La vista pública que la Cámara de Representantes citó este martes para dilucidar las deudas de más de $200 millones con suplidores que LUMA Energy atribuye a incumplimientos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se convirtió en otro foro para que las partes se responsabilizaran mutuamente de la crisis de liquidez que aqueja al sistema eléctrico y por la que el gobierno encaminó el trámite de cancelación del contrato otorgado al consorcio.

Declarando bajo juramento ante la Comisión cameral de Gobierno, la directora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata, puntualizó que los $873 millones que la corporación pública y el gobierno central depositaron en las cuentas de LUMA en 2021, al momento de entrar en funciones, debieron ser suficientes para que la empresa mantuviera un nivel de efectivo adecuado a lo largo de su contrato, a través de los cobros de facturas y los reembolsos de fondos federales.

“LUMA heredó no solamente la estructura operativa de un servicio esencial, sino una posición de liquidez suficiente para garantizar la prestación ininterrumpida de los servicios como operador del sistema de transmisión y distribución. Al presente, no existe evidencia alguna que establezca que la intención del gobierno de Puerto Rico fuera que LUMA continuara recibiendo dinero adicional a los fondos que LUMA misma ingresaría mediante las cobranzas por consumo de energía”, abundó Zapata.

En cambio, el presidente de LUMA, Juan Saca, enumeró como “escollos” a la gestión del consorcio las transferencias mensuales por debajo de las solicitudes, el tiempo que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés) toma para autorizar los desembolsos de fondos federales y los sistemas contables “deficientes” que se heredaron de la AEE.

Desde el punto de vista financiero, Saca –quien fue el primero en deponer– enfatizó el efecto nocivo que ha tenido la ausencia de efectivo disponible en la cuenta que LUMA utiliza para emergencias, que por contrato debe mantener un balance de $30 millones, monto que no ha estado disponible desde finales de 2023. A raíz de los eventos no planificados que desde entonces han tenido impacto sobre el sistema eléctrico, esa cuenta enfrenta un déficit acumulado de $225 millones, subrayó.

Además, Saca describió la insistencia en rescindir el contrato como ejemplo de la “falta de colaboración” que imputa a la administración de Jenniffer González, una cooperación que, aseguró, urge para navegar los trámites en que intervienen “una docena” de dependencias estatales y federales para lograr los reembolsos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

“LUMA nunca se ha levantado de la mesa. Simple y sencillamente, la otra parte no quiso entrar en el tema de mediación…”, dijo, a preguntas del representante Héctor Ferrer Santiago, en torno al trámite de disputa contractual que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) delineó con miras a anular el acuerdo de operación y mantenimiento. “La realidad es que, entre LUMA y la AEE, en vez de estar trabajando, nos estamos sacando los ojos todos los días, y eso es lo que tiene que cambiar”.

Tan reciente como el pasado viernes, LUMA recurrió al Tribunal Federal, bajo el procedimiento especial de bancarrota de la AEE, solicitando a la jueza Laura Taylor Swain que ordene la transferencia inmediata de $202 millones para cumplir con pagos a suplidores, la mayoría de ellos, con facturas vencidas hace más de 30 días.

El presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Víctor Parés Otero, puntualizó que, a base del presupuesto provisional aprobado para este año fiscal, LUMA debe recaudar un estimado de $381 millones en facturación a los consumidores, frente a los $327 millones que en promedio se han estado cobrando.

Aunque Parés Otero alertó que esa diferencia generaría un déficit de $600 millones anuales, el cálculo no pareció tomar en cuenta que el presupuesto vigente –estimado en $4,580 millones– es producto de la tarifa provisional que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobó a finales de julio, y cuyos ingresos incrementales debían comenzar a producirse entre septiembre y octubre.

“Es una proyección que se hizo para gastos del año completo. Eso (proyección de ingresos) lo hace LUMA”, señaló, en un aparte con los medios, durante un receso de la vista.

Por su parte, el director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón, presentó una tabla que incluyó, desde enero de 2024, los ingresos mensuales producto de la facturación, las reclamaciones de fondos de LUMA y Genera PR, las transferencias autorizadas a los operadores y el balance que quedó en las cuentas de la AEE tras las transacciones.

Al realizarse las transferencias de septiembre –pese a estar significativamente por debajo de los que pidieron LUMA y Genera PR–, la cuenta de la AEE reflejó un balance de $46 millones. Ese mes, la AEE depositó $291 millones a los operadores, frente a peticiones que alcanzaron los $934 millones.

“La expectativa del contrato no es que LUMA baje todos esos balances por debajo de los cuatro meses y medio o tres meses (de liquidez que, en principio, establece el contrato) y que se pretenda que la AEE, de la facturación que haga LUMA, deposite tres o cuatro veces lo que se facturó. No va a cuadrar”, dijo Colón, al tiempo que Zapata indicó que, ante la escasez de efectivo, la corporación pública ha optado por “priorizar” mensualmente gastos como la compra de combustible, que quedan en manos de Genera PR.

En uno de los anejos a la ponencia de Colón, se precisó que el COR3 ha autorizado a LUMA reembolsos por $441 millones, pese a que la empresa, en sus informes periódicos al NEPR, ha reportado más de $1,800 millones en gastos en proyectos federales.

“El proceso de reembolso de fondos de COR3 también está tomando un tiempo”, expresó Saca.