Aunque reconoció virtudes en la legislación presentada a petición de la Federación de Alcaldes como mecanismo para allegar fondos adicionales a las arcas municipales, la gobernadora Jenniffer González afirmó este domingo que, al momento, optaría por no firmar el proyecto de ley que aumentaría, hasta en $50 mensuales, los impuestos asociados al uso del celular.

“Todavía estoy esperando memoriales de algunas de las agencias de gobierno, que les he pedido que me puntualicen qué impacto tiene equis o ye enmienda antes de tomar una decisión final, pero, en este momento, no me inclino a firmarlo”, sostuvo la primera ejecutiva en un intercambio con los medios de comunicación.

El Proyecto del Senado 615 enmienda múltiples disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020). Además de dejar abierta la posibilidad de un impuesto por el uso del celular, la medida propone un nuevo esquema para la aprobación del sueldo de los alcaldes y alcaldesas, y altera el proceso de expropiaciones municipales.

González reconoció que el proyecto es “complicado” y que, además del impuesto relacionado con el uso de los celulares, incluye “cosas técnicas” que son “buenísimas” para los municipios, y que ella favorece. “Pero hay otras que tienen algún tipo de impacto, y no solamente en términos monetarios, impacto en término de procesos”, subrayó.

Dijo, además, que se reunió con el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, con quien discutió algunas de las más de 15 enmiendas propuestas al Código Municipal.

“Yo lo voy a continuar evaluando. A mí, no me parece correcto el que se le imponga un cargo a la tecnología de mensajes de texto, WhastApp, Telegram o mensaje de voz”, afirmó.

Estudios de la industria de telecomunicaciones -que se opone a la aprobación de la legislación- apuntan a que la medida tendría un impacto de $1,000 millones que saldrán del bolsillo de los consumidores.

La Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) ha dicho, por su parte, que la aprobación del proyecto de ley “sería un atropello al pueblo puertorriqueño”.

Tras los actos oficiales de la conmemoración de natalicio de José Celso Barbosa este domoingo, llevados a cabo en el cementario Santa María Magdalena de Pazzis, en el Viejo San Juan, González anunció la firma de la Ley 78-2025, para eximir a los medicamentos recetados del pago de contribución sobre propiedad mueble.

“Lo medicamentos con receta no pagan el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y, por las mismas razones de política pública, tampoco deben estar sujeto a ninguna contribución municipal. Los medicamentos recetados son una necesidad vital para cada paciente”, indicó sobre el Proyecto de la Cámara 500, una promesa de campaña de la mandataria. La ley busca garantizar un mayor inventario de medicamentos recetados.

Igualmente, anunció la firma del Proyecto del Senado 145, ahora Ley 79-2025, que hace mandatorio que cualquier persona que ingrese a un asilo, centro de cuido o facilidad de cuidado prolongado, se le requiera un examen oral y cumpla con, al menos, una revisión bucal anual certificada por un dentista.

Según un estudio del 2023, realizado por el Colegio de Cirujanos Dentistas, muchos adultos mayores albergados en asilos y centros de cuido tienen lesiones, cáncer, dentaduras que no habían sido removidas en periodos tan extensos como tres años, entre otros factores de riesgo nocivos para la salud, dijo la gobernadora.