Luis Raúl Torres, representante. (Ramón “Tonito” Zayas)

La Cámara de Representantes aprobó una resolución para posponer hasta el 15 de enero de 2022 -o una fecha posterior- la implementación del contrato de Luma Energy para que, dentro de ese periodo, se incluyan enmiendas al contrato.

La pieza legislativa ordena expresamente el cumplimiento de esta disposición a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH), a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al Negociado de Energía

Tras la votación, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez indicó a la prensa que, aunque no cree en darle instrucciones a miembros del cuerpo legislativo hermano, sí entiende que el Senado debe actuar “lo antes posible”.

Luma Energy tomaría control de la AEE el 1 de junio.

Hernández Montañez indicó que el tema de Luma Energy es prioridad para el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, pero no contempla reunirse con él para discutir los próximos pasos. En dicho cuerpo, el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau, realiza su propia pesquisa sobre el contrato de Luma.

“Para que sea diligente y efectivo debe aprobarse lo más pronto posible. Esa es la realidad”, dijo Hernández Montañez. “Creo que cada cuerpo tiene una responsabilidad y reconoce qué es prioridad y qué no lo es. Desde la Cámara no puedo establecer las prioridades al otro cuerpo”.

“Lo que hay que medir es si para el Senado es prioridad”, dijo el presidente de la Cámara.

De otra parte, el representante Torres defendió los hallazgos de su pesquisa.

“Con todos los hallazgos que hemos encontrado en esta investigación, resulta claro que nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores es proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y que incluyan las enmiendas… pero al menos tenemos que abrir la puerta para que ese contrato pueda ser enmendado para proteger los mejores intereses de Puerto Rico y los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo el representante popular Luis Raúl Torres al presentar el informe positivo sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 88.

Torres encabezó una investigación en la Cámara sobre los alcances del contrato entre el gobierno y Luma Energy. Mientras, el secretario de Estado, Larry Seilhamer, fue designado por el gobernador Pedro Pierluisi para encabezar un comité timón dirigido a fiscalizar y revisar el contrato de Luma Energy y está recibiendo propuestas de enmiendas como, por ejemplo, de la Utier.

Las enmiendas buscarían reducir los costos tarifarios y el “endeudamiento desmedido y el despilfarro”, garantizar una efectiva supervisión a LUMA Energy, garantizar por escrito en el contrato los derechos de los empleados de la AEE, aclarar cláusulas “vagas e imprecisas” y permitir que la Junta de Gobierno de la AEE tenga supervisión directa sobre el acuerdo.

En el campo laboral, la RCC 88 ordena que cualquier empleado de la AEE que pase a trabajar a LUMA Energy mantenga su condición de empleado de la corporación pública.

Además, la RCC 88 ordena a la AAPP y a la AEE a ejecutar las conclusiones y recomendaciones de un Panel Independiente de Ciudadanos a ser creado por la pieza legislativa. Este panel estaría integrante por representantes del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, el Colegio de contadores Públicos Autorizados y, además, un abogado o abogada con experiencia en derecho corporativo, obligaciones y contratos, un catedrático de la Facultad de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, un ciudadano nombrado por el gobernador o gobernadora, un ciudadano representante del Senado y un ciudadano representante de la Cámara.

Este panel tendría que revisar el contrato de LUMA Energy y redactar un informe en 180 días con hallazgos y recomendaciones.

La RCC 88 también ordena a todas las partes involucradas, como la AAPP, la AEE, el Negociado de Energía, LUMA Energy, sus subsidiarias y compañías matrices y a cualquier entidad encargada de custodia propiedad o fondos públicos a cumplir con la Constitución de Puerto Rico que establece que solo se dispondrá de propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de instituciones del Estado.

Al repasar algunos de los hallazgos de la investigación que ha realizado a lo largo de 14 vistas públicas, Torres indicó que las enmiendas a incluirse en el contrato de Luma Energy buscan evitar el despilfarro de fondos públicos, que Luma Energy y sus subsidiarias tengan una adecuada supervisión y garantizar por escrito los derechos de los trabajadores.

“Sus empleos, derechos adquiridos, beneficios, sus 10, 15, 20 o 30 años en la AEE se echarían por el desperdicio”, dijo Torres.

Según el legislador popular, con la resolución conjunta se persigue evitar que litigios contra Luma Energy se paguen con fondos públicos.

“Es lamentable que cuando se negoció y adjudicó y se llevó ante el Negociado de Energía no hubo un espacio abierto para que la ciudadanía se enterara e hiciera aportaciones para mejorar lo que se estaba negociando. Se hizo en cuartos oscuros y a espaldas de los mejores intereses del país y nuestro pueblo… no hubo participación de los propios trabajadores de la AEE”, dijo Torres.

Torres enumeró otros factores, como la importancia de servicio eléctrico para los sistemas de bombeo de agua potable y cómo duda que Luma Energy tenga eso dentro se sur prioridades. Igualmente, señaló que el contrato con el consorcio no garantiza ahorros en el costo de la luz, está lleno de “costos ocultos” y que no está claro de dónde saldrán $890 millones que necesitará la AEE para financiar el contrato.

“Esto es lo que los abogados llaman un contrato leonino, hecho para beneficiar una de las partes y en este caso es Luma Energy”, afirmó Torres. “Esto es un robo sin armas ante la cara del pueblo de Puerto Rico y ante la cara de estos funcionarios que no tuvieron la valentía de proteger los mejores intereses del país”.

Al oponerse a la RCC 88, el representante penepé Víctor Parés Otero optó por enfilar sus cañones contra la AEE al recalcar que su sistema eléctrico es “deficiente, obsoleto, severamente afectado, en precario”. Acto seguido, dijo que su delegación defiende a los trabajadores de la AEE y que si se identifican posibles enmiendas para garantizar los derechos de los empleados, que así sea.

Los representantes penepés Juan Oscar Morales, José “Pichy” Torres Zamora y Jorge Navarro Suárez también se expresaron en contra de la resolución.

Parés Otero dijo que el pasado cuatrienio representantes de la Cámara de Comercio señalaron en vistas públicas que potenciales inversionistas siempre preguntan por el sistema eléctrico del país y el costo de la energía.

“No funciona, requiere acción e inyección inmediata”, dijo Parés Otero, quien no hizo una sola alusión a la necesidad de que se incluyan enmiendas al contrato. “La transmisión y distribución que va a su casa, su hogar, su apartamento, estoy seguro que usted sabe que el sistema de energía eléctrica tiene dos o tres bajones y apagones (por día)”.

“Que alguien me diga que el sistema eléctrico opera 100% y en su máxima capacidad”, insistió.

Parés Otero señaló que, ante este escenario, hay que asumir posturas “diferentes y distintas” que la opción de la alianza público privada fue la correcta.

“En ese cuadro tétrico, complicado y difícil hacemos este cambio para que Puerto Rico tenga un sistema eléctrico fuerte, sea resistente… pero tenemos que contar con un sistema eléctrico fortalecido”, añadió.

El legislador penepé, quien hizo un repaso de supuestas alianzas público privadas que han sido exitosas, señaló que el estado de derecho actual en la Ley 120-2018 consigna que los empleos de los trabajadores de la AEE “están seguros”, aunque la propia gerencia de Luma Energy no ha podido garantizar el empleo de todos los trabajadores de la corporación pública que soliciten laborar para la privatizadora.

De hecho, tampoco está claro el futuro laboral de los empleados de la AEE que no trabajen con la privatizadora.

El representante independentista Denis Márquez, quien insistió en que la política del Partido Independentista Puertorriqueño es la cancelación del contrato, describió como una “barbaridad” el acuerdo con Luma Energy y afirmó que, si bien existe un consenso en el país sobre la precariedad que enfrenta la AEE, “ha sido consecuencia de la criminalización de la AEE y del servicio público”.

“Los que han administrado el país durante la existencia de la AEE son los que los han llevado a la quiebra y han sido una partida de irresponsables con el país”, afirmó Márquez. “La convirtieron (a la AEE) en un centro de empleos para el beneficio de las campañas políticas”, mientras la dejaban deteriorarse.

“No tengo problemas que haya empresas privadas y desarrollo económico, pero los haberes del país... tenemos la capacidad de renovarla, de reconstruirla”, dijo.

“Es un contrato que en nada beneficia al país”, dijo Márquez al referirse al convenio con Luma Energy.

Márquez señaló que el contrato no reconoce convenios colectivos y eso coloca en peligro los empleados que puedan pasar a la empresa privada.

La portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, indicó que mientras continúa “la campaña mediática” en contra de la AEE y sus trabajadores para impulsar la privatización.

“Aquí la Junta de Control Fiscal viene a exigir control fiscal y cualquier persona que tenga un poco de inteligencia ve que en ese contrato no hay responsabilidad fiscal. Es una botarata de dinero. Que no diga la Junta de Control Fiscal que el gobierno tiene que tener responsabilidad fiscal y a la misma vez aprobar ese contrato”, sostuvo Nogales Molinelli, quien describió el contrato con Luma Energy es un “robo a mano armada”.

Nogales Molinelli, al insistir en que el contrato debe ser impugnado y que del gobierno tener éxito, debería recibir dinero de vuelta, describió a Luma Energy como una empresa que no está comprometida con la energía renovable y que puede comprarles energía a subsidiarias. Dijo que se trata de una “compañía de papel” que no tiene ningún compromiso con el país.

“Hay que impugnar el contrato en los tribunales y Luma debe de devolver el dinero mal habido y robado. El compromiso es con los chavos que van a hacer… y se van”, dijo. “No podemos garantizar que habrá ahorros… y no hay mecanismos de fiscalización o consecuencias si no se dan esos ahorros”.

💬Ver comentarios