Conferencia de prensa del representante Antonio Soto sobre los fondos para atender la crisis de COVID-19. (Vanessa Serra Diaz)

Uno grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) acusó esta mañana a la gobernadora Wanda Vázquez Garced de poner en peligro hasta $1,608 millones de fondos estatales y federales separados exclusivamente para combatir la emergencia de COVID-19.

Esta cifra se divide en $1,422 millones provenientes del Cares Act legislado en el Congreso de Estados Unidos para que los estados y territorios pudieran enfrentar la pandemia, y $186 millones sin utilizar de la Resolución Conjunta avalada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que autorizó el uso de $787 millones, también para ayudar en la lucha contra la emergencia creada por el novel coronavirus.

Ambos fondos están disponibles para el gobierno desde abril.

Al presentar una tabla que acompañó un informe publicado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el representante Antonio Soto señaló que el gobierno de Vázquez Garced solo ha gastado, del Cares Act, $700 millones y ha dejado intactas partidas completas, como $350 millones para la nómina de pequeñas y medianas empresas (pymes), y $40 millones para fortalecer los programas de Telemedicina. El gobierno solo ha gastado $297,629 de una partida de $5 millones para ayudar a la población sin hogar.

El gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para utilizar el dinero del Cares Act.

Mientras, del fondo de los $787 millones locales, Soto denunció que la JSF le dio al gobierno hasta el 30 de junio para gastar el dinero. Al no desembolsar el 100% del dinero, regresaron al fondo general $33 millones, siendo las partidas más significativas la de $6 millones para el pago de cuentapropistas, $1.8 millones en bonos para empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y $1.4 millones en bonos para policías.

No obstante, la JSF autorizó una extensión para que el gobierno tenga hasta el 30 de diciembre para desembolsar, del dinero local, $19.6 millones para seguridad pública, $124 millones para materiales en el Departamento de Educación, $12.3 millones para bonos a enfermeras y enfermeros del sector público y $30 millones para infraestructura de hospitales públicos.

La Fortaleza, una vez más, arrastra los pies ante el desembolso de fondos federales y locales asignados para atender la situación del COVID-19 en Puerto Rico, colocando en peligro esos fondos federales y la posible devolución de los mismos”, sostuvo Soto en una conferencia de prensa acompañado por los representantes Víctor Parés Otero, Juan Oscar Morales, José Aponte Hernández y Pedro Julio “Pelllé” Santiago.

Todos los funcionarios apoyan a Pedro Pierluisi en la primaria del PNP contra Vázquez Garced, pero Soto aseguró que no se trata de un ataque político.

“Lo casos de COVID-19 han seguido en aumento, las restricciones del gobierno han continuado más fuertes y rigurosas y teniendo recursos del gobierno federal para el sector privado, pagar nómina y que negocios no cierren, comprar pruebas, crear un sistema de rastreo de contactos, fortalecer la telemedicina y darle recursos al Departamento de Educación, desafortunadamente no se ha desembolsado con la eficiencia que la emergencia amerita”, dijo Soto.

“Es un asunto estrictamente de capacidad administrativa y eficiencia gubernamental”, insistió el legislador.

Por su parte, Morales denunció que apenas se han utilizado $64.8 millones de una asignación de $150 millones designados para la compra de pruebas de COVID-19 y para establecer el programa de rastreo de contactos.

“No se ha utilizado un solo centavo para atender facilidades públicas que pertenecen al gobierno de Puerto Rico”, dijo.

Santiago, a su vez, denunció que la totalidad de los maestros y estudiantes del sistema público de enseñanza no recibirán las computadoras prometidas de dinero local.

“Nuestros padres y niños están en el aire por falta de ejecución del nuestro gobierno”, dijo Santiago.

Finalmente, Parés Otero cuestionó cuántos negocios ya han cerrado a causa de la crisis del COVID-19 mientras no se utilizan los $350 millones para su nómina.

“A nombre de miles de pequeños negocios estos fondos, si no se usan, se van a perder. El país no espera menos y mis compañeros y yo estamos trabajando hacia eso, que el país esté consciente y que el pequeño comerciante no sufra más”, dijo Parés Otero.