El pleno del Senado le dio paso a una legislación para que los restos fetales humanos, producto de pérdidas gestacionales ocurridas antes de las 20 semanas de gestación, no sean considerados como un desperdicio biomédico”, independientemente de su peso.

La legislación, según la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, viene a atender un “vacío” en el ordenamiento vigente que “básicamente” determina de forma automática que un feto de menos de 20 semanas de gestación y 350 gramos de peso es un desperdicio biomédico.

“Esto quiere decir que esos hijos que mueren en el vientre bajo estos parámetros de tiempo y de peso literalmente son botados a la basura, como cualquier desperdicio médico. Imagínese usted el drama para esas familias que pasan por una experiencia tan dolorosa y, además, que se le sume el evento de negárseles la entrega de los restos de sus hijos para que puedan ser enterrados o cremados”, expuso.

El Proyecto del Senado 756, de la autoría de Rodríguez Veve y el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, también enmienda la “Ley del Registro Demográfico de Puerto Rico”, para que se autorice al Departamento de Salud a emitir un certificado especial para su inscripción y disposición en aquellos casos en que el padre o la madre lo solicite.

La medida recibió 27 votos a favor. “Muchas familias no solo han pasado por la trágica y dolorosa situación de perder a ese hijo que se gesta en el vientre de la madre sino que también han tenido que enfrentar el que se les niegue la entrega de los restos fetales de sus hijos...”, ejemplificó.

De conformidad con la Ley de Registro Demográfico y la Ley de Servicios Funerarios (Ley 258-2012), solo se expide un certificado de muerte fetal “cuando el ser humano en desarrollo dentro del vientre materno alcanza 20 semanas de gestación o pesa más de 350 gramas”.

“Que estos padres puedan, en medio del dolor, despedirse de esos hijos, desde una mirada humanizada, con sensibilidad y dignidad. A través de este proyecto reafirmamos nuestra política pública dirigida a reconocer y afirmar la dignidad de la vida humana desde el vientre materno”, expuso Rodríguez Veve.

La Asociación de Hospitales y el Departamento de Salud favorecieron la medida.

A pesar de la oposición de varios legisladores y de entidades abordadas durante el proceso de evaluación, el Senado también le dio su aval -con 25 votos a favor- a un proyecto de ley para que el salario base de los policías municipales sea de $3,000 mensuales.

La directriz, sin embargo, solo sería viable si la “capacidad fiscal” del municipio así lo permite, lo que convierte la legislación en una “aspiracional”, opinó la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú al consignar su voto en contra.

A juicio de Soto Aguilú la medida, además, limita la autoridad de las legislaturas municipales. “No me gusta vender ilusiones para el bolsillo del puertorriqueño con su salario porque aquí, aprobando este proyecto, se está mandando un mensaje directo a todos los policías municipales de Puerto Rico”, apuntó.

Un informe de la Comisión de Asuntos Municipales recomendó la aprobación de la legislación, a pesar de la oposición de los alcaldes novoprogresistas de San Juan, Las Marías y Cidra, así como de la Federación de Alcaldes.

Edwin Soto, alcalde de Las Marías, indicó que el Municipio tiene un presupuesto de $5.6 millones, de los cuales el 79.10% está destinado al pago de nómina, beneficios marginales y deudas estatutarias. “No podemos continuar comprometiendo las partidas presupuestarias ya que no contamos con los recursos económicos”, dijo.

“Aquí vinieron alcaldes a decir que, incluso, las nóminas que se pagan de los policías policías municipales las nutren de fondos ARPA, que no son fondos recurrentes”, expuso Soto Aguilú, quien también cuestionó el informe positivo de la Comisión recomendando la aprobación de la legislación.

“No voy, bajo ninguna circunstancia, a comprometer mi voto poniendo en camisa de 11 varas a los alcaldes y alcaldesas”, agregó Soto Aguilú.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, consignó el voto de la delegación a favor de la medida, pero reconoció que el proyecto es “una declaración de propósitos”. “Una expresión del Senado de Puerto Rico de la deseabilidad de que las policías y los policías municipales reciban un salario digno”, apuntó.

El autor de la legislación, el portavoz del PNP en el Senado, Gregorio Matías, defendió la propuesta y sostuvo que a los guardias operacionales hay que “honrarlos”. “¿Usted cree que es justo un policía trabajar en un pueblo por $1,400, $1,500, $1,600 y perder la vista?”, cuestionó.