Contrario a la intención del Senado, la Cámara de Representantes evalúa posibles enmiendas al proyecto sobre la asignación de escoltas a exgobernadores dirigidas a que aquellos no convictos de delito retengan el servicio –al que hoy tienen derecho– por cuatro años una vez dejen el cargo, indicó este martes el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Pacheco.

“Creo, fielmente, que, por las acciones de uno, no se puede arriesgar la seguridad de otros”, señaló el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El Proyecto del Senado (PS) 752, según aprobado en ese cuerpo, retiraría automáticamente las escoltas a exmandatarios convictos por delito grave o menos grave –que sería el caso de Wanda Vázquez–, así como a los futuros exgobernadores, una vez cesen sus funciones. Por lo tanto, las disposiciones aplicarían al próximo gobernador electo y subsiguientes, de aprobarse por ambas cámaras legislativas.

También, retiraría el beneficio a los candidatos a la gobernación y comisionado residente, aunque dispone excepciones donde medie un peligro a la vida o seguridad. Igualmente, establece que el gobierno estaría impedido de contratar servicios de seguridad en el sector privado, y derogaría cualquier ley o reglamento que contravenga.

Vázquez, quien se declaró culpable en el ámbito federal por un delito electoral, tiene cinco oficiales y dos vehículos asignados, según datos de la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía.

“Creo que, si usted es un servidor público y viola los cánones de ética e integridad, no le cobija ningún tipo de derecho y estamos claros, y se va a atender y se va eliminar. No obstante, reconozco también que el superintendente (de la Policía) tiene prerrogativas al asignar las escoltas”, expresó Pacheco.

Al momento, 39 agentes del orden público están asignados al servicio de escoltas a cuatro exgobernadores y otros funcionarios gubernamentales, como la secretaria de Estado y los presidentes legislativos.

Los cuatro exmandatarios que gozan de este beneficio son, incluyendo a Vázquez, Luis Fortuño y Pedro Pierluisi, del PNP, y Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD).

Actualmente, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, no goza del servicio de escoltas. Mientras, los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, ambos del PPD, rechazaron voluntariamente el beneficio.

Otra posible enmienda, compartió Pacheco, iría dirigida a que los jefes de la Policía y los departamentos de Justicia, Seguridad Pública y Corrección y Rehabilitación retengan el beneficio durante sus funciones. “Hay grupos pequeños que lanzan amenazas contra funcionarios y no se les puede dar paso a aspectos que pongan en riesgo la seguridad de otros funcionarios”, dijo el representante.

Asimismo, podrían considerar reducir el número de agentes a los que exfuncionarios y exgobernadores tienen derecho, siempre y cuando no exista una amenaza a la seguridad. La Orden General 110 de la Policía dispone la asignación máxima de siete policías y un supervisor.

Pacheco dijo que, tarde este martes, la Comisión que preside recibió, vía correo electrónico, varios memoriales de exgobernadores, algunos de los cuales incluyen posibles enmiendas, que –anticipó– estará analizando.

En enero de 2022, Pierluisi vetó una medida que hubiera eliminado las escoltas a un primer ejecutivo que haya renunciado al puesto, como fue el caso de Ricardo Rosselló, y limitado los beneficios que ostentaría un exmandatario, eliminando la discreción del jefe de la Policía para proveerle escoltas.