Los comisionados del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) defendieron este jueves las condiciones que han delineado para autorizar a Genera PR a proceder con múltiples conversiones de unidades generatrices al uso de gas natural, ante reclamos recientes del operador privado y la gobernadora Jenniffer González, que han alegado que las modificaciones producirían ahorros ascendentes a cientos de millones de dólares anuales.

“Se esperaba que, luego de las expresiones del NEPR (de aprobar condicionadamente las gasificaciones), se dieran unos procesos adicionales que todavía, aparentemente, no se han dado o, por lo menos, a nosotros no nos han sometido evidencia de que se ha cumplido con esas condiciones. Por eso, es falso decir que el NEPR está en contra de conversiones a gas. No estamos en contra de ninguna tecnología en específico y, en este caso en particular, en la protección del interés público, era crucial que no hubiera otro monopolio que nos deje las manos atadas a un solo suplidor”, señaló la comisionada Lillian Mateo Santos, en una vista pública ante la Comisión de Gobierno del Senado a la que comparecieron los cinco integrantes del NEPR.

A preguntas del presidente de la Comisión, el senador Ángel Toledo, los comisionados hicieron hincapié en que el análisis de las conversiones trasciende la mera comparativa entre los precios del diésel y el gas natural licuado, sino que debe tomar en cuenta factores como los costos de los proyectos para modificar las unidades de generación, la vida útil que se anticipa para las plantas y la frecuencia en el uso de las máquinas.

Sobre ese último punto, el comisionado Ferdinand Ramos Soegaard señaló que las nueve plantas que se pretende convertir, en las centrales de Mayagüez, Palo Seco (Toa Baja) y Cambalache (Arecibo), son unidades de respuesta rápida, de menor utilización, lo que limita el potencial de ahorro real para los consumidores.

“Parte de las justificaciones que Genera da para hacer esa conversión representan esas máquinas con un factor de capacidad (nivel de utilización) más alto para hacer ver que tiene un ahorro significativo, cuando la realidad es que depende mucho del uso de que se le dé”, afirmó Ramos Soegaard.

El presidente del NEPR, Edison Avilés, recordó por su parte, que Genera PR tiene en sus manos un proyecto retrasado para reemplazar la flota de respuesta rápida por unidades diseñadas para utilizar gas natural, máquinas que, en gran medida, se espera que sustituyan la necesidad de utilizar las nueve plantas en proceso de gasificación.

Avilés recalcó, a su vez, que, además de la veintena de proyectos de energía renovable en distintas etapas de ejecución, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) tiene previsto administrar próximamente una licitación para contratar hasta 3,000 megavatios en capacidad de generación adicional, con lo que se lograría “renovar por completo” la flota de producción en el país.

Si bien Genera PR ha sostenido públicamente que las conversiones pueden representar economías en torno a los $300 millones anuales –lo que se traduciría en un ahorro de casi dos centavos por kilovatio hora en la factura– y ha señalado al NEPR de supuestamente retrasar el trámite por año y medio, el comisionado Antonio Torres Miranda puntualizó que la cifra debe contrastarse con el costo de instalar la infraestructura de gasificación. En el caso de la planta de Mayagüez, la inversión inicial rondaba los $36 millones, pero el ahorro totalizaba unos $8 millones anuales, lo que hubiera supuesto que las economías no se materializarían hasta dentro de varios años.

“Si comparo el precio del diésel en tiempos de emergencia, que es más caro, contra el gas, el ahorro está sobreestimado, porque eso va a ocurrir en algunas excepciones durante el tiempo. Si lo comparo en tiempos que no son de emergencia, el ahorro es menos. No estoy esperando que sea exorbitante el ahorro, (pero) tengo que tener claro cuál es el ahorro a ver si se sostiene contra otros gastos para la conversión”, abundó Mateo Santos.

La licitación que la AAPP encaminó desde abril para buscar suplidores de gas natural a largo plazo fue uno de los requisitos que el NEPR estipuló para aprobar de forma definitiva las gasificaciones. De ese proceso, se adjudicó un contrato a la naviera Crowley para el suministro a Mayagüez, mientras que el acuerdo con New Fortress Energy para continuar supliendo a las centrales de Palo Seco y San Juan sigue siendo objeto de intercambios con la Junta de Supervisión Fiscal, que ha levantado bandera por la relación de la gasífera con Genera PR, una de sus filiales.

“No hemos tenido la oportunidad de ver ese contrato. Cuando lo tengamos, veremos. Pero, en la medida que ellos (Genera PR) cumplan con esos requisitos de las condiciones que implementamos, esas conversiones se pueden dar. Si en el proceso no se dan esas condiciones, tendrán que venir donde nosotros y decir ‘no pudimos cumplir con esas condiciones y esto fue lo que logramos’. Eso es un diálogo que se va a dar a futuro”, indicó Avilés, en un aparte con la prensa, tras la conclusión de la vista senatorial.