La Cámara de Representantes aprobó este jueves extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la entrada en vigor de la Ley 51-2022, que prohíbe utilizar los plásticos de un solo uso en Puerto Rico.

“Se hace necesario revisar y reformar la legislación vigente para encontrar un equilibrio entre la protección del medioambiente y la viabilidad económica de las industrias afectadas”, lee el Proyecto de la Cámara 277, de la autoría de la representante Tatiana Pérez, del Partido Nuevo Progresista.

La medida fue aprobada con 46 votos a favor y cinco en contra.

A finales de enero, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) detuvieron la implementación de la Ley 51, hasta el próximo 1 de julio, luego que dejaran sin efecto su interpretación relacionada con la prohibición de plásticos de un solo uso, que era objeto de un pleito en los tribunales.

Originalmente, el PC 277 proponía derogar la Ley 51.

“Este proyecto va a permitirle a Recursos Naturales seguir pateando la lata... Lo correcto sería llamar nuevamente a todas las partes interesadas a que se sienten y ver cómo se puede redactar un reglamento, porque parece que no tienen idea cómo hacerlo”, sostuvo, por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago.

Además de posponer la vigencia del estatuto, el proyecto ordena crear un comité de trabajo que tendría la responsabilidad de proponer un marco regulatorio, así como posibles enmiendas a la Ley 51, “tomando en cuenta un balance económico-ambiental”.

El grupo de trabajo, que sería presidido por la secretaria del DACO, estaría integrado, además, por representantes del DRNA y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como portavoces de la industria del reciclaje, la Asociación de Restaurantes, la Cámara de Comercio y la Asamblea Legislativa.

Un espacio fue separado, asimismo, para los grupos ambientales “debidamente reconocidos”. Este representante, sin embargo, será designado por la gobernadora Jenniffer González.

Desde su aprobación, comerciantes –especialmente dueños de establecimientos de comida– cuestionaron no solo el estatuto, sino el reglamento emitido por el DRNA y el DACO porque, a su juicio, persistían dudas sobre qué es un producto reusable, qué es compostable y cómo saber el nivel de compostabilidad de un utensilio, entre otros.

La medida pasa ahora a la consideración del Senado.