Al reconocer que su discusión podría impactar la intención de los electores de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, anunció que sesionarán el miércoles para debatir una resolución legislativa en oposición a “la serie de violaciones de derechos humanos” suscitados en Venezuela tras los comicios presidenciales del 28 de julio.

“De la misma manera que las alianzas público privadas es un tema que está en la narrativa de las campañas de los partidos para la gobernanza del próximo cuatrienio, también su posición en las relaciones internacionales siempre va a ser un tema de campaña. Pero, esta (resolución) te pone en una posición de que no hay puntos medios, o estás a favor o estás en contra. Aquí no hay manera de justificar nada...”, señaló el líder cameral, autor de la medida.

De entrada, el líder cameral afirmó que ningún legislador está excusado de ausentarse el miércoles. “El utilizar el subterfurgio de no participar no lo va a eximir de que la gente sepa de que, sencillamente, con su inacción avala el gobierno de (Nicolás) Maduro”, argumentó Hernández en lo que fue su primera conferencia de prensa desde el cierre de la sesión ordinaria, el 30 de junio.

“Qué mejor que el país sepa quién es quién. Es cuestión de, primero, formalmente expresarnos como institución. Pero hay también otra parte de que, el que no avale el respaldo de la democracia, avala la dictadura de Maduro”, aseveró.

Por las pasadas semanas, a nivel internacional se ha cuestionado el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Maduro asegura haber prevalecido en la contienda sobre Edmundo González, de la Plataforma Unitaria Democrático (PUD). No obstante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha presentado públicamente ninguna evidencia que sustente el triunfo.

La Resolución de la Cámara 1189 busca denunciar la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral en la divulgación de las actas, “reclamar el fin de la dictadura”, exigir que se reconozca a González como el “verdadero vencedor de las elecciones del 28 de julio” y “censurar las violaciones de derechos humanos suscitadas en Venezuela bajo el liderato de Maduro”.

“No estamos en el mediterráneo, ni en el Oriente. Somos parte del Caribe y somos hermanos latinos y hay una comunidad venezolana aquí grande, significativa, que está también reclamando que, como residentes de la isla, nos expresemos”, expuso.

¿Por qué es importante conocer la posición de cada candidato a las elecciones?, preguntó El Nuevo Día. “El avalar el fraude electoral de cara a unas elecciones significa que esta persona estuviera buscando o aspirando a prevalecer en las elecciones sin importarle que se cuenten los votos, y eso, para nosotros, en un sistema democrático, es sagrado”, respondió.

En la sesión extraordinaria, convocada para la 1:00 p.m., también se aprobará una resolución en reconocimiento a los 51 deportistas que representaron a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos.

De otra parte, Hernández anunció que la Cámara de Representantes realizará una auditoría forense sobre el manejo de los fondos federales asignados a Luma Enery y Genera PR, para la operación del sistema energético; y a la empresa Aerostar para la administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

El resultado final, indicó, se compartirá con los candidatos a la gobernación. “Esto es un tema de balón político también”, afirmó. “Yo creo que al poder auditar las tres (alianzas público privadas), vamos a poder identificar si verdaderamente el modelo es el malo o es que una de ellas arrancó mal desde el primer día, y eso le va a dar herramientas al próximo gobierno para tomar decisiones”, expuso.

El representante Jesús Hernández Arroyo indicó que a las tres operadoras se les solicitó -el pasado 7 de agosto- una serie de documentos necesarios para iniciar con el análisis, entre estos: estados financieros y total de fondos federales recibidos. Las tres entidades tienen hasta el 14 de agosto para divulgar la información. No obstante, Genera PR ya cumplió con el requerimiento, dijo.

“Este proceso es bueno tanto para ellos como para Puerto Rico. Es una auditoría puntual... lo más importante aquí es que el gobierno de Puerto Rico no va a responder con fondos públicos del gobierno central alguna irregularidad de estas alianzas público privadas”, expuso.

Anunció, además, que a finales de septiembre ofrecerá un adiestramiento -el cual estará a cargo de varias agencias federales- para que instituciones sin fines de lucro, municipios, agencias y corporaciones públicas refuercen sus mecanismos en la redacción de informes de cumplimiento. “Queremos evitar que perdamos fondos federales o que tengamos señalamientos de mal uso de fondos públicos”, dijo.