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Rosachely Rivera evalúa permanecer como alcaldesa de Gurabo aun si es confirmada como secretaria de Estado

Según el representante Denis Márquez, la nominada le indicó que sería una medida temporal para procurar una transición ordenada

25 de junio de 2025 - 4:06 PM

Rivera fue confirmada por unanimidad en el Senado, el 9 de junio, junto a las entonces nominadas a las jefaturas de los departamentos de Justicia y Trabajo, Lourdes Gómez Torres y María del Pilar Vélez. (Xavier Araújo)

La secretaria designada al Departamento de Estado, Rosachely Rivera, considera la posibilidad de mantenerse frente a la alcaldía de Gurabo aun después de ser confirmada al cargo, afirmó este miércoles el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, Denis Márquez.

La información, dijo, surgió durante el intercambio tradicional que sostienen los nominados con los miembros de la Legislatura como parte del proceso de evaluación.

“Cuando le hice la interrogante directamente, me indicó que estaba evaluando esa posibilidad y que habían unos abogados que estaban haciendo el análisis para una opinión legal”, indicó Márquez a El Nuevo Día.

Precisó que Rivera le manifestó que su posible permanencia en la alcaldía de Gurabo sería por un tiempo determinado, para lograr una transición ordenada en el gobierno municipal.

No fue posible obtener comentarios de la nominada a Estado, quien ya fue confirmada para el puesto en el Senado.

Se supone que la Cámara de Representantes atienda este viernes la designación de Rivera en vista pública para, entonces, llevar el nombramiento ante la consideración del pleno. Tienen hasta este lunes, 30 de junio para actuar.

Márquez anticipó que, de la nominada insistir en mantenerse en ambos cargos, los tres votos de la delegación del PIP serán en contra de su confirmación. Los dos senadores independentistas avalaron a Rivera, aunque este panorama sobre la dualidad de roles no estaba sobre la mesa entonces.

“Le anticipé que eso iba a ser un impedimento para nosotros votar a favor de su nominación, no por sus cualificaciones personales, sino porque, si ella tomaba esa posición, a mí me parecía que iba en contra del buen ejercicio de las funciones”, aseveró.

“Es un mal precedente y es insostenible”, agregó, al ser abordado sobre el resultado del encuentro con Rivera.

Rivera fue confirmada por unanimidad en el Senado, el 9 de junio, junto a las entonces nominadas a las jefaturas de los departamentos de Justicia y Trabajo, Lourdes Gómez Torres y María del Pilar Vélez, respectivamente. La secretaría de Estado requiere el aval de ambas cámaras legislativas.

Rivera ha dicho que su visión de trabajo incluye la innovación, modernización y digitalización de los servicios y trámites corporativos que ofrecen en la agencia. También indicó que buscará impulsar las relaciones exteriores y fortalecer las alianzas con países del Caribe y América Latina.

“Ella, como alcaldesa de Gurabo, se debe a sus constituyentes, es una persona electa. El secretario de Estado o la secretaria de Estado, en este caso, es miembro del gabinete de Puerto Rico, que no son funcionarios electos, son funcionarios del poder Ejecutivo nombrados por el gobernador de Puerto Rico”, aseveró Márquez.

El portavoz del PIP en la Cámara insistió en que la posición de la delegación no está relacionada con sus credenciales. Sostuvo que conoce a la alcaldesa novoprogresista “hace muchos años”, son compueblanos y hasta existen lazos familiares que los unen.

“Hay unos conflictos de política pública, hay unos conflictos de interés, hay unos conflictos de apariencia que son insostenibles y que, para el PIP en la Cámara, sería un obstáculo para poderle votar a favor. Yo espero que, en la evaluación que ella está haciendo, que en la opinión que le están trabajando... tome la determinación de, si es confirmada en o antes del 30 de junio, cese sus funciones (como alcaldesa)”, expuso.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, indicó que había escuchado sobre la posibilidad de que Rivera intentara ocupar ambos puestos, pero no le constaba. “La realidad del caso es que la Oficina de Ética Gubernamental prohíbe que un funcionario público tenga dos cargos”, dijo el legislador.

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