Con enmiendas solicitadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los Proyectos de la Cámara 823, 824 y 825 van a ser cambiados para que la titularidad de estos bienes públicos permanezcan en el DE, el DRD y el DTOP, pero sí mandata a las agencias a llegar a acuerdos económicos con municipios interesados en darle mantenimiento a estos bienes.
Con enmiendas solicitadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los Proyectos de la Cámara 823, 824 y 825 van a ser cambiados para que la titularidad de estos bienes públicos permanezcan en el DE, el DRD y el DTOP, pero sí mandata a las agencias a llegar a acuerdos económicos con municipios interesados en darle mantenimiento a estos bienes. (Ramon Tonito Zayas)

Representantes de cinco gremios que agrupan empleados del Departamento de Educación (DE), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) se opusieron esta mañana a los tres proyectos de ley radicados en la Cámara de Representantes que buscan transferir la titularidad de carreteras, escuelas e instalaciones deportivas a los municipios.

Con enmiendas solicitadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los Proyectos de la Cámara 823, 824 y 825 van a ser cambiados para que la titularidad de estos bienes públicos permanezcan en el DE, el DRD y el DTOP, pero sí mandata a las agencias a llegar a acuerdos económicos con municipios interesados en darle mantenimiento a estos bienes.

En una conferencia de prensa frente al Capitolio, representantes de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares (AECE-UAW), la Federación Central de Trabajadores, el Sindicado Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (UIEAEP) y la United Auto Workers señalaron que la mayoría de los gobiernos municipales están en quiebra, que muchos se caracterizan por un ambiente de politización, el clientelismo, el nepotismo y la corrupción.

Denunciaron que el resultado de estas contrataciones redundará en un recorte en servicios a la ciudadanía para “cubrir los déficits de los municipios...”. En el comunicado de prensa describieron el proceso legislativo como atropellado, de último minuto y sin consenso.

En el caso de Israel Marrero, vicepresidente del SPT, que representa el personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas, señaló que “una consecuencia inmediata de esta legislación es que trastocará la situación laboral de miles de empleados y empleadas a quienes le arrebatarán sus derechos adquiridos. Es la misma chapucería que han hecho en la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), con el vergonzoso movimiento de personal. Eso va a repetirse cuando las y los empleados terminen trabajando en un municipio quebrado y sin recursos o en una compañía privatizadora...”.

Por su parte, Javier López López, presidente de la UIEAEP, señaló que estos proyectos lo que buscan es desmantelar la Autoridad de Edificios Públicos. “Esto implicaría la eliminación del 70% de nuestros talleres, que son las escuelas públicas de nuestros niños y la proliferación de compañías contratantes por los municipios, lo que redundaría en una corrupción rampante de los fondos destinados a la educación pública”, indicó.

Nelly Ayala, presidenta de la UAECE-UAW, recordó que la medida que transfiere escuelas a municipios no fue endosada por el DE.

“El país sabe que lo que pretende este proyecto es quitarle dinero a las agencias para darlo a los municipios. Nos parece que, una vez más, se repiten los estilos del pasado”, sostuvo Ayala.

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