En una vista pública de la Comisión de Asuntos de la Familia, que terminó con un intercambio, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, defendió el estado de derecho vigente en el país sobre el aborto y cuestionó la agenda que, a su juicio, tiene el partido Proyecto Dignidad para coartar derechos de las mujeres y otros grupos minoritarios.

Las diferencias entre el titular de Justicia y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, surgieron en medio del análisis del Proyecto del Senado 495 -que propone requerir la autorización de al menos uno de los padres o del custodio legal de una menor de 18 años que decida realizarse un aborto en la isla-, propuesta que no fue avalada, tal y como está redactada, por Justicia.

“Este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas y yo creo que con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos a las mujeres, lo que faltaría es ponerles una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad y créame eso es algo impropio”, señaló el titular durante la audiencia.

De inmediato, Rodríguez Veve catalogó las expresiones de irrespetuosas. El funcionario volvió a diferir. “Las expresiones son respetuosas. No es respetuoso lo que ustedes pretenden hacer con la mujer puertorriqueña”, puntualizó Emanuelli. “Ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitándole derecho a todo el mundo”, agregó el jefe de Justicia.

En ese instante Rodríguez Veve le recordó a Emanuelli que su deber ministerial ante la Comisión de Asuntos de la Familia era discutir en términos jurídicos la medida. “¿Usted entiende que regular la práctica del aborto para asegurar la protección de estas menores ante una decisión irrevocable, irreversibe y permanente como es terminar un embarazo es volverse loco? ¿Usted entiende que eso es quitar derechos o puede reconocer que… las menores de edad pueden estar en situaciones de peligro?, cuestionó la senadora.

“Vuelvo a subrayar que me parece que las expresiones que usted ha hecho le faltan el respeto a un gran número de puertorriqueños que entienden no solamente que este es el proceder legislativo correcto, sino que, además, entienden que a través de una legislación como esta se procura, no solo reconocer el derecho de los niños por nacer… sino además asegurar la protección del mejor bienestar de las niñas y adolescentes, particularmente aquellas que pudieran ser víctimas de agresión sexual”, señaló Rodríguez Veve.

La senadora, dirigiéndose al funcionario, tachó las expresiones “discriminatorias por ideas políticas”. “Creo que todo madre y padre responsable que ame y cuide a sus hijos estaría de acuerdo con este proyecto”, sostuvo Rodríguez Veve.

Emanuelli insistió en que sus expresiones no tenían la intención de faltarle el respeto, sino que con estas buscaba “proyectar y dibujar la falta de resepto de ustedes en contra de las mujeres y otros”. En ese instante, Rodríguez Veve le cuestionó a quien se refería cuando hablaba de ustedes. “¿Me autoriza? Ustedes es el movimiento que usted pertenece (Proyecto Dignidad) y un grupo de personas que son fundamentalistas”, enfatizó.

“Usted está compartiendo, como ha dicho, lo que usted siente. Me parece a mí que de forma desentonada con lo que es la discusión jurídica que para eso le hemos llamado”, señaló Rodríguez Veve.

Emanuelli Hernández luego aclaró, mediante declaraciones escritas, que sus expresiones durante la vista no fueron dirigidas a un partido en particular, sino que fueron “para ilustrar el alcance de la legislación propuesta”.

“La evaluación del Proyecto del Senado 495 fue realizada a la luz de lo que dispone la Constitución de Puerto Rico y la jurisprudencia sobre el derecho a la intimidad, que históricamente ha sido amplio para garantizar mayores libertades y derechos a todos los individuos. A base de esto, presentamos nuestras recomendaciones jurídicas a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado enfocadas en la protección de las menores de edad, sobre todo aquellas que se encuentran en una posición vulnerable por razones sociales y económicas”, escribió el letrado.

“Al finalizar la vista pública, también expresé mi sentir a nivel personal, como ser humano y abogado, que no representa la posición del Departamento de Justicia ni del Gobierno de Puerto Rico. Aclaro que la intención de mis expresiones personales no va dirigida a Proyecto Dignidad ni a particularizar a partido, grupo o sector alguno, sino a ilustrar el alcance de la legislación propuesta.

De la vista pública solo participó Rodríguez Veve y la portavoz en el Senado de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén -tras concluido el intercambio- se disculpó con el secretario. “Le pido disculpas porque entiendo que usted fue citado aquí para dar su opinión legal y no para colocarlo en una situación de tener que entrar en expresiones personales y eso pasa cuando las vistas se convierten... para tratar de poner en la boca de los deponentes posiciones que son personales”, expresó.

La vista -la última en la evaluación del Proyecto del Senado 495- buscaba que el Departamento de Justicia aclarara las discrepancias que existen sobre el estado de derecho aplicable cuando una menor decide practicarse un aborto.

El Departamento Salud sostiene que la propuesta legislativa era innecesaria, “ya que el estado de derecho vigente ha provisto mecanismos legales para atender diversos escenarios vinculados con la capacidad legal de consentir que resultan adecuados a la hora de crear un balance para atender y proteger le bienestar de los menores”. Justicia, sin embargo, opinó que el estado de derecho vigente no debe ser inalterado.

“Ponerle una edad específica para que tengan que pedir permiso para abortar no es correcto”, dijo Emanuelli, aunque reconoció la potestad de los senadores y representantes a regular el asunto sujeto a unas salvaguardas constitucionales, así como que, en el país, el aborto en menores de 18 años no está regulado. “Ustedes tienen capacidad para legislar pero no para castigar”, agregó.