De izquierda a derecha, el presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández, junto a Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión cameral de Hacienda.
De izquierda a derecha, el presidente de la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández, junto a Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión cameral de Hacienda. (Ramón “Tonito” Zayas)

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, indicó esta mañana que hay ambiente entre el grupo técnico de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de evaluar una serie de alternativas que ha propuesto la Legislatura para identificar suficiente dinero para evitar lograr dos cosas: el recorte de $44 millones en el Fondo de Equiparación de los gobiernos municipales y asignarles más dinero a los municipios para sufragar el gasto del Plan Vital.

Santa Rodríguez, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el senador Juan Zaragoza se reunieron ayer en la tarde con asesores del ente fiscal. Por un lado, Santa Rodríguez indicó que los legisladores argumentaron que han identificado cierto dinero federal que se puede utilizar para lograr un recorte de $100 millones en el presupuesto, que es una especie de exigencia de la JSF como mecanismo para lograr una reserva adicional de dinero.

Actualmente, hay dos medidas pendientes en la Legislatura que están en una especie de limbo en espera por una reacción de la Junta. La resolución del presupuesto y el Proyecto de la Cámara 1367, que identifica el mecanismo con que se pretende sustituir el recaudo del impuesto a las empresas foráneas.

Dentro del PC 1367, la Cámara incluyó una serie de iniciativas dirigidas a generar dinero adicional para los municipios, esto con la intención de evitar el recorte en el Fondo de Equiparación.

Una de estas iniciativas, según Santa Rodríguez, le permitiría al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) acelerar, sin tener que aumentar tasas, el trámite de cobro por impuestos a la propiedad. En la actualidad, los bancos se dejan llevar por una tasación para determinar el valor de la propiedad, pero el CRIM depende de lo que se conoce como una tasación de reemplazo que equivale al precio que costaría el reemplazo de la propiedad.

El CRIM defiende esa tasa porque deja fuera de la ecuación el factor de ubicación de la propiedad, con lo que se logra tratar con la misma vara a un contribuyente, viva en la ruralía o viva en el Condado. No obstante, el CRIM puede tardar años desde el momento en que se cierra una transacción hipotecaria para hacer su propia tasación, lo que atrasa el proceso de cobro del impuesto sobre la propiedad.

Según Santa Rodríguez, existe un mecanismo para convertir el valor de tasación en valor de reemplazo, lo que le permitiría al CRIM acelerar el cobro que aplique y sanear sus finanzas.

“La propuesta es que el CRIM acepte la tasación del banco, hace el modelo para cambiar la tasación por valor de reemplazo”, dijo Santa Rodríguez, al insistir que el mensaje a la JSF incluye la salvedad de que el dinero adicional a ser generado mediante ese mecanismo no se reflejará inmediatamente.

“La teoría de la JSF es que si el CRIM hiciera su trabajo, el gobierno central no tendría que subsidiar a los municipios. Pues si esa es la teoría, ayúdame implementar esto”, dijo Santa Rodríguez. “Lo que se le dice a la Junta es que ese dinero que le quieren recortar a los municipios, pues va a tomar unos años para que se genere, pero van a cubrir por el dinero que quieren recortar. Estamos logrando que los municipios se muevan”.

La otra propuesta para levantar más dinero va dirigida a uniformar el impuesto del “room tax” a una tasa única de 11%. Actualmente, esa tasa solo aplica a hoteles con casino, mientras que aplica una de 9% a hoteles sin casino y otra de 7% a hoteles pequeños, paradores y plataformas digitales de alquiler a corto plazo.

Al establecer una sola tasa de 11%, se le garantizaría a los gobiernos municipales un 2%, lo que generaría unos $22 millones anuales, según Hernández Montañez.

La tesis de los populares es que esta propuesta alentaría a los alcaldes a identificar estas propiedades para no solo ponerlas a pagar, sino también se reclasifique el uso de la propiedad de residencial a comercial.

Sobre el tema del impuesto a las empresas foráneas, la JSF reiteró ayer su requisito de la medida a ser legislada sea neutral fiscalmente hablando. Eso significa que los umbrales que se quiere legislar para que las empresas tributen a base de sus ingresos, pero tomando en cuenta otros elementos como la creación de empleos, cumplan con el plan fiscal, que estima que el ingreso al fisco no debe ser menos de $1,400 millones anuales.

El Nuevo Día supo que existe preocupación entre algunas grandes compañías estadounidenses que los umbrales fijados en el PC 1367 los pondrían a pagar más que en la actualidad.

Santa Rodríguez indicó que la JSF se expresará en los próximos días sobre las propuestas de la Legislatura. Hoy le toca al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, hacer su propia presentación sobre el tema de las foráneas a la JSF.

“Ellos dijeron que van a evaluar las propuestas e insistieron en que tienen que ser neutral”, dijo.

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