La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado denunció este martes que más de una decena de medidas presentadas para atender la vulnerabilidad de las costas ante la crisis climática permanecen desatendidas o han recibido informes negativos durante su evaluación.

Entre las medidas rechazadas por las comisiones legislativas concernidas, están el Proyecto del Senado (PS) 393, para redefinir la zona marítimo terrestre; el PS 223, que crea una ley para la protección y restauración de dunas; y el PS 578, dirigido a la conservación de los humedales.

“La naturaleza y el partido de mayoría van en direcciones contrarias, y el resultado inevitable será el sufrimiento de enormes pérdidas para el país. Mientras más evidente es la necesidad de adoptar políticas públicas que reconozcan la especial vulnerabilidad de nuestras costas… mayor es la resistencia”, señaló la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago.

Algunas de las medidas, añadió Santiago, recibieron informes adversos, en oposición a lo recomendado por expertos y dependencias públicas.

“La crisis climática ya está cobrando un precio altísimo y es totalmente irracional que el PNP (Partido Nuevo Progresista) se niegue a adoptar iniciativas como hacer un inventario de la infraestructura vial en peligro, o evaluar la seriedad de la situación del aeropuerto internacional de Isla Verde”, subrayó.

También, recibieron informes negativos el PS 579, que dispone el uso en la zona costanera de estructuras de mitigación; el PS 581, para decretar la invalidez de ciertos documentos ambientales luego de transcurrido un período de cinco años; y el PS 296, que otorga facultades adicionales a las agencias para la protección de las tortugas marinas.

“El partido que no para de repetir ‘barrimos’ debe, tras las marejadas del (pasado) fin de semana, preguntarse cuánta arena tuvo que barrer el Municipio de Loíza, en Parcelas Suárez y Vacía Talega, o el Municipio de San Juan, desde Ocean Park hasta el Último Trolley. Lo que tiene potencial de barrer buena parte de la costa, amenazando vida y propiedad, son los efectos de la erosión y el aumento en el nivel del mar, y es una irresponsabilidad imperdonable la inacción que impone el PNP”, indicó, por su parte, el portavoz alterno del PIP, Adrián González Costa.

La misma suerte corrieron el PS 284, que les permitiría a los ciudadanos iniciar o participar en causas civiles o administrativas con el fin de proteger los recursos naturales; el PS 463, para enmendar la ley que crea la Reserva Marina Tres Palmas a los fines de extenderla; y el PS 580, que crearía la “Ley de Adaptación y Deslinde Costero en Respuesta a la Crisis Climática”.

La Resolución Conjunta del Senado 44, que le ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas identificar las carreteras y puentes localizados cerca de la línea de agua o dentro del alcance de la inundación por aumento del nivel del mar, recibió igualmente un informe que no recomienda su aprobación.