El Senado aprobó de manera unánime el proyecto de ley que otorgaría un 40% de descuento en el pago de multas de tránsito, peajes y otras infracciones bajo la Ley 22 (Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico).

Con una votación de 26-0, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara de Representantes 602, propuesto por el representante José “Cheito” Hernández, que busca promover el pago acelerado de multas expedidas y registradas en las estaciones de AutoExpreso, faltas administrativas relacionadas con derechos vencidos de permiso de vehículos de motor, entre otros.

Ahora, la medida regresa nuevamente a la Cámara de Representantes para que dicho cuerpo legislativo avale o no las enmiendas que hizo el Senado. De concurrir con los cambios, la pieza legislativa pasaría a La Fortaleza para la consideración de la gobernadora Jenniffer González.

“Hoy la Asamblea Legislativa habló con una sola voz a favor de nuestros conductores. Con esta medida le hacemos justicia a esos hombres y mujeres que han confrontado problemas con multas administrativas, recordando que Puerto Rico ha pasado por muchas situaciones en la pasada década como los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19, y necesitan un alivio. Igualmente, el proyecto representa una fuente de ingreso al Gobierno que ahora mismo no está disponible”, expresó Hernández, quien también representa el Distrito #3 de San Juan.

Hasta mayo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) reportó que las deudas acumuladas por multas ascendían a $560.5 millones: $315.7 millones en principal y $244.8 millones en recargos.

No obstante, tras el proyecto ser aprobado en la Cámara, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) recomendaron eliminar sobre 20 tipos de infracciones que, a su juicio, representaban “un alto riesgo a la seguridad vial” y cuya sanción no debía quedar exenta del pago completo.

En síntesis, la versión enmendada y avalada por el Senado incorpora una lista amplia de infracciones severas excluidas de la amnistía, entre ellas guiar bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas, carreras o regateo, exceso de velocidad —incluyendo en zonas escolares—, rebasar una luz roja, negligencia temeraria, estacionamiento indebido en espacios reservados para personas con impedimentos, no detenerse ante transporte escolar, uso indebido de asiento protector y uso de teléfono celular mientras se conduce, entre otras.

El período para el pago con descuento se fijó en 120 días contados a partir de la vigencia del reglamento.

En el caso de AutoExpreso, el proyecto establece que el descuento aplicará únicamente al monto de las multas, mientras que los peajes adeudados deberán pagarse en su totalidad.

Además, dispone que, para acogerse al incentivo, el ciudadano deberá saldar la totalidad de la deuda en un solo pago, por lo que no podrá utilizar planes de pago para beneficiarse del 40% de descuento, otra de las enmiendas presentadas por el DTOP para evitar duplicidad y confusión entre los ciudadanos.

El PC 602 también estipula que no serán elegibles a la amnistía los funcionarios públicos que ocupan puestos electivos ni los funcionarios gubernamentales cuyo nombramiento requiere de la confirmación legislativa.

En una previa ponencia, Roberto Rivera Cruz, en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), enfatizó en la necesidad de asegurar que la medida no trastocara el presupuesto del gobierno, por lo que, dijo, deben incluirse “medidas compensatorias”. Propuso que el asunto sea considerado en conjunto con las propuestas de reforma contributiva anticipadas por el Ejecutivo.

Un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó en $103.7 millones el potencial impacto en los recaudos del gobierno de aprobarse la medida. El Departamento de Hacienda –en una ponencia escrita– planteó un escenario similar, al proyectar en $113.6 millones el costo de la amnistía.

Hacienda solicitó un término de 120 días para implementar la medida de la cual la gobernadora ha planteado que resulta innecesaria, ya que la Ley 52-2025, firmada en julio, ofrece alternativas de pago.