

En un comunicado de la Junta de Supervisión Fiscal, su directora ejecutiva Natalie Jaresko informó al gobierno de Puerto Rico que se le requerirán reducciones adicionales en la plantilla de empleados con el fin de mitigar los costos de los beneficios de retiro fijados en las Leyes 80, 81 y 82. La Asamblea Legislativa aprobó estas leyes en agosto de este año con el fin de incentivar el retiro de maestros y otros empleados públicos, mediante la concesión de una pensión de por vida de alrededor de la mitad del salario más alto, así como aportaciones garantizadas para su plan de salud.
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