

4 de julio de 2025 - 10:00 AM
La Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático esperará a contar con el insumo de las agencias con mayor injerencia sobre la implantación de acciones para enfrentar las consecuencias del cambio climático antes de proceder con recomendaciones a los cuerpos legislativos en torno al voluminoso plan que, a lo largo de los pasados años, desarrolló un grupo de expertos designados por el gobierno.
En el primer informe parcial firmado por las copresidentas de la Comisión Conjunta, la senadora Marissa Jiménez Santoni y la representante Elinette González Aguayo, al cierre de la primera sesión ordinaria del cuatrienio, se consignó que el organismo considera –contrario a la interpretación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales– que tiene hasta noviembre para rendir a los cuerpos un informe final del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
El documento, de siete páginas, no elabora sobre temas sustantivos del Plan, que preparó el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc), pero indica que el 22 de julio –durante el receso legislativo– la Comisión Conjunta celebrará una vista “donde estarán citadas las agencias con mayor impacto y/o relevancia en la ejecución del Plan”.
Jiménez Santoni precisó que la citación será a vista ejecutiva, es decir, a puertas cerradas.
“Una vez la Comisión cuente con el insumo de las agencias y haya culminado el análisis correspondiente al Plan, estará en posición de presentar los cuerpos legislativos el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático por la Comisión Conjunta sobre Mitigación Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático para su consideración. A juicio de esta Comisión, ese es el curso más adecuado a seguir, en cumplimiento con las disposiciones de la Ley 33-2019, según enmendada, y del trámite legislativo aplicable”, abunda el informe parcial, radicado el 30 de junio, último día de la primera sesión ordinaria.
Desde abril de 2024, cuando el Ceacc sometió el documento a consideración de la Comisión Conjunta, la interpretación prevaleciente había sido que, a tono con el texto de la Ley 33 –que ordenó la elaboración de las estrategias a seguir para enfrentar el cambio climático–, la Asamblea Legislativa tendría hasta el final de la primera sesión de este cuatrienio –es decir, hasta el 30 de junio– para aprobar el Plan. De no haber acción legislativa, en tanto, el documento pasaría a La Fortaleza para la firma o veto del gobernante de turno.
Sin embargo, Jiménez Santoni sostuvo la semana pasada, en entrevista con El Nuevo Día, que el Senado había concluido que, al conformarse una nueva Asamblea Legislativa tras las elecciones de noviembre, el término de evaluación se extendía hasta noviembre, cuando concluye la segunda sesión ordinaria del cuatrienio.
Durante la primera sesión, la Cámara de Representantes llegó a aprobar una medida para aplazar el análisis legislativo hasta diciembre de 2026, pero el Senado no atendió el proyecto.
El informe parcial presentado al cierre de la sesión repasa el tracto procesal que ha seguido la Comisión Conjunta en los primeros meses de este año, que incluyen la designación de los respectivos miembros en ambos cuerpos, en febrero, así como reuniones ejecutivas con organizaciones ambientales y con los integrantes permanentes del Ceacc, entre marzo y junio.
Específicamente, el informe rendido al Senado y la Cámara señala que la Comisión Conjunta se reunió con representantes del Centro Caribeño del Nivel del Mar, El Puente de Puerto Rico y el Resiliency Law Center of Puerto Rico. Asimismo, se incluyeron como anejos memoriales sometidos en 2024 a la Comisión Conjunta por dependencias como la Autoridad de Edificios Públicos, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
El informe parcial no abordó interrogantes como el impacto fiscal que podrían tener las inversiones necesarias para implantar las estrategias enumeradas a lo largo del Plan, un elemento que se ha cuestionado desde las vistas de transición gubernamental a finales del año pasado. En cambio, los expertos encargados del desarrollo del documento han ripostado que la inacción tendría un costo a largo plazo de $379,000 millones asociado a las pérdidas vinculadas a desastres naturales.
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