El costo aproximado de construcción de la primera fase es de aproximadamente $500 millones.
El costo aproximado de construcción de la primera fase es de aproximadamente $500 millones. (Ramon " Tonito " Zayas / STAFF)

No será hasta mediados del 2024 que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) esté en posición para elegir el modelo a seguir para la extensión de la autopista PR-22 de Hatillo a Aguadilla, un proyecto que ha enfrentado el cuestionamiento público debido a su posible impacto económico y ambiental.

Es para esta fecha que la dependencia pública espera tener los resultados finales de los estudios ambientales que les permitirá determinar cuál de las alternativas consideradas para la posible conversión es la mejor elección.

“Todavía estamos coordinando la realización de esos estudios. Esto es un proyecto complejo que viene de muchísimas décadas, pero se está gestionando, nos hemos mantenido reuniéndonos con los distintos alcaldes”, expresó la licenciada Ana de Jesús, de la ACT.

Durante una vista pública de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado la funcionaria explicó que, tras varias evaluaciones, hay tres modelos que siguen siendo una opción. Estos han sido identificados como las alternativas B1, D1 y E1. Estas tres opciones, a diferencia de las que se evaluaron inicialmente, al adentrarse en el área del pueblo de Aguadilla, su alineación transcurriría por el norte de la PR-2 y al sur de la finca La Montaña, propiedad del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Con esta determinación se evita el impacto a la zona protegida del Carso.

El primer tramo, que transcurriría desde Hatillo hasta llegar a Aguadilla, aún no está definido. La alternativa B1 propone la conversión a expreso de la PR-2 hasta llegar a jurisdicción del municipio de Aguadilla. Mientras, la opción D1 incluye la construcción de carriles de peajes dinámicos (Dynamic Toll Lanes) y, la E1, implicaría una combinación de conversión a expreso y campo traviesa.

Independientemente cuál sea la opción de elección, indicó De Jesús, el proyecto busca aliviar la congestión vehicular en el corredor actual de la PR-2, reducir el tiempo de viaje entre Hatillo y Aguadilla en un 20%, incrementar la seguridad al proveer mejoras a las carreteras y promover el desarrollo económico del área noreste a corto, mediano y largo plazo agilizando el movimiento de personas y materiales.

El costo aproximado de construcción de la primera fase es de aproximadamente $500 millones.

“Su construcción incluirá puentes, mejoras a la carretera estatal PR-2, construcción de marginales para proveer acceso a comercios y residencias y otros elementos que persiguen lograr una vía rápida segura. El desarrollo de este proyecto es prioritario”, sostuvo la abogada.

Ramón Ruiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, expresó preocupación por el impacto que podría tener el proyecto sobre la zona, reconocida por su actividad agrícola.

“Hay que proteger el desarrollo económico del país. Nos urge conocer dónde estamos a la fecha de hoy con esos estudios, qué se ha traído a consideración y dónde estamos en la apreciación de los alcaldes”, puntualizó el senador.

En una vista celebrada por esta comisión en marzo, el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, rechazó la medida señalando que el ahorro en el tiempo de viaje tendrá daños irreparables para los pueblos del área. Mientras su homólogo de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, sostuvo que lo que la zona oeste está esperando un desarrollo económico.

Durante la vista pública se discutió también posibles mejoras a la PR-681 que conecta a los pueblos de Arecibo y Barceloneta y único acceso para los residentes y visitantes del barrio Islote. Actualmente, la vía presenta un alto flujo de vehículos, especialmente durante los fines de semana, que aumenta el tiempo de viaje.

De Jesús indicó que –referente a la PR-681- la dependencia identificó los fondos para poder comenzar los estudios, el proceso de cumplimiento ambiental y el diseño. A finales de mes, agregó, se deberá publica una solicitud de propuesta para la licitación de los servicios profesionales.

Yo creo que estamos ya en una zona donde estamos viendo la luz, dónde básicamente se está atendiendo la mayoría de las cosas. Creo que estamos con un norte definido para tomar una decisión correcta y poder construir ese proyecto”, dijo Luis Vélez, ayudante especial del director de la ACT, Edwin E. González.

Igualmente, se discutió un desprendimiento que afecta la carretera PR-129, a la altura del kilómetro 10.9 en el barrio Campo Alegre de Hatillo. López dijo que, tras un análisis de la zona, se solicitó la estabilización del terreno y se autorizó una declaración de emergencia para la zona. Mientras, se delimitó el área impactada ubicando barreras.

“Es un reclamo legítimo y es un reclamo que no es de hoy… Si han pasado tantos años que están pidiendo que se haga un conector, si llevamos casi seis años pidiendo que se arregle el derrumbe de la PR- 129, creo que la gente sí merece una respuesta válida, pero también una respuesta real de que se va a hacer algo”, expuso la senadora Elizabeth Rosa.

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