El portavoz del PPD en la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández. (GFR Media)
El portavoz del PPD en la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández, dijo que toda la delegación de su partido votaría a favor de la enmienda constitucional.

La minoría popular está en posición de prestar sus 15 votos para viabilizar la consulta pautada para el día de las elecciones generales y propuesta por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para elevar a rango constitucional la protección de las pensiones, confirmó el portavoz popular, Rafael “Tatito” Hernández.

El representante independentista Denis Márquez también votaría a favor, “pero consciente de que la propuesta es un mecanismo para no atender el problema actual de los proyectos de retiro”, dijo el legislador.

Por su parte, el portavoz de la mayoría penepé, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo esta mañana que no ha recibido información de que algún miembro de su delegación esté opuesto a alguna de las medidas incluidas en la Sesión Extraordinaria convocada por la gobernadora. Entre estas se encuentra la consulta para las enmiendas constitucionales.

“Necesita 39 votos. Somos 34 y hacen falta votos de la minoría y hay que ver cómo se va a comportar la minoría”, dijo Rodríguez Aguiló.

Una de las enmiendas propuestas reconoce el derecho de todo servidor público y de todo retirado del gobierno a “tener acceso a una pensión de retiro, cuyos términos y condiciones serán dispuestos por ley, y solo podrán ser modificados con el propósito de favorecerlo”, lee la medida.

La otra enmienda constitucional propuesta dispone que, cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública y “al pago de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron participantes del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, del Sistema de Retiro para la Judicatura y del Sistema de Retiro para Maestros, o de cualquier otro sistema de retiro del Estado creado por ley”.

El proceso para viabilizar la consulta, que requiere también el aval del Senado, consiste en un proyecto de ley con que se viabiliza el referéndo y una Resolución Concurrente donde se incluye el texto de las enmiendas propuestas.

En los proyectos de ley de La Fortaleza se indica que la Junta de Supervisión Fiscal propone que el 36% de los cerca de 167,000 jubilados enfrenten un recorte máximo de 8.5% en sus pensiones, mientras el 5% sufriría una reducción menor. El 59% no vería reducción al recibir una pensión mensual de $1,200 o menos.

“El plan fiscal detalla que el sistema de retiro de empleados del gobierno central cobija a alrededor de 123,000 retirados. De estos, alrededor de dos terceras partes reciben menos de $1,200 al mes, por lo que no estarían sujetos al recorte. De acuerdo con datos de 2019, apenas 13,000 exempleados del gobierno central reciben pensiones sobre los $2,000 mensuales. El caso de los maestros retirados, sin embargo, alrededor del 64% estaría sujeto a reducciones en la pensión mensual”, reza el proyecto de ley.

Según la medida, unos 16,000 de los cerca de 45,000 maestros pensionados reciben beneficios de entre $1,200 y $2,000 al mes, mientras otros 12,000 tienen ingresos de $2,000 a $3,000. De otro lado, el 71% de los 553 jueces jubilados recibe pensiones que superan los $3,000. Apenas 45 de los jueces retirados tienen beneficios por debajo de los $1,200 mensuales y no sufrirían recortes.