Tras la aprobación –tarde el jueves y por descargue– en la Cámara de Representantes de la legislación que impondría requisitos adicionales para acceder a información pública, el presidente de la Comisión de lo Jurídico de ese cuerpo, José “Che” Pérez, reiteró este viernes su rechazo a la medida, y opinó que hacía falta más discusión antes de llevarla a votación ante el pleno.

Pérez fue uno de los siete representantes del mayoritario Partido Nuevo Progresista (PNP) que votaron en contra del Proyecto del Senado (PS) 63, del presidente Thomas Rivera Schatz. A él, se unieron Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Odalys González, Carmen Medina Calderón, Jerry Nieves Rosario y Fernando Sanabria Colón, según un listado de la Cámara. Las delegaciones minoritarias también lo rechazaron.

“Le voté en contra porque entiendo que al proyecto había que hacerle unas enmiendas. Adicional a eso, ampliar la discusión del mismo, aunque se había hecho una vista bastante larga, dando oportunidad a los distintos gremios de prensa, a grupos comunitarios. Hemos recibido una gran cantidad de memoriales también, que estamos en el proceso de análisis. Obviamente, tomar la determinación de verla por descargue es un asunto que es una prerrogativa del presidente (de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Méndez) y los portavoces, la cual respeto, pero, obviamente, entendía que no podía votarle a favor”, dijo vía telefónica a El Nuevo Día.

Como presidente de la Comisión de lo Jurídico, Pérez tiene a cargo la evaluación del PS 63.

“A mi juicio, según mi criterio, hay unos defectos y me sostengo en los mismos”, añadió. “(El proceso de evaluación) no necesariamente fue atropellado. Que hubiese querido darle más vistas, claro que sí. Que hubiese querido tener el tiempo para retomar la discusión en enero, también. Pero respeto la decisión de mis compañeros y del presidente de la Cámara”.

El miércoles, Méndez afirmó que no había “prisa” para atender la propuesta, y defendió que promovió su discusión –en la víspera del último día de aprobación de medidas de la sesión ordinaria– porque entendía que dejar su análisis para después era como “no querer hacer nada”.

Méndez no respondió una solicitud de comentarios de El Nuevo Día.

Luego de la aprobación –a horas de que venciera el plazo para avalar legislación en esta sesión–, varias organizaciones insistieron en los peligros de que el PS 63 se convierta en ley.

“Desde el Colegio de Abogados y Abogadas, reiteramos el derecho de todas las personas a acceder a información pública sin reservas ni obstáculos burocráticos y así continuaremos defendiéndolo. Con su veto, la gobernadora (Jenniffer González) tiene en sus manos la perfecta oportunidad para alzarse en favor de las personas fortaleciendo el derecho a información pública”, expresó la licenciada Vivian Godineaux, presidenta de la institución.

De momento, la gobernadora no ha expresado su posición respecto a la medida.

Por su parte, Wilma Maldonado, presidenta del gremio de periodistas Overseas Press Club de Puerto Rico, urgió a los 24 representantes que votaron en contra a mantenerse firmes si la medida regresa al hemiciclo. El proyecto enmendado por la Cámara pasa ahora a la consideración de un comité de conferencia. Ambos cuerpos tendrán hasta el 18 de noviembre para llegar a un entendido sobre la pieza.

“Confiamos en que mantengan su voto en contra si el proyecto regresa a la Cámara y demuestren que el sistema bicameral sí representa la distribución de poderes en dos cuerpos legislativos”, esbozó Maldonado, al declarar que “este proyecto no es enmendable y no resuelve ningún problema real para los puertorriqueños”.

El PS 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales. Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

La legislación fue aprobada en la Cámara sin permitir debate. Adicional a los siete opositores del PNP, votaron en contra los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad.

“Este proyecto no se discutió de la manera correcta, en ninguno de los cuerpos, y es lamentable para el pueblo porque se trata del acceso a información pública. Vemos un patrón del gobierno de Jenniffer González de esconder información cuando se solicita. A fin de cuentas, el que no quiere entregar información es porque algo esconde”, denunció el jueves en la noche el portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago.

En un vídeo compartido en redes sociales, la representante Adriana Gutiérrez Colón, del PIP, cuestionó, por su parte, la decisión de Méndez de ver la medida mediante descargue luego de asegurar que no había “prisa”.

“Es una traición al país, al derecho al acceso a la información pública, y una falta de palabra tanto del presidente de la Cámara como de los representantes en la Cámara, que dijeron que esta medida no correría con el mismo proceso que corrió en el Senado. Pero, en efecto, así sucedió”, enfatizó Gutiérrez Colón.

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Leysa Caro González colaboró en esta historia.