Al no favorecer su aprobación, la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, presidida por Thomas Rivera Schatz, emitió este martes un informe negativo del proyecto de administración que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en La Parguera, en Lajas.

“Vi ayer (lunes) el informe y observé que la razón era que no habían bajado los memoriales que se le solicitaron a las agencias y, por eso, se estaba emitiendo un informe negativo. Como es un proyecto de administración, se rechazó el proyecto de la Cámara (de Representantes) y la versión del Senado; a ambos, se les dieron informes negativos”, confirmó la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez.

El Proyecto del Senado 272, equivalente al Proyecto de la Cámara 269, fue presentado, en enero, por la gobernadora Jenniffer González –como el Proyecto de Administración 003–, a solo tres semanas de haberse instalado en La Fortaleza y en medio de una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra sus suegros por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades en La Parguera.

Tras el informe negativo, la medida no puede ser llevada ante el pleno para votación.

La propuesta de González estipula la otorgación de licencias de 40 años para la ocupación de las estructuras existentes en el litoral de La Parguera. La legislación calca, en prácticamente todas sus disposiciones, una medida que, en 2016, fue avalada por el Senado y la Cámara de Representantes, antes de recibir el veto de Alejandro García Padilla, en medio de la amplia oposición de sectores ambientales y científicos.

Permitiría, entre otras cosas, la reparación de las residencias existentes para que “mantengan la pintoresca y colorida arquitectura que les ha convertido en un atractivo turístico”, y prohibiría “llevar a cabo obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura”, así como nuevos desarrollos. Igualmente, dispondría el cobro de cánones, que serían entre 5% y 10% mayor a los establecidos y cobrados por el DRNA a las marinas y muelles.

“Creo que el precedente que se creó cuando la gobernadora hizo la presentación de ese proyecto dicta mucho de las prioridades de un gobierno, y raya en lo antiético presentar una medida para beneficio de sus familiares. A la gobernadora, le tomó menos de un mes presentar el proyecto (de La Parguera), pero para una reforma contributiva tardaron un año”, señaló, en reacción, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández.

“Es un resultado prudente. La legalización de estas estructuras atenta contra la integridad de ese espacio y permitiría una concesión de privilegio a personas cercanas a la gobernadora que hubiese sido escandaloso. Ahora, esto no dispone de todos los asuntos de La Parguera”, dijo, por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago.

Persiste, recordó Santiago, la orden administrativa que emitió el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, que, en su versión original, archivaba las controversias relacionadas con la zona. Posteriormente, el titular enmendó la directriz para disponer que, en lugar de archivar automáticamente los casos, la Oficina de Oficiales Examinadores analice cada controversia y decida si deben desestimarse.

“Son muchas iniciativas dirigidas a un mismo propósito: aniquilar la protección de la zona marítimo terrestre y de los recursos naturales y seguir promoviendo la rapiña y el desplazamiento”, agregó.