En el primer día de sesión legislativa del año, el Senado y la Cámara de Representantes reavivaron la discusión sobre la propuesta eliminación de las escoltas a los exgobernadores, al considerar, mediante la vía de descargue, dos medidas con ese fin, pero con alcances diferentes.

Se trata del proyecto de administración presentado por la gobernadora Jenniffer González el mes pasado, y el del senador Juan Oscar Morales, quien sometió su legislación el mismo día, luego que la mandataria vetara un proyecto suyo con igual objetivo.

La situación provocó una controversia pública entre ambos, y aunque se reunieron en privado, en La Fortaleza, para dirimir las diferencias, no se solucionó el conflicto, que se exacerbó cuando la gobernadora retiró los empleados en destaque de la oficina del legislador novoprogresista.

Ambos cuerpos legislativos evaluaron este lunes el proyecto de la gobernadora, que propone quitar el servicio de escoltas únicamente a los exmandatarios que hayan sido convictos en el foro estatal o federal y a los aspirantes a la gobernación y a comisionado residente en Washington.

“Cualquier exgobernador(a) de Puerto Rico que haya sido convicto(a) por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal no podrá solicitar ni mantener servicio de escoltas, seguridad o protección de ninguna agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico”, lee el proyecto de administración.

Además de esa medida, el Senado consideraría en la sesión de este lunes la nueva legislación de Morales, que es idéntica al Proyecto del Senado (PS) 752, que eliminaba las escoltas a exgobernadores y otros exfuncionarios, independientemente de si son convictos o no, pero fue vetado.

El PS 752 había sido aprobado unánimemente en ambos cuerpos. Tras impartir el veto de bolsillo, la gobernadora dijo que la pieza se había desviado de su intención original, y al ser cuestionada durante una rueda de prensa, comentó que no tiene intención de renunciar a sus escoltas una vez salga de La Fortaleza.

Al momento de esta publicación, el Senado había comenzado a discutir la medida de Morales, y durante el debate se acogió una enmienda para establecer que, en el caso de los futuros exgobernadores, podrán mantener el servicio de escoltas por un año. Posteriormente, los senadores atendería el proyecto de administración.

La Cámara de Representantes, en tanto, aprobó de manera unánime el Proyecto de la Cámara (PC) 990, que es la versión presentada por la mandataria. Pese a que los representantes Héctor Ferrer Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD), y Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), presentaron enmiendas para que la eliminación aplique a todos los exgobernantes, la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) derrotó los cambios.

“Ha quedado demostrado que la administración del PNP y la Cámara de Representantes de Puerto Rico, y su mayoría del PNP, que no tiene inconveniente alguno con que, en el país, los gobernadores gocen de escoltas, que funcionarios que no deben tener escoltas tengan escoltas. Lamentablemente, esto es una práctica en la que el país existe consenso y que hasta ustedes mismos, en el pasado proyecto, le votaron a favor”, dijo Ferrer Santiago.

La única enmienda aprobada por la mayoría de la Cámara fue del representante popular Ramón Torres Cruz, que extendió la prohibición de escoltas a los funcionarios o funcionarias convictas de delito, y no solo a los exmandatarios.

Según el legislador, un tribunal podía interpretar que Wanda Vázquez Garced no es una exgobernadora porque la definición que suele utilizarse es la de la Ley 2-1965.

“La Ley 2 del 1965 (dispone) que un exgobernador es todo aquel que fue electo y cumple su término de cuatro años. Y esta señora ni está ni cumplió el término de cuatro años”, subrayó Torres Cruz, quien recurrió a los tribunales para que la Policía le entregara copia del informe en el cual se tomó la determinación de mantenerle el privilegio a la exmandataria convicta a nivel federal por un delito menor electoral.

La convicción de Vázquez Garced fue la punta de lanza para reactivar la discusión a nivel legislativo sobre el privilegio de las escoltas.