La creciente venta y administración de medicamentos para adelgazar sin autorización de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) no solo expone a los consumidores a ingredientes y parámetros de fabricación desconocidos, sino que -a largo plazo- su uso podría tener implicaciones serias sobre la salud, advirtió este jueves el senador Carmelo Ríos.

Según el legislador novoprogresista, recientemente se ha observado un aumento “alarmante” en la distribución de medicamentos compuestos sin la supervisión médica adecuada. Aunque la práctica no es desconocida, ese incremento, dijo, se ha agudizado en el caso de los fármacos GLP-1, utilizados para el tratamiento de la diabetes y la obesidad.

“Tiene que haber supervisión médica en la cadena, sin duda. De lo contrario, estaríamos jugando a la ruleta rusa y puede costar vidas, si no es que lo ha costado ya y no está en las estadísticas”, subrayó el vicepresidente del Senado.

Según Ríos, algunos de estos medicamentos no autorizados llegan de países como Colombia y China, que no están regulados por la FDA, pero otros son preparados “ilegalmente” y administrados en entornos locales no regulados y sin la supervisión de un profesional de la salud. Estos establecimientos, que operan sin la fiscalización de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (Sarafs) y la Junta Examinadora de Farmacia, representan “puntos ciegos regulatorios”.

“Nosotros vamos a asegurar que lo que está llegando a Puerto Rico sean los medicamentos con la custodia, con la calidad, pero, sobretodo, con la seguridad de que lo que se esté inyectando es conforme a las mejores prácticas de la medicina”, señaló en una conferencia de prensa, en la que anunció que presentó el Proyecto del Senado 858 para atender ese asunto.

“Reconozco que hay una industria que es fuerte, que está ahí. No estamos en contra de esa industria. Yo lo que quiero es que, cuando fulano o mengano vaya a un sitio..., no le inyecten algo desconocido”, apuntó.

La mencionada legislación otorgaría a la SARAFS, a la Junta Examinadora de Farmacia y al Departamento de Justicia la responsabilidad de publicar, dos veces al año, un informe sobre la supervisión de la preparación de medicamentos y los riesgos asociados con dichas prácticas.

El documento debe incluir, entre otras cosas, el número inspecciones realizadas a instalaciones licenciadas en la preparación de medicamentos compuestos y a establecimientos dedicados al manejo, almacenamiento, administración y distribución de fármacos preparados en el ámbito minorista.

Asimismo, debe integrar cualquier deficiencia o posible evaluación y el número de investigaciones abiertas y acciones disciplinarias impuestas por las entidades regulatorias. “Lo que estamos mirando, desde el punto de vista estatal, es que... podamos establecer lo que son las reglas para nosotros hacer negocios y, a la misma vez, qué es lo que es permitido dentro de la jurisdicción”, señaló.

En Puerto Rico, según se explicó, hay tres farmacias –bajo la clasificación 503B– autorizadas para confeccionar medicamentos compuestos a menor escala.

Ríos reconoció que el costo de estos medicamentos es menor versus los aprobados mediante regulación federal, y que ese factor podría ser una las razones para su proliferación. Pero enfatizó los riesgos que conllevan.

“Mi llamado a la ciudadanía es que, a veces, lo barato sale caro y que la mejor fórmula para la obesidad es una buena alimentación... ¿Cuánto cuesta estar hospitalizado? ¿Cuánto cuesta perder la vida? ¿Por un riesgo de $100 o $200?“, apuntó. “No estamos en el negocio de cerrar negocios, pero tienen que cumplir”, subrayó.