"Con un impuesto al ‘Transfer Pricing’ de 6% recaudamos $300 millones anuales para el País", dijo Vega Ramos. (GFR Media)
El representante popular Luis Vega Ramos.

Los candidatos a la Legislatura por el Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos y Manuel Calderón Cerame, emplazaron hoy públicamente a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Mëndez, a que divulgen los salarios de la Superintendencia del Capitolio y de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL).

Si bien en estos momentos no hay una demanda en los tribunales presentada con que se busque específicamente esa información, Vega Ramos sostuvo en una conferencia de prensa en el PPD que ese caso está “resuelto” en la medida de que el juez Anthony Cuevas Ramos ya determinó que la información sobre los salarios es pública. Cuevas Ramos determinó que era pública la información de la nómina en Cámara y Senado en el contexto del recurso presentado por la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, Eva Prados.

Sin embargo, en dicho recurso no se solicitó información de OSL o de la Superintendencia.

Vega Ramos y Calderón Cerame señalaron que, mediante carta, solicitarán la información hoy a los líderes legislativos y que si no reciben respuesta “en tiempo razonable” acudirán al tribunal.

“Ese caso está resuelto y se allanaron. Tienen que allanarse completamente”, dijo Vega Ramos, quien aspira al Senado por Acumulación.

Calderón Cerame quiere desbancar a Víctor Parés Otero como representante por el Distrito 4 de la Cámara.

Ambos atendieron a la prensa en compañía de Nannete López, Ruth Figueroa e Iraida Carrero, quienes forman parte de un grupo de 14 empleados de carrera de OSL despedidos al comenzar el cuatrienio, presuntamente por razones políticas. El grupo presentó una demanda en el 2019 reclamando $2.5 millones en daños y figuran como demandados Méndez, Roger Iglesias, hijo, y Orlando Pagán Ramírez, estos últimos directores de OSL, al menos entre enero y agosto de 2017.

“Fueron sacadas del medio para hacerles espacio a los amigos del régimen”, dijo Vega Ramos al referirse a las demandantes, cuyo recurso es atendido por el juez Daniel Domínguez.

Ni el legislador popular ni Calderón Cerame identificaron a otros supuestos “amigos del régimen” beneficiados por trabajos o contratos en la Superintendencia del Capitolio o en OSL, salvo el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, quien recibió un contrato de asesoría por OSL de $130,000 por seis meses al comenzar el cuatrienio.

“Hacemos un reclamo total de transparencia. Hay rumores por ahí, pero no quiero darles validez a rumores o descartarlos. Esto se resuelve con la publicación de estas nóminas y esos contratos. Hay rumores de parentescos”, dijo Vega Ramos.

Vega Ramos y Calderón Cerame argumentaron que tanto la OSL como la Superintendencia del Capitolio son entidades “más discretas y removidas de la discusión púbica”, pero también son áreas donde “típicamente”, según ambos, administraciones del Partido Nuevo Progresista han ubicado a “donantes y aliados”.

“No quieren divulgar la información porque estamos en un momento en que el pueblo está pasando juicio sobre la pulcritud en la Asamblea Legislativa y los escándalos que hay en la OSL y en la Superintendencia del Capitolio. Ambas dependencias están administradas y están bajo el control de la Asamblea Legislativa y de los presidentes legislativos del PNP”, dijo Vega Ramos, quien recordó cómo se gastaron más de $200,000 de fondos públicos, a través de la Superintendencia del Capitolio, en la llamada Plaza de los Creyentes.