El Centro para la Investigación y Manejo del Ámbito de El Yunque (CIRMA) alertó sobre una legislación –radicada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, a nombre de la organización Foundation for Puerto Rico– que, a su juicio, promueve un modelo de gobernanza para la región este del país sin controles democráticos, arraigo territorial ni salvaguardas ambientales.

“Privatiza muchas de las instancias de gobernanza, lo que es problemático, en el sentido que no se les aplica los requerimientos de transparencia, participación e información”, sostuvo el planificador David Carrasquillo Medrano, en representación de CIRMA, que agrupa a cinco entidades que colaboran en la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de la región.

El Proyecto de la Cámara (PC) 862 propone la creación de una corporación sin fines de lucro, bajo el nombre de Consejo de Desarrollo Económico de la Región Este (CDERE), que se encargaría de “coordinar, apoyar y participar en la implementación de las estrategias de desarrollo económico” de Canóvanas, Ceiba, Culebra, Fajardo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Maunabo, Naguabo, Río Grande, San Lorenzo, Vieques y Yabucoa.

La medida, dijo Carrasquillo Medrano, le concede a Foundation for Puerto Rico un papel “determinante” como incorporador, agente fiscal y socio estratégico del CDERE, un diseño que subordina la gobernanza regional a un ente privado “ajeno” y “sin estructura participativa local”.

“El CDERE, como lo plantea el proyecto, parte de una visión centrada en la economía del visitante, no en la ecología del territorio. Esa omisión no es técnica, sino estructural, y su corrección es indispensable”, subrayó, al lamentar que no se buscara el insumo de grupos de la región previo a la radicación.

El PC 862 propone, asimismo, la creación de una junta directiva que contaría con representación del sector gubernamental y privado, así como de cuatro comités que agruparían a los alcaldes de la región, organizaciones sin fines de lucro, la academia y el sector privado.

De aprobarse, el CDERE requiere una inversión inicial de $1.5 millones por parte del Estado.

Jon Borschow, director ejecutivo de Foundation for Puerto Rico, rechazó los señalamientos, defendió el modelo de gobernanza que la legislación promueve, y afirmó que, en días recientes, se ha reunido con diversas organizaciones comunitarias para atender, precisamente, sus preocupaciones. Prefirió, sin embargo, no revelar sus nombres por no tener autorización.

“Para nada estamos pretendiendo alterar áreas sensitivas. Estamos buscando la forma de protegerlas. Estamos manteniendo el principio de que esos activos ambientales y culturales se puedan proteger, y hasta mejorar, porque son los que realmente le dan valor al destino”, expuso.

Dijo que, en los últimos años, han estudiado y analizando la región, así como los retos que enfrenta, incluyendo la situación de deterioro económico tras el cierre, en 2004, de la base naval Roosevelt Roads, en Ceiba. “Uno de los retos más grande de la región es que el 95% de las personas se tienen que transportar por vehículo personal y los bajos ingresos”, señaló.

Sobre el esquema bajo el que el CDERE se crearía, sostuvo que el modelo deja “múltiples espacios” para la inclusión de entidades a nivel local y comunitario. “Consideramos que las organizaciones comunitarias y las iniciativas que estas han tomado son valiosísimas e indispensables”, dijo Borschow.

Las funciones del CDERE, apuntó, estarían enmarcadas en la visión estratégica que Foundation for Puerto Rico desarrolló para la región este, que coloca la economía del visitante al centro. En 2024, más de dos millones de turistas llegaron a la zona.

En una ponencia presentada a la Legislatura, el CIRMA estipuló que el CDERE sería una entidad privada independiente, pero con poderes equivalentes a los de una corporación pública. Podría administrar fondos públicos y federales, operar activos naturales y culturales bajo concesión, y cobrar tarifas y emitir instrumentos financieros.

Sugirió, en cambio, una junta de gobernanza con 70% de representación local, un comité científico asesor (ecología, hidrología, planificación) y el establecimiento de un observatorio regional de datos abiertos para monitorear indicadores de resiliencia y biodiversidad.

“La visión de desarrollo económico es endémica, en el sentido de que se busca manejar el recurso natural de forma responsable, cuestión que sea en coordinación con las comunidades de la región”, sostuvo Carrasquillo Medrano, en alusión a la operación del CIRMA.

El planificador, quien solicitó el retiro del proyecto y que se inicie un proceso informado para su rediseño, cuestionó el momento elegido para radicarlo, que, añadido a “experiencias pasadas” y referencias recientes sobre la región, le generan suspicacia.

“Con experiencias pasadas como el DMO (Organización de Mercadeo de Destino), donde se privatizan espacios de toma decisional, las noticias recientes para la delimitación de la costa y cómo se han tratado las iniciativas de Roosevelt Roads, nada es indicativo de que una movida como esta sea responsable”, expuso.

El proyecto fue radicado el 15 de septiembre, según el registro de la Asamblea Legislativa, cuatro días después que Méndez anunciara, durante la convención de la Asociación de Constructores, su intención de legislar para que se permitan construcciones en el Corredor Ecológico del Noreste (CEN), y dijera que la Ley 8-2013, que protegió los terrenos, “congeló cualquier posible desarrollo, aunque sea de bajo impacto”.

Según Méndez, la protección del CEN “ha castrado el desarrollo económico en el noreste de Puerto Rico”.

“Es muy claro que todas estas cosas que están ocurriendo, en su sumatoria, son para preocuparse”, anotó, en tanto, Carrasquillo Medrano.