Una manifestante frente al Capitolio con un mensaje en repudio a la Junta de Supervisión Fiscal.
Una manifestante frente al Capitolio con un mensaje en repudio a la Junta de Supervisión Fiscal. (Xavier J. Araújo Berríos)

Un grupo de líderes sindicales y miembros de la sociedad civil proclamaron esta tarde que la lucha en contra del proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD) continuará independientemente de la decisión que tomó la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, quien invalidó ciertas disposiciones de la Ley de Retiro Digno.

La medida descartada por la corte, en esencia, declara una política pública de cero recortes a las pensiones, ordena que es regrese en el sistema público al ordenamiento de pensiones de beneficio definido e invalida una serie de bonos.

También crea un fideicomiso especial para pagar las pensiones.

En una conferencia de prensa frente al Capitolio, celebrada este miércoles al mediodía, se anunció una manifestación masiva el lunes frente a la Casa de la Leyes. Eva Prados, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, insistió que independientemente de la decisión de la jueza, el poder lo tiene la Legislatura, en referencia al proyecto del Plan de Ajuste de Deuda.

Este próximo lunes se supone que los cuerpos legislativos tomen una decisión sobre el Proyecto de la Cámara 1003, ya sea que la Cámara de Representantes concurra con los cambios del Senado, que se incorpore un lenguaje adicional que provoque un comité de conferencia o que no se actúe y se deje la medida en pausa mientras continúan las negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La decisión de Taylor Swain reitera que “aprobación legislativa, regulatoria o electoral es necesaria bajo la ley aplicable para llevar a cabo lo que se dispone en el plan”, dijo al referirse a la PAD.

Taylor Swain estaría facultada, solo si se aprobara el proyecto y se convierte en ley, a aceptar o rechazar el PAD propuesto por la JSF, pero no puede modificar ese PAD. Si rechazara el PAD, se tendría que regresar a la mesa de negociación, sostuvo Prados.

La intención de la Legislatura es forzar a la JSF a modificar el PAD condicionando la aprobación del PC 1003 a que acepte varias propuestas.

Prados hizo sus expresiones al advertir que no había leído la totalidad de la decisión de Taylor Swain.

“Hay unas cosas que se aceptan como planteamientos de la Junta y otros que no”, dijo Prados. “Pero no hay manera que la jueza Taylor Swain pueda privar a la Asamblea Legislativa de su poder constitucional de hacer las leyes que tenga que hacer para implementar lo que es el PAD, cualquiera que sea”, dijo Prados.

La excandidata de Movimiento Victoria Ciudadana señaló que la Ley de Retiro Digno proponía el plan “más viable” para atender el tema de la deuda ya que la recortaba a niveles “sostenibles”, partiendo de la premisa, según dijo “que la deuda ilegal no hay que pagarla”.

“Si bien es cierto que la jueza, de alguna forma, puede haber encontrado que el contenido de la ley viola el plan fiscal, no puede quitar el poder de emitir la ley habilitadora y nuestro llamado sigue siendo el mismo: legislación habilitadora que se le apruebe a ese PAD hoy le va a imponer al pueblo de Puerto Rico una carga que no vamos a poder pagar. Es responsabilidad de la Legislatura decidir qué es lo que va a aceptar que va a tener el PAD”.

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, señaló que la Legislatura “claudicó” a la defensa de la Ley de Retiro al referirse a cómo ya el PC 1003 fue aprobado tanto en la Cámara como en el Senado, aunque todavía está a la espera de que la Cámara acepte los cambios introducidos. La pieza legislativa, según opositores, si bien tiene un lenguaje que supuestamente impide el recorte a las pensiones, también abriría la puerta a que comoquiera tengan que ser recortadas en la medida en que el pago de la deuda pactado obligaría, probablemente para el año 2036, que el gobierno tenga que recortar servicios esenciales.

“El PC 1003 es la mayor evidencia de que claudicaron sin que hubiese todavía una decisión y el llamado nuestro es a que retracten”, dijo Martínez.

“Basta ya de tanta austeridad porque ya hemos pagado demasiado”, agregó. “Le recordamos que la Legislatura que lo moral muchas veces va por encima de lo legal, pero en lo legal ellos también puede hacer y estamos exigiendo que cumplan su parte y defiendan al pueblo”.

En declaraciones escritas, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez aseguró que la decisión de la jueza “no altera nuestro compromiso contraído con los retirados para evitar el corte a sus pensiones. Ahora más que nunca es imprescindible proteger las pensiones en los proceso legislativos para finalizar la quiebra de gobierno de Puerto Rico”, indicó.

El líder de la pava dicho que espera por una reacción formal y en detalle de la JSF sobre los cambios introducidos al PC 1003 antes de decidir si la Cámara baja concurrirá o no con los cambios.

Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores señaló que Swain recibirá un “mensaje” de los acreedores que todavía están en pleno proceso de votación para aceptar el PAD.

“La manifestación del viernes contra LUMA es un mensaje a la jueza y la manifestación del lunes es también un mensaje a la jueza... y el Tribunal Federal está allí en la calle Chardón y vamos a acudir allí si es necesario para llevarle un mensaje a la jueza”, sostuvo Nieves.

El senador de MVC, Rafael Bernabe, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, indicó a El Nuevo Día que una cosa es la Ley de Retiro Digno y otra cosa el PAD. “Se puede anular la Ley de Retiro Digno, pero eso no significa que el PAD sea bueno, es igual de malo y sigue teniendo iguales consecuencias negativas para el país”, dijo.

“Lo justo es que la Legislatura no dé paso al PAD y la manera en que lo puede hacer es no aprobandando el PC 1003″, insistió.

Bernabe indicó que la posición del Partido Popular Democrático (PPD) ha sido que solo autorizarán la emisión de bonos contenida en el PAD si se aceptan una serie de propuestas como cero recortes a las pensiones, un fondo de becas para la Universidad de Puerto Rico (UPR), cero recortes adicionales a la Universidad de Puerto Rico (UPR), más dinero para los municipios y la creación de una serie de fondos para inversión.

“Ellos han condicionado la aprobación del proyecto a que se incluyan esas enmiendas... como la JSF dice que esas enmiendas son inaceptables y no van, la única consecuencia o conclusión a la que puede llegar el PPD es que si las enmiendas no van, el proyecto no puede ir tampoco”, sostuvo.

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