reunió con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, para discutir “las prioridades del Departamento del Trabajo durante el año fiscal 2021 y planificar mejoras al sistema de reclamación para los beneficios de seguro por desempleo”.

La Junta indicó que desde el comienzo de la pandemia, el Trabajo ha estado compartiendo sus datos con dicho ente federal, lo que les ha permitido “monitorear y evaluar el impacto del COVID-19”.

“La Junta de Supervisión y el Departamento del Trabajo continuarán trabajando de cerca para observar el efecto de la pandemia en el mercado laboral de Puerto Rico, y determinar el plan de acción que más le beneficie a las familias trabajadoras y a la economía de Puerto Rico”, aseguró la Junta en expresiones escritas.

A finales de junio, el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, discutió con la gobernadora los avances en las gestiones para la unificación de algunos aspectos de los sistemas de Hacienda y el Trabajo, según dijo a este medio, de modo que sea mínima la información que un ciudadano tendría que suministrar en su solicitud de desempleo, debido a que datos como la información contributiva y el salario, ya estaría en manos del Trabajo. Pero no fue hasta ayer que la gobernadora autorizó ese intercambio de información.

Esto beneficiaría principalmente a los solicitantes del PUA, que son las personas que trabajan por cuenta propia o a trabajadores que no pagaban el seguro por desempleo regular.

Hasta esta mañana, el Trabajo había recibido 593,480 reclamaciones, de las cuales 321,447 eran solicitudes de desempleo regular y 272,033 del PUA.

Según la agencia, 422,348 solicitantes que cualificaron para la asistencia, están recibiendo el pago. De otro lado, hay 56,026 solicitudes en proceso de revisión por “puntos controvertibles”, que se refiere a que la solicitud requiere alguna información adicional de conformidad con la reglamentación federal. Este medio solicitó la cifra exacta de solicitudes sin procesar hasta esta mañana, pero al cierre de esta edición el dato no había sido provisto. El secretario Rivera no estuvo disponible para una entrevista.

Hasta el 28 de junio, unas 51,336 personas que cualificaron para recibir su seguro por desempleo regular o la ayuda del PUA, no habían recibido su primer desembolso, pero esa cifra fluctúa de forma diaria.

“Nos encontramos trabajando para que pueda darse una integración entre ambos departamentos (Hacienda y Trabajo) y logremos compartir información. Lo que queremos es evitar mayores gestiones de la ciudadanía”, sostuvo el secretario en una entrevista previa. “Va a depender de la parte tecnológica, de los programas, que se pueda interconectar un sistema con otro”. En aquel momento no se estableció ninguna fecha específica para la entrada en vigor de esta iniciativa.

Según la orden que firmó la gobernadora, al 3 de julio de 2020, se había desembolsado sobre 2.8 billones de dólares. “A pesar de la gran cantidad de solicitudes atendidas y el dinero desembolsado, muchos ciudadanos se han visto afectados por un proceso que en ocasiones se ha tornado lento y burocrático que no ha maximizado el uso de la tecnología y de la información disponible en otras áreas del Gobierno de Puerto Rico”, reconoce la medida.

La orden añade que el Trabajo ha recibido sobre 500,000 solicitudes de seguro por desempleo, “el mayor número de solicitudes en su historia”.

“La pandemia mundial por el COVID-19 ha afectado gravemente la actividad laboral en Puerto Rico. Las empresas privadas se han visto obligadas a tomar medidas drásticas que han causado la suspensión o despido de muchos empleados que laboran en el sector privado”, dice la orden.