La gobernadora Wanda Vázquez Garced.
La gobernadora Wanda Vázquez Garced. (Vanessa Serra Diaz)

Ante la advertencia lanzada ayer por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la gobernadora Wanda Vázquez Garced afirmó hoy que su administración no aceptará el despido de ningún empleado público y seguirá adelante con la implementación de las Leyes 80, 81 y 82 que, entre otras cosas, buscan hacerles justicia a los retirados del servicio público.

La directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko, indicó que si el gobierno insiste en conceder estos beneficios, tendrá que hacer más recortes en sus costos operacionales, incluyendo el despido de empleados públicos. “Vamos a continuar defendiendo a los retirados y no habrá suspensión ni despidos de empleados públicos. Eso deberá ser así, esa es mi posición y estoy completamente segura de que será la posición del gobierno de Puerto Rico en todo momento”, puntualizó Vázquez Garced.

Según una carta de la JSF, la aplicación de los mencionados estatutos tendrá un golpe adverso en el fisco de $8,300 millones al cabo de 30 años. Las leyes en controversia -todas aprobadas este año- permiten el retiro anticipado, ofrecen el recibo de una pensión reducida a ciertos trabajadores, así como una aportación de $100 al seguro médico. En el caso de los maestros, la Ley 82 permite incluir la licencia de enfermedad acumulada para determinar la elegibilidad de retiro.

La primera ejecutiva señaló que se mantiene en comunicación con el organismo fiscal para buscar alternativas que les permita mantener los planes trazados. Sostuvo que le han comunicado a la Junta la necesidad de continuar con la aplicación de estas leyes para así poder determinar cuál es el verdadero impacto que tendrá en las arcas del gobierno. De hecho, dijo que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así como la Administración de los Sistemas de Retiro han emitido cartas circulares estableciendo los requisitos con los que deben cumplir los empleados para ser elegibles a alguna de las propuestas en controversia.

“Para saber ese universo (de empleados públicos) tenemos que empezar el proceso, que es lo que le hemos dicho a la Junta. El universo es una parte, pero hay gente que tiene compromisos económicos, que necesitan su salario y que van a continuar trabajando. Aquel que se quiera retirar, que cualifique, pues tenemos que darle la oportunidad a que siga el proceso. El proceso ha continuado y máxime las conversaciones con la Junta para buscar esa alternativas para que se dé la Ley 80, 81 y 82 y, además de eso, que no haya suspensión de empleados públicos”, sentenció.

Dijo que experiencias pasadas le han demostrado que el camino correcto es mantener los canales de comunicación con la JSF, aunque reconoció el poder del ente federal. “No hay duda de que tenemos que mantener la comunicación con la Junta, porque el que diga que va a sacar la Junta, que la Junta no manda, vive en otro país y esa es la realidad”, admitió.

“Ahora, la historia y la experiencia nos ha dicho que la comunicación y el diálogo con la Junta ha sido extremadamente productivo, porque hemos logrado lo que hemos necesitado y lo que hemos requerido. En este caso espero que no sea la excepción. Hasta el momento no hemos tenido una denegación de la Junta de las leyes. Estamos hablando para poder llegar a los acuerdos que sean necesarios para que se paguen y se honren la Ley 80, 81 y 82 y que no haya despidos de empleados públicos”, subrayó la mandataria durante una conferencia de prensa en donde anunció el inicio de un proyecto piloto para renovar la licencia de forma digital.

Por otra parte, la gobernadora reconoció que hay unas reservas con la designación de Justin Peterson, director gerente de la empresa DCI Group que ha representado a acreedores del gobierno de Puerto Rico, como miembro de la JSF. Anunció que la semana próxima espera reunirse con el nominado del presidente Donald Trump.

“Lo que ha trascendido es que hay unas grandes preocupaciones en termino del conflicto de intereses. Él ha hecho unas expresiones a favor de que no solamente se llegue a la reestructuración de la deuda, que obviamente es la función de la Junta, sino a que haya un diálogo. Yo espero en los próximos días tener una reunión con él, él vendrá a Puerto Rico, así que yo estableceré claramente cuál ha ido la historia de esta administración de tener un diálogo con la Junta en beneficio del pueblo”, expresó.

Sostuvo que es importante que el gobierno cumpla desde el punto de vista fiscal. Pero, por otro lado, es vital que no se perjudiquen los empleados ni tampoco el pueblo de Puerto Rico “que ya bastante perjudicado que ha estado con las decisiones que ha tomado la junta”.

“Espero que sea un diálogo favorable”, señaló.