El Senado derrotó este jueves un proyecto que le hubiera agregado “nuevos mecanismos de control” a la Ley 99-1941, que regula las contrataciones o nombramientos en la Asamblea Legislativa de personas que guarden relación de parentesco con alguno de sus miembros.

“Este proyecto permitiría unos controles más puntuales y que respondan de forma directa a la razón de ser, al motivo de ser, por el cual en el gobierno queda prohibido y debe quedar prohibida la práctica del nepotismo. De manera tal, que rija en ese proceso de contratación el mérito”, expresó la autora de la medida, la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, al intentar lograr el favor de los legisladores.

Según Rodríguez Veve, el lenguaje actual de la Ley 99, conocida como la “Ley para Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa”, es muy amplio y, “en la práctica”, termina concediendo “una discreción total” a los líderes legislativos al eximir o no a un familiar en el proceso de contratación.

El Proyecto del Senado 1043 surge dos semanas después que El Nuevo Día publicara que seis senadores y un representante mantienen a familiares –incluidos yernos, madres, esposas e hijos– trabajando en la Asamblea Legislativa mediante contrato o nombramiento.

“Su lenguaje, quizás, está caminando en la dirección incorrecta porque el resultado puede ser peor que lo que está tratando de copar”, sostuvo el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al consignar su voto en contra. “Lejos de simplificar o corregir el señalamiento que se pretende corregir, lo que hace es que lo complica y permitiría, inclusive, el discrimen”, expuso.

Rivera Schatz dijo que, de los cuatrienios en los que ha presidido el Senado, este ha sido el período en el que menos dispensas se han solicitado. Señaló, asimismo, que decidió atender la medida por descargue para ponerle punto final al asunto.

La Ley 99 prohíbe, en la Sección 1, nombrar como empleado o funcionario, así como contratar para prestar servicios remunerados, “a persona alguna que tenga parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de sus miembros”.

No obstante, establece que estas disposiciones “no serán aplicables a aquellas personas que advinieran a la relación familiar antes descrita después de su nombramiento o contratación original”.

Asimismo, dispone, en la Sección 2, que los presidentes camerales están facultados para eximir de las disposiciones contenidas en la Sección 1 “a no más de una persona por legislador” cuando las necesidades del servicio lo requieran y según se disponga por reglamento.

Las mismas disposiciones están contenidas en la Sección 4 del Código de Ética del Senado, que agrega que la prohibición no aplica a las personas que “se desempeñaban como empleados en la Asamblea Legislativa o en alguna dependencia de esta previo a la elección del miembro de la Asamblea Legislativa, o la designación del funcionario o jefe de dependencia con el cual tiene el parentesco”.

La enmienda, incluida en la legislación aprobada, permitiría que los presidentes legislativos eximan de la aplicación de la Sección 1 de la Ley 99, y se proceda con la contratación, únicamente cuando “las necesidades del servicio así lo requieran” y “cuando se trate de un puesto de difícil reclutamiento donde se requiera un alto nivel de educación o experiencia”.

La senadora Roxanna Soto Aguilú, del Partido Nuevo Progresista, calificó la medida de “inoficiosa” y “politiquera”. De igual forma, se expresó el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, al sostener también que el proyecto, según radicado, “no prohíbe el nepotismo”.

“Este proyecto es cero sustancia, cero fondo. Es inoficioso, no le quita ningún tipo de discreción alguna al análisis que puede hacer un presidente de cuerpo legislativo”, expuso Soto Aguilú. “La motivación de esta movida es politiquera. La motivación de esta medida viene, precisamente, por varios compañeros de banca que tienen familiares trabajando en el Senado”, expuso.

Según información oficial, los senadores Migdalia Padilla, José A. Santiago Rivera, Luis Daniel Colón La Santa y José Luis Dalmau solicitaron dispensas para la contratación de familiares en sus oficinas. En el caso de Santiago Rivera, posterior a la publicación, anunció la renuncia de su hijo como presidente de la Comisión de Asuntos Municipales.

“Esto es una pantomima para efectos de poderse ganar unos galones a cuenta de algo que aquí nadie ha señalado como ilegal; al igual que no es ilegal, llamar al gobernador y decir: ‘está fulano y mengano disponible para ser juez, es miembro de mi familia, nómbrelo, por favor’”, apuntó Ríos.

El Senado también derrotó el Proyecto de la Cámara 95, que establecía un protocolo para manejar las situaciones de violencia doméstica en lugares de trabajo o empleo.