Tras recibir este miércoles el aval del Senado, el proyecto que extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la puesta en vigor de la ley que prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso en Puerto Rico está listo para la consideración y firma de la gobernadora Jenniffer González, en La Fortaleza.

El Proyecto de la Cámara (PC) 277, de la autoría de la representante Tatiana Pérez, del Partido Nuevo Progresista, recibió 25 votos a favor y tres en contra.

“Entiendo que la medida es loable, que tenemos que ser ecoamigables, pero, por tener una ley e implementarla así porque sí, hoy estamos sufriendo las consecuencias”, dijo la senadora Nitza Morán, también del PNP, durante la discusión en el hemiciclo.

A finales de enero, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) detuvieron la implementación de la Ley 51-2022, hasta el próximo 1 de julio, luego que dejaran sin efecto su interpretación relacionada con la prohibición de plásticos de un solo uso, que era objeto de un pleito en los tribunales.

Originalmente, el PC 277 proponía derogar la Ley 51.

Según Morán, la posposición debió haber ocurrido durante la pasada sesión legislativa, pero los esfuerzos fueron infructuosos luego que la medida fuera detenida en la Cámara de Representantes. “Vemos el resultado de un desespero en la industria de la distribución, de la confección, de la manufactura y de aquellos que hacen negocios en Puerto Rico para traer productos biodegradables, sin éxito alguno”, argumentó.

Además de posponer la vigencia del estatuto, el proyecto ordena crear un comité de trabajo que tendría la responsabilidad de proponer un marco regulatorio, así como posibles enmiendas a la Ley 51, “tomando en cuenta un balance económico-ambiental”.

El grupo de trabajo, que sería presidido por la secretaria del DACO, Valerie Rodríguez Erazo, estaría integrado, además, por representantes del DRNA y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, así como portavoces de la industria del reciclaje, la Asociación de Restaurantes, la Cámara de Comercio y la Asamblea Legislativa.

Un espacio fue separado, asimismo, para los grupos ambientales “debidamente reconocidos”. Este representante, sin embargo, será designado por la gobernadora.

Desde su aprobación en 2022, comerciantes –especialmente dueños de establecimientos de comida– cuestionaron no solo el estatuto, sino el reglamento emitido por el DRNA y el DACO porque, a su juicio, persistían dudas sobre qué es un producto reusable, qué es compostable y cómo saber el nivel de compostabilidad de un utensilio, entre otros.

La Cámara había aprobado el PC 277 el 19 de junio.