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Mientras la Asamblea Legislativa aprobaba una nueva Ley de Armas que simplificó y abarató los requisitos para la obtención de licencias de posesión y portación, tres funcionarios de ese cuerpo entre los que se encontraban dos ayudantes de la oficina del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz registraron una “empresa facilitadora” de servicios de armería.
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