La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicó –como había anticipado– una medida que busca brindar asistencia y estabilidad a los miles de empleados federales en Puerto Rico impactados por el cierre del gobierno de Estados Unidos.

El Proyecto de la Cámara 893, que propone crear la “Ley de Alivio Económico y Asistencia Directa a Empleados Federales Durante Cierres Gubernamentales”, tiene como propósito garantizar una “respuesta inmediata” cuando se produzca un cierre en el gobierno federal, en lugar de esperar por una acción del gobernante de turno, señaló el portavoz alterno del PPD, Domingo Torres García.

“Este proyecto ofrece un marco jurídico uniforme y permanente que se activa automáticamente cuando ocurre un cierre federal prolongado. No queremos depender de la discreción administrativa del momento; queremos proteger de manera efectiva a quienes sostienen sus hogares con esfuerzo y compromiso”, indicó este sábado Torres García, en declaraciones escritas.

Según la pieza legislativa –radicada el viernes–, las moratorias propuestas para asistir a los empleados federales en Puerto Rico “se activarán de forma automática cuando un cierre del gobierno federal se prolongue por 15 días o más, y por un período de tiempo razonable para el deudor”.

Como adelantó la Junta de Gobierno del PPD en la tarde del mismo viernes, las “moratorias automáticas” incluidas en el proyecto son en el cobro de préstamos hipotecarios, de vehículos de motor, de servicios de agua potable y energía eléctrica, y de las deudas con el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

Por otro lado, facilita el acceso inmediato al Programa de Asistencia Nutricional y al seguro por desempleo, administrado por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. En este caso, la medida dispone que, “una vez el empleado federal reciba el pago de su salario de manera retroactiva, deberá devolver, en un término no mayor de 30 días, la suma total de los beneficios que recibió por disposición de este artículo”.

La propuesta establece, además, penalidades para acreedores o entidades que incumplan con las disposiciones de moratoria, y faculta a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, el Departamento de Asuntos del Consumidor y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas a velar por su cumplimiento.

“Los cierres del gobierno federal no deben traducirse en angustia y desesperación para las miles de familias puertorriqueñas que dependen de un salario federal. Esta medida crea un sistema automático de protección y asistencia para que ningún empleado federal quede desprovisto de recursos básicos ante un evento fuera de su control”, destacó, por su parte, el representante Héctor Ferrer Santiago.

En la conferencia de prensa de la Junta de Gobierno –en la que el PPD emplazó a la gobernadora Jenniffer González y la Legislatura a tomar medidas en favor de más de 15,000 empleados federales afectados en el archipiélago–, Ferrer Santiago sostuvo que la delegación popular aún no había podido dialogar con la mayoría del Partido Nuevo Progresista sobre la propuesta, pero anticipó que “hablaremos con ellos para ver si hay algún esfuerzo legislativo”.

“Es bien importante destacar que, más allá de legislación, la gobernadora puede actuar mediante orden ejecutiva. Lo que estamos asegurando con la legislación es que, de cara al futuro, no tenga que haber una actuación de parte de la gobernadora para que estas personas que se vean afectadas por el cierre del gobierno federal, reciban ayudas uniformemente”, sostuvo el viernes.

El proyecto cameral recuerda, en su exposición de motivos, que este representa el cuarto cierre del gobierno federal en los últimos siete años. El más reciente ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, “el de más larga duración en la historia, para un total de 35 días”.