La Cámara de Representantes enmendó el proyecto de administración de la gobernadora Jenniffer González que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en el litoral de La Parguera, en Lajas, para que dicho permiso tenga una vigencia de 20 años y no de 40, como la mandataria había sugerido.  

No obstante, como parte del lenguaje incluido, se deja abierta la posibilidad de renovar la licencia una vez culminado el período de 20 años.

La legislación, igualmente, permite la reparación de las residencias existentes en la referida zona para que, según indica, “mantengan la pintoresca y colorida arquitectura que les ha convertido en un atractivo turístico”, y prohíbe “llevar a cabo obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura”.

“Si una residencia es destruida total o parcialmente, que exceda el 50% de la totalidad de la estructura, de manera que se considere prudente y razonable como inhabitable, ya sea por motivos naturales o por el mero transcurso del tiempo, la misma no podrá ser reconstruida”, lee la legislación.

Las ampliaciones y extensiones a las residencias existentes y las nuevas construcciones quedan vedadas, según las enmiendas incluidas a la medida y recogidas en el informe preparado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, emitido el 13 de junio.

El Proyecto de la Cámara 269 fue incluido en el calendario de la sesión del jueves en la Cámara, pero nunca fue considerado. La gobernadora, cuyos suegros son investigados por supuestas construcciones ilegales en La Parguera, presentó el proyecto en enero, tres semanas después de llegar al cargo.

“La Comisión de Recursos Naturales, luego del estudio y consideración correspondiente, tiene a bien someter a este cuerpo legislativo su informe positivo, recomendando la aprobación del Proyecto de la Cámara 269”, lee el informe, firmado por la representante Elinette González.

La legislación, asimismo, dispone el cobro de cánones, los cuales serán entre un 5% y un 10% mayor a los establecidos y cobrados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a las marinas y muelles. Ese lenguaje se mantuvo igual al presentado por la gobernadora.

“La ocupación y uso de las residencias, muelles y estructuras deberá satisfacer y cumplir cabalmente con todos los reglamentos aplicables al control y prevención de la contaminación”, lee el proyecto.

Dispone, asimismo, que el DRNA podrá prohibir el uso de la propiedad si no se cumplen las reglamentaciones ambientales, y ordena a la agencia el desarrollo de reglamentación para establecer “procedimientos ágiles” para atender solicitudes de mantenimiento y la reparación de las estructuras existentes.

Según documentos entregados al Senado por el DRNA, en respuesta a un requerimiento de información del cuerpo legislativo sobre las estructuras enclavadas en La Parguera, los suegros de la gobernadora poseen dos estructuras en el litoral.

José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera son objeto de una investigación que el DRNA inició, en 2023, por una supuesta ampliación ilegal de una de las residencias. El asunto regresó esta semana a la discusión pública, cuando trascendió que la exsecretaria del DRNA Anaís Rodríguez Vega –bajo cuya jefatura comenzó la pesquisa administrativa– fue citada al Departamento de Justicia este lunes, sin que se precisara el motivo.