La transferencia del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) no solo provocó que el Departamento de Justicia perdiera uno de sus principales brazos investigativos, sino que quebranta la autonomía de esta última agencia para atajar la corrupción gubernamental y el crimen organizado.

Bajo esa premisa, el representante Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático (PPD), radicó el Proyecto de la Cámara (PC) 739 para remover al NIE del DSP, como ya ha ocurrido con otras dependencias –incluyendo el Instituto de Ciencias Forenses (ICF)– que quedaron bajo la agencia sombrilla creada en 2017. Al momento, de hecho, la gobernadora Jenniffer González tiene ante su consideración un proyecto –de administración– para también sacar al Negociado de la Policía del DSP.

En 2017, la administración de Ricardo Rosselló Nevares promulgó la Ley 20, con la idea de integrar, bajo una misma estructura, las agencias de ley y orden. Entonces, se prometieron economías en la gestión administrativa, mejor coordinación interagencial y estandarizar los procesos de adquisiciones, tecnología y capacitación.

“Conozco de primera mano el gran trabajo que hacen los agentes del NIE y creo que es necesario que tengan esa autonomía fiscal”, indicó Torres Cruz a El Nuevo Día.

Sostuvo que, a través de la Ley 20-2017, la reestructuración de las agencias de seguridad ha producido un disloque en el funcionamiento óptimo de los negociados del DSP, al no establecerse una estructura que garantice diligencia, independencia de criterios y uso inmediato de recursos necesarios a sus funciones.

La centralización de la toma de decisiones, en parte para lograr ahorros administrativos, ha provocado conflictos de ejecución, producto de presuntas insuficiencias presupuestarias de los negociados y de “la enorme burocracia que se estableció”, agrega, en tanto, el PC 739, radicado el pasado 7 de julio.

“Mientras más agencias de seguridad tengamos, mejor. Creo que el NIE es importante porque investiga unos asuntos que no están bajo la jurisdicción de la Oficina del (Panel sobre el) Fiscal Especial Independiente y la Policía”, sostuvo Torres Cruz.

El NIE se creó por disposición de la derogada Ley 38-1978 para combatir el crimen organizado y la corrupción gubernamental, y se dispuso que estuviera adscrito a Justicia. Entonces, se le otorgó también la responsabilidad de ser enlace entre el gobierno y la Interpol, y de investigar los casos en que se impute mal uso o abuso de la autoridad a un miembro de la Policía.

Además de estas responsabilidades, durante el cierre de la pasada sesión legislativa, se aprobó el PC 487, una medida de administración que busca darle al NIE la jurisdicción necesaria para investigar casos de explotación financiera contra personas de edad avanzada.

Durante el pasado cuatrienio, la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto del Senado 279 para, precisamente, separar al NIE del DSP y adscribirlo nuevamente a Justicia. No obstante, la medida de administración fue devuelta por el exgobernador Pedro Pierluisi.

Entonces, se planteaba que la transferencia del NIE no había dado los resultados esperados y que Justicia había perdido su brazo investigativo para atajar la corrupción gubernamental. “La asignación del NIE al DSP atenta contra la autonomía del Departamento de Justicia y su capacidad de investigar independientemente”, rezaba la pasada legislación.

Torres Cruz indicó que, además de la radicación del PC 739 –de su autoría–, la delegación del PPD radicó el PC 261 para eliminar el DSP. Asimismo, él presentó el PC 708, por petición, a fin de excluir al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 de la sombrilla.

Además del NIE, bajo el DSP están también los negociados de Bomberos, Emergencias Médicas, 9-1-1 y Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Inicialmente, también estuvo el ICF, pero en 2020 recuperó su independencia.

Al cierre de la sesión legislativa –en junio–, se aprobó el PC 406, una promesa de campaña de la gobernadora para devolverle la independencia fiscal a la Uniformada. “En los informes del PC 406, se habla de que la Policía ha tenido problemas administrativos y de operaciones por el exceso de burocracia. Si eso pasa allá, tiene que estar pasando acá también (NIE)”, dijo Torres Cruz.

El PC 406, según el portal de trámite legislativo, fue enviado a La Fortaleza, para la firma de González, el 16 de julio.