La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes recomendó amonestar y sancionar con una multa al legislador Orlando Aponte Rosario por haber violentado las “Normas de Conducta” de dicho cuerpo legislativo al no notificar a tiempo la querella por presunta violencia doméstica que su esposa radicó tras alegar haber sido víctima de un patrón de maltrato físico y emocional por parte del legislador.

“De manera unánime tomamos la decisión de tomar acciones disciplinarias contra el compañero. Se va a someter una propuesta de sanción económica y de amonestación en el pleno que todavía no tiene un número final de dinero asignado”, señaló el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, Ángel Matos, al agregar que el monto a pagar se definirá en una próxima reunión la semana siguiente.

Tras hacerse públicos los señalamientos, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, presentó una queja contra Aponte Rosario ante la Comisión de Ética y lo relevó de las presidencias de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta de Evaluación del Código Penal.

Según las “Reglas de Comportamiento Ético” de la Cámara, Aponte Rosario tenía un término de cinco días para notificar al cuerpo legislativo el caso judicial en su contra. El representante alegó que había intentado comunicarse con Hernández Montañez, pero que las gestiones no fueron productivas.

Fue el pasado 13 de abril que la jueza Lorraine Biaggi Trigo, de la Sala Municipal del Tribunal de Primera Instancia de Toa Baja, emitió una orden de protección ex parte contra Aponte Rosario a solicitud de su esposa por un supuesto incidente de violencia doméstica. El 2 de mayo, sin embargo, el legislador informó que su esposa había retirado el recurso judicial y se expresó confiado en que la queja ante la Comisión de Ética se daría por concluida.

Durante los trabajos de hoy, sin embargo, el organismo legislativo también tomó la determinación de continuar el asunto correspondiente a las alegaciones de violencia doméstica en contra de Aponte Rosario. Al respecto, Matos explicó que para poder mantener la jurisdicción determinaron solicitarle al presidente de la Cámara que someta ante la Comisión de Ética las certificaciones oficiales de todo lo ocurrido el 13 de abril.

Matos detalló que la evidencia complementaria presentada por el presidente de la Cámara con la queja no está certificada oficialmente por las autoridades, por lo que no puede ser admitida. “En este caso el presidente tomó todo lo que, a través de redes sociales, programas de farándula y medios de comunicación obtuvieron de tribunales, pero es un requisito indispensable que eso sea debidamente certificado”, señaló.

“No podemos trabajar sobre documentos que tengan watermark de programas. A algunas de las piezas le faltan páginas y, ante un potencial tecnicismo como este lo que corresponde es pedir las certificaciones oficiales”, mencionó el portavoz de la Cámara al agregar que Hernández Montañez tiene un término de cinco días para presentar los documentos.

Por su parte, el representante Aponte Rosario cuestionó que los miembros de la Comisión de Ética decidiera atender por separado los dos asuntos planteados en la querella. De hecho, opinó que el organismo debió haber atendido en primera instancia las alegaciones de violencia doméstica en su contra. “Cómo puede ser que la raíz del problema no la están resolviendo y están atendiendo otras cosas que surgieron como consecuencia de esa situación que es la fundamental y que ya fue archivada”, dijo en referencia a que su aun esposa retiró la orden de protección solicitada.

Igualmente, rechazó que se recomiende la imposición de una multa. “Si se falló algo fue en el asunto de notificación, pero más allá de una amonestación no creo que debe haber una sanción más severa”, puntualizó.