El Senado confirmó este lunes a Luis Augusto Martínez Román como secretario del Departamento de la Vivienda, cargo que ocupaba, desde mediados de marzo, tras la renuncia de Ciary Pérez Peña, en medio de señalamientos sobre presuntas ilegalidades en un centro de inspección que le perteneció hasta el año pasado.

“Luego de realizar una exhaustiva evaluación y análisis, esta comisión reconoce que el historial profesional del nominado demostró un alto nivel de capacidad, dedicación y compromiso con todo lo relacionado al sector de la vivienda en Puerto Rico”, concluyó la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por Thomas Rivera Schatz, que atendió la designación en vista pública más temprano este lunes.

Martínez Román fue confirmado en el puesto con 23 votos a favor y ninguno en contra. Hubo cinco senadores ausentes.

Durante la audiencia pública, Martínez Román afirmó que su prioridad inmediata es acelerar los procesos para que los fondos federales obligados se conviertan en “vivienda, infraestructura y desarrollo económico tangible”.

A esos fines, dijo, desarrolló la iniciativa “Construyendo el 2026″, que incluye 884 proyectos “con potencial” de iniciar construcción este año, lo que representa el uso de $1.64 mil millones. De estos, 233 ($199 millones) están en construcción activa, precisó.

“Mi rol será facilitar, coordinar y agilizar. Ser un puente entre el gobierno federal, las agencias, los municipios, el sector privado y nuestras comunidades. Mi visión para el Departamento de la Vivienda es fortalecer una política pública de vivienda asequible, moderna y digna”, subrayó el ahora secretario en propiedad, al leer su ponencia.

El Departamento de la Vivienda administra los $20.6 mil millones de fondos del Community Development Block Grant (CBDG), de los cuales $15.4 mil millones se han obligado, pero solo $5.8 mil millones ya fueron desembolsados.

A preguntas de Rivera Schatz, el secretario indicó, en la vista, que antes que los fondos de CBDG-DR (para la recuperación de desastres) y CBDG-MIT (de mitigación) venzan, en 2029 y 2033, respectivamente, esperan estar en un 100% de fondos obligados.

Martínez Román completó el grado de Bachillerato en Artes, con concentración en Justicia Criminal, de la Universidad Interamericana. En 2019, alcanzó el grado de Juris Doctor, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Al momento de su designación, fungía como asesor legal de la Oficina de la Gobernadora.

Además del nombramiento en Vivienda, el Senado otorgó su consejo y consentimiento a los licenciados Omar A. Afanador Villanueva como procurador de Asuntos de Familia y Gloryvee Berenguer García como procuradora de Asuntos de Menores. Asimismo, fueron ratificados Néstor L. Márquez Rivera como fiscal auxiliar II y Clarimar Marie Álvarez Carrasquillo como fiscal auxiliar I.

Durante la vista pública, el senador Ángel Toledo preguntó a Martínez Román sobre un alegado vínculo con el convicto empresario Oscar Santamaría. El secretario de la Vivienda, no obstante, rechazó haber tenido relación profesional pasada ni presente con el excontratista gubernamental.

Según la versión del funcionario, en 2018, previo a trabajar en el gobierno, ayudó a incorporar una corporación que, dos años después, tuvo algún negocio con Santamaría.

“Incluso, cuando va al registro de esa corporación, pueden darle ‘download’ (descargar) a mi carta de renuncia del 30 de noviembre de 2018. La alegación que se hizo por medio de redes sociales hablan de una corporación creada por la persona que usted mencionó (Santamaría) en el 2020, y yo ya llevaba dos años en el gobierno de Puerto Rico. Así que son falsas las alegaciones”, aseguró.

Tras concluir la vista, a preguntas de El Nuevo Día, Martínez Román confirmó que el gobierno no emitió comentarios formales sobre los controvertidos reglamentos del Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés), que incluyen requisitos de trabajo y límite de tiempo de ocupación de vivienda pública. Aunque sí llevó su preocupación directamente a la sede de HUD, en Washington DC.

“El gobierno de Puerto Rico emitió comentarios formales. Sí, estuvimos monitoreando el asunto y obviamente, en mi caso, llevé el mensaje personalmente a HUD de cuál era nuestra postura, y estamos bien pendientes de lo que está pasando”, dijo, al enfatizar que, mientras los reglamentos sean discresionales, no habrá cambios en cómo funcionan los programas de vivienda subsidiada.

De igual forma, el Senado evaluó también este lunes el nombramiento de la doctora Catherine Oliver Franco, quien acualmente ocupa la jefatura de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), como procuradora del Paciente. Su nominación, no fue considerada durante la sesión del Alto Cuerpo.

De ser confirmada al nuevo cargo, detalló cinco áreas prioritarias para su gestión: fortalecer la defensa activa y accesible para el paciente, fortalecer la fiscalización, la educación y el empoderamiento del paciente, fomentar una procuraduría proactiva y el fortalecimiento institucional y financiero de la agencia.

No obstante, la agencia a la que fue designada enfrenta severos retos presupuestarios y de personal, reconoció. A preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago, Oliver Franco informó que la procuraduría cuenta con un presupuesto de aproximadamente $2,095,000 y 28 empleados, de los cuales 15 se encargan de contestar llamadas de pacientes.

Pese al limitado personal, el año pasado, la procuraduría atendió 11,799 llamadas -principalmente de orientación- y 1,699 querellas, precisó.

Las preguntas a Oliver Franco se centraron en su gestión en Assmca y en el cambio de puesto de una agencia con amplio presupuesto y personal, a una con poca visibilidad.

“Más allá de que la gobernadora de Puerto Rico entendió que yo era la persona capaz, a nivel profesional y académica, yo lo viví, nadie me lo contó. Yo sé las carencias (que tienen los pacientes), y la procuraduría necesita más visibilidad. Necesita tener voz para los que no la tienen”, respondió la nominada.

Igualmente, estableció que, mientras Assmca se centra en servicios, la procuraduría le daría la oportunidad de “fiscalizar que se dé ese servicio, que se dé un trato digno y que se haga de manera adecuada”.