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La Cámara de Representantes aprobó esta tarde, aunque con enmiendas sustanciales, una Resolución Conjunta con la que se reponen, por disposición de la Junta de Supervisión Fiscal, $536 millones al Fondo de Emergencia del presupuesto.
La pieza legislativa, la Resolución Conjunta de la Cámara 736 (RCC 736) cruza al Senado, que sesiona mañana. La Cámara recesó sus trabajos hasta el lunes.
Con cambios a la RCC 736, se añaden otras asignaciones a la medida como $200,000 a la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas a ser utilizados en el distrito representativo 33 (San Lorenzo, Juncos y Las Piedras), otros $200,000 a la Autoridad de Tierras a utilizarse en el distrito representativo 12 (Manatí, Morovis, Vega Baja y Vega Alta), $234,800 al Municipio de Aguada y $100,000 al Programa de la Alianza para la Educación Alternativa.
Estas asignaciones provienen de resoluciones años anteriores, por lo que se desconoce la postura de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a estas reasignaciones.
La pieza legislativa también sirvió para asignarle presupuesto a la Comisión Industrial ($17.3 millones) y Negociado de la Lotería ($45.6 millones).
La Cámara, de otra parte, concurrió hoy con el lenguaje incluido por el Senado al Proyecto del Senado 1223, que permite la práctica supervisada de estudiantes de quiropráctica y también concurrió con los cambios del Senado al Proyecto de la Cámara 2238 (PC 2238), que hace enmiendas técnicas a la Ley de Sustento de Menores.
Enmiendan la Ley de ASUME
El PC 2238, presentado por el vicepresidente de la Cámara de Representante, José “Pichy” Torres Zamora, está fundamentado, según se dispone en la Exposición de Motivos y en la ponencia de ASUME en la supuesta necesidad de que la agencia tiene que atemperarse al Código de Regulaciones Federales y a regulación de la Oficina de Cumplimiento de Manutención Infantil (OCSE, por sus siglas en inglés), una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos Federal.
Según la ponencia de Asume, firmada por la administradora interina Stephanie García Vidal, el 66% del presupuesto de Asume proviene de la OCSE, por lo que la dependencia estatal “debe modificar su Plan Estatal para asegurarse que el mismos cumple con las enmiendas al Código de Regulaciones Federales aprobadas el 20 de diciembre de 2016” o se expone a perder $19 millones en fondos federales.
Uno de los cambios propuestos por el PC 2238 modifica el estado de derecho vigente que establece los criterios para calcular las guías mandatorias de pensión de alimentos. Actualmente se dispone que estas guías estarán basadas en “criterios numéricos y descriptivos”, pero con el nuevo lenguaje se establece que las guías estarán basadas en “los ingresos, ganancias y otra evidencia que refleje la capacidad de pago de la persona no custodia y de la persona custodia”.
El análisis de la medida, tanto en la Cámara como en el Senado, solo contó con la posición de Asume, por lo que se desconoce la postura de abogados de familia que trabajan este tipo de casos a diario.
Otro cambio a la Ley de Asume (Ley 30-1986) establece la encarcelación de un alimentante por un término de más de 180 días como motivo suficiente para que se modifique una pensión de alimentos. A esos efectos, el proyecto dispone que el director del Programa de Sustento de Menores en Asume podrá, por iniciativa propia, iniciar el procedimiento de revisión “y de proceder” modificar una pensión alimentaria cuando el no custodio sea encarcelado por más de 180 días independientemente de delito.
“(Asume) notificará a las partes sobre su derecho a solicitar una revisión o modificación a la pensión alimentaria”, lee la medida en que se le requiere al Departamento de Corrección y Rehabilitación notificar de forma inmediata a Asume la información de todo alimentante que haya sido recluido en una institución correccional o sentenciado a una pena de más de 180 días.
El PC 2238, también en cumplimiento con reglamentación federal, dificulta el escenario para que un juez encuentre incurso en desacato a un alimentante que no cumpla con la pensión de alimentos. Actualmente la ley de Asume dispone que, ante cualquier escrito de solicitud de declaración de desacato, el tribunal tendrá que calendarizar una vista con su correspondiente diligenciamiento de la orden, resolver por escrito y notificar a las partes en un término no mayor de 20 días laborables. Con el proyecto propuesto, se requiere que el Tribunal determine si el alimentante tiene la capacidad económica para cumplir con el pago de la pensión ya establecida antes de llegar a una determinación.
Finalmente, la Cámara no concurrió con los cambios introducidos por el Senado al proyecto de administración que crea un sistema de recopilación de estadísticas de casos de sobredosis al uso de sustancias controladas.
El senador independiente José Vargas Vidot ha condenado la medida al argumentar hay medidas de su autoría engavetadas en la Legislatura que atienden de manera correcta el abuso de sustancias controladas.
