Pese a la incertidumbre en torno a quién manejará los servicios de salud de la población confinada durante el próximo año fiscal, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones, proyectó este miércoles que el programa requerirá una asignación de $72 millones, lo que representa $5 millones más que al presente.

La cifra, sin embargo, no contempla cualquier costo que conlleve la transición hacia un nuevo operador, si finalmente se concreta la salida de Physician Correctional, como ha prometido la administración de Jenniffer González.

“La preocupación es, de nuevo, presupuestaria, y eso pasa en muchas agencias de gobierno. Se toman decisiones que hay que seguirlas –son política pública de la administración o lo que fuera–, pero, cuando venimos a ver, nos descuadra el presupuesto o nos salen chichones adicionales que no contábamos”, alertó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier.

Durante la audiencia en la que se evaluó la propuesta del plan de gastos del DCR para el próximo año fiscal, el director de Presupuesto y Finanzas de la agencia, Julio Ortiz, indicó que el alza en el Programa de Salud Correccional, $67 millones a $72 millones, responde a satisfacer las necesidades de la población.

De los $72 millones, $12 millones serían para la administración del programa. “Hemos tenido que recurrir, a petición del Programa de Salud Correccional, en dos ocasiones, ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal por más dinero”, explicó Ortiz.

Fue el pasado 1 de julio que el DCR notificó a Physician Correctional su intención de cancelar el contrato, lo que dio paso a la apertura de una convocatoria para la contratación de un nuevo proveedor. A casi un año, la agencia tiene ante su consideración 10 propuestas que siguen bajo evaluación.

Sobre este trámite, Quiñones dijo, a los miembros de la Comisión, que trabajan en la contratación de un perito en áreas de administración hospitalaria, servicios médicos, psiquiátricos, farmacia, salud dental y capacidad económica para que realice una “evaluación exhaustiva”, que espera esté culminada en verano.

Quiñones no descartó que, al final del proceso, elijan a más de una empresa para el ofrecimiento de los servicios. “Tengo que decir que, mientras todo esto se da, Physician tiene, por obligación contractual, que mantener los servicios a la población correccional”, expresó.

“Hemos querido ser bien juiciosos. No estamos hablando de tomar, y sé que esa no es la preocupación, de tomar una decisión caprichosa. Estamos velando por los mejores intereses de la población correccional. Lo que queremos es que estos seres humanos... tengan los mejores servicios por los cuales el Estado está pagando”, subrayó.

La empresa, en tanto, mantiene una demanda contra el gobierno en un intento por impedir la “cancelación arbitraria e ilegal” del contrato, al alegar que la movida responde a “discrimen político” por su apoyo a Pedro Pierluisi durante la pasada campaña primarista.

Por otro lado, Quiñones confirmó que la población correccional con diagnóstico de hepatitis C sigue sin acceso a los medicamentos orales disponibles para tratar el virus. No obstante, aseguró que el Departamento de Salud incluirá, en su propuesta de presupuesto, los $12 millones necesarios para costear el tratamiento.

“El primer paso era identificar la población correccional que arrojara positivo a las pruebas. Esa etapa se hizo y ahora estamos en coordinación con el Departamento de Salud para la adquisición del tratamiento para, entonces, comenzar a tratar”, indicó.

En mayo del año pasado, el DCR sometió a los confinados a la prueba del virus de la hepatitis C, la condición de mayor prevalencia entre los 7,913 reos del sistema, que incluye a 332 mujeres. El 25% de los confinados dio positivo.

Actualmente, existen tratamientos que han resultado ser efectivos en el 95% de los casos de hepatitis C en un período de ocho a 12 semanas, según la Organización Mundial de la Salud. Estos medicamentos orales, sin embargo, no han estado disponibles para la población correccional desde enero de 2019.

“Tenemos que impactar a toda la población, eso es un compromiso de la gobernadora y no le vamos a fallar”, apuntó el titular.

El DCR presentó un presupuesto para el año fiscal 2026-2027, con cargos al Fondo General, de $489 millones, $46 millones por encima al vigente. De la petición, $274 millones irían destinados al pago de nómina y $157 millones, a gastos operacionales.