Gurabo - La gobernadora Jenniffer González Colón estampó su firma este miércoles en la legislación que remueve al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), una promesa de campaña que le devuelve a la Uniformada la independencia fiscal y administrativa.

“Hoy, iniciamos una nueva ruta en lo que debe ser la seguridad pública y la Policía de Puerto Rico”, afirmó la mandataria ante la plana mayor de la Uniformada que participó de una actividad llevada a cabo en el Colegio Universitario de Justicia Criminal, en Gurabo.

El Proyecto de la Cámara 406, ahora Ley 83-2025, restablece el cargo de superintendente de la Policía, que recae en Joseph González. Durante la ceremonia, la gobernadora le entregó al jefe policial un jacket con el logo de la Policía, que llevaba grabado, a su vez, su nombre y nuevo cargo.

“Nadie más tiene que estar aprobando, ni nadie más tiene que estar supervisando, ni nadie más tiene que estar mandando en las cosas que le tocan a la Policía”, señaló la primera ejecutiva.

La medida establece, igualmente, la creación de la Unidad de Violencia de Género, para atender la prevención, investigación y procesamiento de los delitos perpetrados contra las mujeres, y faculta al jefe de la Policía a designar a dos superintendentes asociados.

Asimismo, establece los 18 años como edad mínima para el ingreso a la Policía y concede tres años a los nuevos miembros de la Uniformada para completar un grado asociado o, de lo contrario, serán separados del servicio. La edad máxima para ingresar al cuerpo de seguridad será 46 años.

El estatuto también eleva a mandato de ley el establecimiento de la Junta de Evaluación Médica de la Policía, la Banda de la Policía, el Cuerpo de Capellanes y la Oficina de Manejo de Información Policíaca, encargada de garantizar la operabilidad de los sistemas de integración de datos.

“Esta nueva ley nos otorga poderes claros y directos para cumplir con lo más importante, proteger la vida y la propiedad de nuestra gente. Tendremos mayor control sobre nuestro presupuesto, nuestra estructura interna, nuestro programa de adiestramiento y nuestras prioridades operacionales. Con esta ley, vamos a actuar con la rapidez que requiere la lucha contra la criminalidad”, apuntó, por su parte, González.

Durante la firma de la ley, la gobernadora estuvo acompañada de la secretaria de Estado, Rosachely Rivera; el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; y los legisladores Félix Pacheco y Gregorio Matías, ambos policías. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no participó, aunque la mandataria agradeció sus gestiones en favor del proyecto.

Durante la discusión legislativa, Rivera Schatz defendió la estructura del DSP, al sostener que hubo eficiencias administrativas y resultados afirmativos en la lucha contra el crimen. Argumentó que los problemas que ha generado la estructura se resolvían, a su juicio, si las jefaturas del DSP y la Policía recaían en una misma persona.

La legislación dispone la creación de un comité de transición que deberá rendir un informe a la gobernadora en 90 días con una evaluación sobre la separación y las recomendaciones en cuanto a las transferencias de propiedad, recursos y personal.

El grupo de trabajo integra a los titulares de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el DSP y González. “El superintendente de la Policía certificará a la gobernadora cuando estos requisitos hayan sido cumplidos, a los fines de que comience ordenadamente la separación de las agencias”, lee la medida.

El presupuesto vigente de la Policía es de $890 millones, aunque la gobernadora no descartó futuras enmiendas a la partida de gastos y subrayó que se haría velando por que se cumpla con los requisitos y la certificación emitida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

A pesar de que el estatuto dispone un período de un año para completar la transición, González Colón se expresó confiada en que el proceso culminará antes de lo estimado. Además, anticipó que no prevé remover ninguna otra agencia del DSP y rechazó que alguna de esas otras dependencias presenten las mismas dificultades administrativas que la Policía.

La Policía cuenta con 11,000 miembros, sin incluir 837 civiles. Mientras, 697 hombres y mujeres se preparan para ingresas a la fuerza.

La gobernadora anunció también la firma de la Ley 84-2025, para mejorar la fiscalización gubernamental, optimizar la coordinación interagencial y garantizar la implementación de las políticas anticorrupción.

El Proyecto del Senado 454, ahora Ley 84-2025, crea un grupo de prevención y erradicación de la corrupción que va a ser presidido por el director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) e integrado por representantes de los departamentos de Justicia y Hacienda, la Oficina del Contralor, la Oficina del Inspector General, la Policía y la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

Igualmente, anunció la firma del Proyecto de la Cámara 487, ahora Ley 85-2025, que le confiere al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) jurisdicción concurrente para investigar casos de explotación financiera contra adultos mayores, específicamente cuando los hechos sean cometidos por personal de instituciones de cuidado prolongado.

“Estamos viendo un aumento en estos casos. Esta medida es una respuesta a los mas de 13,200 casos de explotación financiera en adultos que vimos en el año 2020″, expresó González Colón.